Jorge Enrique Horbath Corredor - Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México

1Una siguiente fase de investigación iniciará en un segundo proyecto financiado por Ciencia Básica de Conacyt que permitirá el contraste de otras regiones de centro y del sur del país (como son Oaxaca, Guerrero y Puebla), con Monterrey y las ciudades del norte del país, de tal manera que se tenga un diagnóstico de la problemática como de su evolución con el objeto de que se encuentre presente tanto en la agenda de investigación como en la formulación de política pública.

2En total se efectuaron 32 entrevistas cortas de léxico, 35 entrevistas abiertas, 90 entrevistas semi-estructuradas y 4 grupos focales que incluyeron talleres de sensibilización (ver Anexo 1).

En este capítulo se discutirá la relación problemática entre la conformación del Estado-nación mexicano y los grupos indígenas. Lo titulamos “la cuestión indígena” debido a que destacamos el carácter conflictivo, histórico, sociopolítico y nacional de la problemática étnica en el país. En este sentido, consideramos que las comunidades o pueblos indígenas no constituyen comunidades autárquicas sino que son parte de un todo más complejo (Díaz Polanco, 1979); son “unidades socioculturales”, políticas, económicas y productivas vinculadas a distintos actores (Estado, mercado, organizaciones de diverso tipo) que han vivido saqueos y desposesiones económicas y simbólicas sistemáticas.

En las últimas décadas las trasformaciones experimentadas por los Estado-nación latinoamericanos han generado efectos importantes sobre la sociedad en su conjunto. Estas transformaciones que nos hablan de una preponderancia de tipo estructural de la exclusión por sobre la inclusión social (Santos, 2011 citado por Gracia 2015: 21) han tenido implicaciones diferenciadas en los distintos sectores y espacios territoriales; para el caso de los campesinos y pueblos indígenas el pasaje del modelo de Estado desarrollista a otro de corte neoliberal agudizó los procesos de movilidad espacial que ya se registraban desde mediados de siglo, al intensificarse la crisis del campo y de las economías regionales.

Los cambios en lo económico, lo social y lo territorial generan nuevas formas culturales y transforman tanto la vida rural en la comunidad de origen como en los espacios urbanos a los que migran los grupos indígenas. En los contextos urbanos, los integrantes de las comunidades indígenas se ven envueltos en nuevas relaciones sociales en espacios laborales, educativos, de salud e inclusive en la propia organización familiar, al tiempo que establecen diversas relaciones con las comunidades de origen.

Las transformaciones de los modelos de Estado vinculadas a los cambios en los patrones de acumulación también supusieron diversas modificaciones en la formulación de las políticas dirigidas a los pueblos originarios, pueblos que se fueron organización desde los años setenta para demandar su reconocimiento como sujetos de derecho público (lo cual, en la mayoría de los países como México, aun no han conseguido), tanto dentro de las instituciones políticas o en diálogo con los representantes estatales como por fuera de ellas, como es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En este capítulo se analizan las mutaciones de las políticas indigenistas en México y la forma en que ellas incorporan el problema étnico. Con ello buscamos poder interpretar, historizadamente, el marco legal-normativo y las políticas públicas y sociales que atraviesan la vida de los indígenas que residen en las ciudades de Guadalajara y el sureste mexicano (y que presentamos en la segunda parte del informe).

Buscando desnaturalizar una entidad compleja, en primer lugar nos referimos a la noción de Estado y de reforma, a la forma en que se problematizó lo étnico desde la conformación del Estado mexicano y a cómo este Estado-nación encaró los procesos de reforma. Finalmente, abordamos las políticas en materia indígena formuladas desde los años setenta del siglo pasado y la forma en que ellas fueron concibiendo sus proyectos hacia lo indígena: buscando incorporarlos como raza o cultura a los anhelos modernizadores de la nación y, posteriormente, reconociendo y respectando mucho más las diferencias, aunque con una serie de deudas relativas a la justicia social, económica y política. En este sentido, el conflicto étnico-nacional sólo puede encontrar solución en el marco de una nueva nación con actitud realmente democrática que reconozca y haga efectivos los derechos específicos de los pueblos indígenas mediante un replanteamiento de las bases de la sociedad y del Estado (Sánchez, 1999: 106-105).

El Estado ha sido conceptualizado y abordado de múltiples formas por parte de distintas disciplinas científicas. En términos generales esta noción remite a un tipo específico de forma de vida social, es decir, a una forma particular a partir de la cual las sociedades han organizado su vida colectiva. Esto es importante destacarlo para historizar y desnaturalizar la noción pues los grupos humanos se han organizado para subsistir de distintas maneras y la forma Estado expresa sólo un tipo de organización posible dentro de un amplio abanico histórico.

Entre las características básicas del Estado-nación moderno destaca la articulación que existe entre el ejercicio de gobierno, la población a la que va dirigida tal ejercicio y el territorio en el que se ejecuta.

El Estado expresa un tipo de relaciones muy específicas de dominio-subordinación que se ejercen mediante una autoridad reconocida colectivamente como legítima y capaz de establecer una ley común que expresa lo permitido, lo prohibido, lo correcto, lo incorrecto, lo posible y lo sancionable. Este binomio dominio-subordinación (Roux, 2005) ha sido constante en esta forma de autoridad colectiva que apareció en la historia de la humanidad como una entidad territorial de dominación coercitiva posterior a las organizaciones sociales primitivas basadas en lazos de sangre (Engels, 1976).

La dominación coercitiva que ejerce el Estado también se expresa por medio del monopolio del uso de la violencia legítima (Weber, 2002). Junto a las funciones políticas (sistemas de dominación y organización del poder), desde sus orígenes el Estado ha tenido funciones relacionadas con el impulso y regulación de los elementos necesarios para la reproducción social (Gramsci, 1975).

El Estado como un aparato contiene un conjunto de instituciones que ordenan y dan regularidad y permanencia a la relación entre gobernantes y gobernados así como al conjunto de la vida pública 1. Entre las distintas instituciones que componen el Estado como aparato, la literatura contemporánea destaca aquellas dedicadas a la producción simbólica y cultural, las cuales posibilitan pensarlo como como una comunidad imaginada (Andersen, 1993).

Tanto las funciones vinculadas al ejercicio del poder, la dominación-control y reproducción de la población en términos materiales y simbólicos, así como sus resultados van cambiando históricamente en tanto

“…, la forma de avanzar en este propósito y la capacidad de lograrlo están sujetas a la acción de fuerzas variadas y a las posibilidades que los propios actores involucrados tengan de imponer o negociar sus condiciones” (Escobar Ohmstede et al, 2010: 23).

“Mientras que en ciertas épocas y lugares la función del Estado ha sido fundamental en el impulso al progreso económico, social y cultural, en otras ha sido un fuerte obstáculo al desarrollo y progreso humano, ha absorbido más recursos de la sociedad de los que le ha ayudado a producir y ha subvencionado a grupos parasitarios, ahogando las expresiones sociales más creativas e innovadoras, o bien ha organizado enormes aparatos de muerte y destrucción” (Dabat, 2010: 21).