AAVV - Geografía del despilfarro en España

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018d): La lucha contra la desertificación en la UE: una amenaza creciente contra la que se debe actuar intensamente , Informe Especial número 33, Luxemburgo. Disponible en: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_ES.pdf.

VILLORIA, M.; JIMÉNEZ, F. (2012): «La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción, efectos», REIS núm. 138, pp. 109-134.

VILLORIA, M. (2013): «La corrupción en España: rasgos y causas esenciales», Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine , núm. 15. Disponible en https://journals.openedition.org/ccec/5949.

VILLORIA, M; GIMENO, J.M.; TEJEDOR, J. (Dirs.) (2016): La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos , Barcelona, Atelier.

VV.AA. (2015): Revista 3conomi4, Dossier infraestructuras de transporte , núm. 9, Madrid, Consejo General de Economistas. Disponible en https://www.economistas.es/contenido/Consejo/Revistas/3conomi4sep9/3conomi4-9-Sep.pdf.

1Esta publicación es parte del proyecto de investigación financiado por la AVAP de la Generalitat Valenciana con el título «Diagnòstic dels principals dèficits del marc institucional de la Comunitat Valenciana per al disseny eficaç i eficient de polítiques publiques», Valencia, diciembre de 2016, coordinado por el profesor Juan Romero.

2Una versión más amplia de este texto introductorio puede consultarse en VVAA (2018): «Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas», Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 77, 1-51.

3De manera simplista podríamos deducir que, puesto que el sector público es aproximadamente el 50 % del total de la economía, la mitad de la brecha corresponde al sector público y la otra mitad al sector privado. La propuesta operativa de medir el despilfarro público bajo la brecha de productividad general de la economía tiene el aspecto, a veces, no resaltado u oscurecido de que la inversión pública no tiene relación con la productividad. Que el despilfarro o las ineficiencias del sector privado tienen que ver con la productividad es mucho más del dominio público (y está más claro).

4El Tribunal de Cuentas lo ha definido como «erráticas decisiones políticas» ajenas al ámbito penal (Hernández, 2014). Sin embargo, no se nos escapa que impulsar y financiar megaproyectos que solo se justifican por la rentabilidad para las empresas adjudicatarias de la obra y no por la explotación posterior a su inauguración, es una forma de despilfarro que a nuestro juicio no debería ser ajena al ámbito penal.

5Observadas las sentencias judiciales firmes en el año 2016 y 2017 de casos estrictos de corrupción se obtienen unos totales en Euros que solo podemos catalogar de «ínfimos», por lo que no hemos escogido esta vía ni como aproximación ilustrativa.

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