Juan Carlos Colomer Rubio - Gobernar la ciudad

Por otro lado, todo ello ayudaría a comprender que la élite de origen e intereses diversos tuvieran un punto de encuentro en el sistema con el municipio como principal preocupación y centro político especialmente en torno a temas como el regionalismo, el urbanismo o la representatividad municipal.

1 R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local y transición a la democracia en España , Granada, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, 2010, p. 26.

2 E. Nicolás Marín: «Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista», Ayer , 33 (1999), p. 70. La cursiva es mía.

3 A. Cenarro Lagunas: «Instituciones y poder local en el ‘Nuevo Estado’», en S. Juliá (coord.): República y guerra en España (1931-1939) , Madrid, Espasa, 2006, pp. 421-448; M. Marín Corbera: Els ajuntaments franquistes a Catalunya: política i administració municipal, 1938-1979 , Lleida, Pagès, 2000, pp. 50-53.

4 A. Cazorla Sánchez: Las políticas de la victoria: la consolidación del nuevo Estado franquista (1938-1953) , Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 44.

5 Dejamos aquí las referencias a las otras instituciones locales fundamentales en la dictadura: gobierno civil y diputación provincial, sobre las cuales el lector podrá encontrar suficientes referencias bibliográficas en este trabajo.

6 Entre ellos destacan el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales de 17 de mayo de 1952; la Ley de Bases de Régimen Local de 3 de diciembre de 1953 sobre modificación de la de 1945; y el Texto articulado y refundido de las leyes de bases de régimen local de 1945 y 1953 aprobado por Decreto el 24 de junio de 1955. Podemos señalar que estos corpus legales no se modificaron hasta la nueva Ley de Régimen Local que modificó la anterior y que, aprobada en 1975, prácticamente no se desarrolló.

7 R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local ..., op. cit ., p. 45.

8 En los municipios de menos de 10.000 habitantes se estableció un régimen económico diferente, según el cual los alcaldes sólo podían recibir compensaciones e indemnizaciones en el caso de que fueran propuestas por el ayuntamiento y autorizadas por el gobernador civil.

9 Véase J. Morillo-Velarde Pérez: El alcalde en la administración española , Sevilla, Instituto García-Oviedo-Universidad de Sevilla, 1977.

10 Una excepción resulta, aparte de los trabajos de autores como Roque Moreno, algunos fondos documentales contenidos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, especialmente los referidos a la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional y que contienen informes relativos a las citas electorales por los diferentes tercios, aunque su número es escaso y se refieren, en su mayoría, a los últimos procesos.

11 Dicho sistema no es original de la dictadura franquista. Está presente en otros regímenes dictatoriales. Un buen marco comparativo en: R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas: la ficción plebiscitaria», en R. Moreno Fonseret y F. Sevillano Calero: El franquismo: visiones y balances , Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999.

12 Esto se puede reforzar comparando –como ha realizado Roque Moreno– el calendario electoral franquista con las propias presiones internacionales del régimen. Así, siguiendo el calendario internacional, justo en 1945 –final de la contienda mundial– Franco anunciaba que próximamente se celebraría elecciones municipales. En 1947, las autoridades ya habían sometido a referéndum el texto de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, basándose en la Ley de Referéndum de 1945. Nuevamente, en un contexto de hostilidad internacional y con una modernización económica creciente, se convocó, en 1966, el referéndum de la Ley Orgánica del Estado y la convocatoria, un año después, de las primeras elecciones donde podía concurrir la mujer casada. A ello debemos añadir la importancia que estaban teniendo, desde 1963, las elecciones sindicales, «la manifestación más atípica de participación y representatividad que se da en toda la estructura política del franquismo», R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit ., p. 54.

13 Según señala Roque Moreno, por datos obtenidos en la prensa, la participación en las elecciones municipales osciló del 80% en las de 1948 y 1951, a aproximadamente un 40% registrado en los últimos comicios de la dictadura (1970 y 1973), R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit ., p. 80.

14 Tenemos constancia que la escasa participación en las elecciones municipales preocupaba mucho al régimen y dicho malestar estuvo en la base de la organización de los cursos «problemas políticos de la vida local» como veremos posteriormente.

15 Joaquín Satrústegui Fernández, abogado, del círculo de D. Juan de Borbón, defendió una solución monárquica del régimen lo que le valió las críticas de otros sectores. Participó en la creación de la Unión Española y en el Congreso de Múnich. En 1966 encabezó las elecciones al tercio familiar en el distrito de Chamartín. Resultó una figura clave dentro de los políticos liberales en la Transición.

16 La noticia, publicada en el ABC del 17 de noviembre de 1966, llevaba como título la sugerente interrogación «¿existen candidatos ‘oficiales’ y de la ‘oposición’ en las elecciones a concejales del próximo domingo?». En el mismo escrito se intentaba desmontar las críticas lanzadas por Álvarez Llopis, de la jefatura local de FET-JONS, que consideraba a los candidatos de este sector monárquico «candidatos de la oposición».

17 J. Solé Tura: «Elecciones municipales y estructura del poder en España», en VV.AA.: Estudios de ciencia política y sociología en homenaje a Carlos Ollero , Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1972.

18 J. Vidal Beneyto: Elecciones municipales y referéndum , Madrid, Tanagra, 1966.

19 Estas jornadas, de una o dos semanas de duración dependiendo de la edición, tuvieron lugar una vez al año hasta 1976. A ellas fueron convocados todos aquellos que desarrollaban cualquier tipo de labor en una institución pública del país. Así, a la presencia de alcaldes, presidentes de diputación y algún gobernador civil, se sumaba la asistencia de funcionarios locales como: secretarios, interventores, trabajadores de ayuntamientos y diputaciones. La mayoría acudían becados al curso de formación y muchos, gracias a su presencia, hacían méritos para ascender dentro de la carrera política. No olvidemos que Peñíscola favorecía el trato entre miembros de diferentes puntos geográficos con la consecuente relación afectiva y política que se establecía entre ellos y, por tanto, la posibilidad de labrarse un buen futuro profesional. El programa del curso establecía cinco o seis horas de trabajo continuado articulado en una serie de ponencias magistrales y, posteriormente, los asistentes participaban de unos seminarios de discusión y debate propuestos por la organización.

20 El estudio de estos cursos ha sido capaz gracias a un trabajo pormenorizado de lectura de las ponencias publicadas anualmente por la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento y el Instituto de Estudios «Castillo de Peñíscola». El estudio de los 17 volúmenes depositados, casi en su totalidad, en la Biblioteca Nacional de España, constituye la base de lo que afirmamos aquí. Igualmente, en el Archivo General de la Administración se encuentran multitud de legajos sobre la conformación y organización de los citados cursos.

21 Ello reafirmaría la tesis de Radcliff al referirse a estos colectivos vecinales como auténticas «escuelas de democracia» y cuya importancia no debemos desdeñar en la Transición. P. Radcliff: «Si ocurrió en España, ¿por qué no en cualquier otra parte?», Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo , 29 (2009), pp. 109-119.