Fernando Escalante Gonzalbo - Si persisten las molestias

A título de ejemplo, un libro reciente de Raymundo Campos, economista del Colegio de México; en la introducción explica lo que significó para él regresar al país después de estudiar su doctorado en la Universidad de California: “Cuando regresé a mi país tuve un choque cultural: algunas personas tiraban basura en la calle, algunas personas violaban claros reglamentos de tránsito (no respetar semáforos, vueltas indebidas, entre otras)...” Es revelador que los pocos años de su doctorado bastasen para que se sintiera estadunidense de tal manera que al regresar a México experimentase un “choque cultural” con esa otra cultura en que la gente tiraba basura en la calle y hablaba español. Y si es notable que un mexicano se sorprenda a los cuarenta años de que haya quien tire basura en la calle en México, es mucho más notable que no haya visto que en Estados Unidos también la gente tira basura en la calle, da vueltas prohibidas o se salta el semáforo, y compra y vende comida en la calle, o drogas, como en todas partes, y contrata trabajadores sin papeles. Es decir, que en realidad no era que se hubiese asimilado a la cultura estadunidense, sino a una versión intensamente ideologizada de la cultura estadunidense –que le hacía pensar que “allá” no había nada de eso.

En ese contexto ideológico, hay dos actores nuevos, relativamente nuevos, que tienen una función decisiva en el proceso de transición. Uno: las empresas de consultoría. A veces son sencillamente eso, empresas, en el negocio de elaborar información, aconsejar, evaluar, levantar encuestas; a veces son centros de educación superior que se habilitan como consultores para alguna institución pública; y a veces son a medias consultoras, a medias organizaciones militantes, con una causa concreta: la seguridad, la transparencia. Las diferencias no son irrelevantes, pero la función es muy parecida. La desconfianza hacia lo público, la fe ciega en las virtudes del mercado, el endiosamiento de la Sociedad Civil, el desarrollo de una cultura de la auditoría, todo contribuye al ambiente en que esas organizaciones privadas de administración del conocimiento resultan indispensables. Elaboran diagnósticos, diseñan políticas, imponen sistemas de evaluación. Muchas de las tareas del Estado se dislocan, y se asignan a las empresas de consultoría. El problema, uno de los problemas en todo caso, es que su manera de trabajar requiere un método que inevitablemente sesga los resultados: la improvisación en la materia que sea, la prisa por entregar documentos, la necesidad de simplificación, la pretensión científica, producen un conocimiento estandarizado, pobre en contexto, que no es ideológicamente neutral.

El otro actor, con parecida importancia, son los intelectuales mediáticos. Siempre ha habido alguna presencia de escritores, historiadores, en el espacio público –Daniel Cosío Villegas, por ejemplo. En los años ochenta, noventa, hay un cambio: hay una importante inversión de dinero público para sostener la conversación pública de un grupo relativamente pequeño de intelectuales, las revistas Vuelta y Nexos para abreviar, proliferan los programas de análisis político, o de conversación sobre temas políticos, en la radio y la televisión, y hay una transformación de la prensa, impulsada en particular por el diario Reforma , que hace de los artículos de opinión el atractivo básico de los periódicos.

Se formó así un pequeño conjunto de notables, conocidos sobre todo porque aparecían en la televisión, y porque opinaban en la prensa: eran los interlocutores privilegiados del gobierno, que acreditaba así su apertura en un diálogo fundamentalmente moderno, y eran la encarnación concreta de la Sociedad Civil. Obligados a opinar sobre todo, de improviso, según los accidentes de la coyuntura, se convirtieron en portavoces del sentido común de la época. También sirvieron como garantía de integridad en todos los consejos “ciudadanos” que acompañaron el proceso de transición. Seguramente no hace falta decirlo, pero su autoridad dependía de que no formasen parte en ningún sentido del aparato de gobernación del antiguo régimen.

Así emprendimos la travesía hacia la democracia, la transparencia, el libre mercado, el Estado de Derecho. Nos toca hacer el corte de caja.

* * *

Este volumen es resultado de las conversaciones del Círculo de Chimalistac, y debe mucho a la inteligencia de Gibrán, Alejandra, Iván, Esteban, Rodrigo, Estela, Rainer, Marco, Héctor, María Fernanda, Juan Pedro, Gauri, Juan, María, Jorge, Frida, Julián, Miguel Ángel, y desde luego, a la generosidad de Javier Elguea.

El subtítulo que hemos escogido viene de un texto de Antonio Álvarez. Estamos en la idea de que se explica solo: a veces, lo que sabemos resulta ser un estorbo, nos impide ver sencillamente, directamente, lo que hay – la veritá effettuale della cosa .

En Chimalistac, Ciudad de México, 7 de marzo de 2018.

Natalia Mendoza

Las reformas neoliberales no sólo transformaron la estructura formal o normativa del régimen económico y político, sino también su ordenamiento real, que es tan legal como ilegal. Nada justifica que se estudien las economías formales e informales –o la política electoral, la clientelista y la coercitiva– como ámbitos distintos. El régimen es el conjunto, la totalidad de esas relaciones de creación de valor y dominación, y es el entramado en su conjunto el que produce estabilidad o violencia. Esta condición no es nueva ni exclusiva de México: no es posible entender cómo el azúcar se convirtió en un bien de consumo masivo en la Europa del siglo xix sin hablar del trabajo esclavo en las plantaciones del Caribe o el tráfico clandestino de personas desde África. Un recuento del surgimiento de las economías digitales que se centre en Silicon Valley y olvide mencionar la disponibilidad de mano de obra migrante en California o los conflictos generados en el Congo alrededor de la extracción de tántalo, no solo está incompleto sino que tiene una distorsión de origen. La ley no es una frontera que cree dos esferas autónomas; la ley es la superficie de contacto, el gozne que abre y cierra nichos para la creación de valor, es tan relevante para las economías legales como para las ilegales. El proceso de privatización masiva que se emprendió a finales de los ochenta en México transformó, pues, tanto la legalidad como la ilegalidad.

Entender la naturaleza de esa transformación requiere completar el relato de las rivalidades e intrigas entre los cárteles y el gobierno con un análisis de los cambios de larga duración y su efecto acumulado. Lo que estamos viendo es el surgimiento de un acomodo nuevo, con formas propias de producción de valor y ejercicio de la soberanía, que no pueden leerse de manera efectiva con las categorías y modelos que nos sirvieron antes. Lo que aquí propongo es tan solo una serie de preguntas e hipótesis para empezar a nombrar y entender el movimiento de placas tectónicas, por así decirlo, que está detrás de lo que a falta de mejor término llamamos “la crisis de seguridad”.

Parto de un argumento inicial: la historia reciente de violencia y guerra es también la historia de la expansión y privatización de dos grandes economías, una centrada en la extracción y la otra en la extorsión. Las dos abarcan mercados, actores y formas de acción legales e ilegales, estatales y empresariales. Con privatización me refiero a dos procesos distintos. En primer lugar está la apertura a la inversión privada de industrias previamente controladas por el Estado. Esto por supuesto sucedió en el caso de las industrias extractivas y de servicios públicos –minería, ferrocarriles, telecomunicaciones, etcétera. Mi argumento es que algo similar sucedió también, aunque de manera incompleta y desordenada, en las economías de la extorsión. Si antes las policías y autoridades estatales tenían la prerrogativa casi exclusiva de cobrar cuotas a cambio de no aplicar la ley o ejercer la fuerza, hoy comparten esa prerrogativa con una multitud de pequeñas empresas de la violencia que en algunos casos desplazaron a la policía en el cobro de cuotas, en otros casos reclutaron a esas policías como asalariados permanentes, y en otros más simplemente se añadieron a ellas como otra instancia de cobro. En segundo lugar, privatización se refiere al paso de una explotación común o colectiva a una individual, esto sucedió sobre todo con los caminos rurales, recursos naturales y espacios públicos. Se establecieron dueños de cada porción del territorio ( plazas ) y se crearon puertas o filtros privados para el control y usufructo del paso de personas y mercancías.