oscar a alfonso r - ¡La calle para siempre!

1.3 ESTIGMATIZACIÓN, ABANDONO Y RECHAZO DEL HABITANTE DE LA CALLE EN ALGUNAS METRÓPOLIS DEL CONTINENTE AMERICANO

Los habitantes de la calle, también llamados “sin hogar”, no son un fenómeno exclusivo de los países en desarrollo. Cualquier metrópoli mundial lo experimenta con más o menos intensidad, pudiéndose encontrar diferencias en cuanto a su origen social, la estructura etárea, así como en la salud física y de condición mental.

Nueva York cuenta con una población aproximada de 8.800.000 habitantes. Al iniciar el segundo trimestre de 2018, el registro de personas sin hogar fue de 62.498, de las cuales 15.176 eran familias con 22.801 niños, que dormían en el Sistema de Refugios municipales. En su mayoría son afroamericanos (58%), seguidos por latinos (31%), blancos (7%), y menos del 1% son asiáticos, desconociéndose en el 3% de los casos su raza/etnia (Coalition For The Homeless). Según la organización The Bowery Mission, “cerca de 4.000 (cuatro mil) personas duermen en las calles de Nueva York, en el sistema de trenes o en otros espacios públicos” (s.f.), lo cual es, para la organización, solo una parte ínfima del problema, puesto que la mayor parte de los sin hogar (homeless) al resguardarse en los refugios permanecen ocultos o invisibles. Entre las causas aducidas para habitar en la calle se encuentran: enfermedades mentales, abuso de drogas, problemas médicos sin tratamiento, eventos traumáticos, violencia y abuso, carencia de una vivienda accesible y dificultad para mantener un empleo.

En Estados Unidos se encuentran “organizaciones formadas por personas que han estado sin techo y algunos que han vivido en indigencia, [que promueven] la formación de redes sociales [para que] grupos e individuos logren hacer causa común para la solución de sus problemas, lo que incide desde el ámbito más simple desde lo local hasta el más complejo, o nacional” ( Núñez García, 2001, p. 162). En 2006 se emitió una orden del estado de Nueva York para que las personas sin hogar fueran retiradas a la fuerza de la calle. La orden encontró resistencia no solo en los mismos habitantes de calle, sino también entre las autoridades de la ciudad de Nueva York por las serias preocupaciones que implicaba el uso de la fuerza, la cual solo se puede ejercer en caso de peligro inminente o enfermedad mental. Entre los adultos mayores se sostenía que no querían compartir el espacio con drogadictos y que buena parte de los allí presentes deberían estar en una institución mental (Chicago Tribune, 2016).

Fuentes y Flores (2016)estudiaron el fenómeno en Ciudad de México. Consideran que hay una tendencia a atender las consecuencias y no sus causas, percatándose de la existencia de relaciones de solidaridad entre los habitantes de la calle por la condición que comparten. Los lazos que se llegan a crear no solo abarcan a personas en su misma situación, sino que llega, como en muchas otras ciudades, a establecerse con animales “en su mayoría perros, los cuales también han sido abandonados y se encuentran en la calle, creando así una relación de cuidado y fidelidad el uno del otro” (Fuentes y Flores, 2016, p. 175). Según un informe realizado en 2017, se establece que la población habitante de calle aumentó en 25% en relación con el año 2016, pasando de entre 3.500 y 4.000 personas a más de 5.000, siendo las causas más importantes la migración tanto interna como externa ( Zamarrón, 2017). Dada la situación problemática presentada con la población habitante de la calle, en octubre de 2016 el Senado de la República propuso la instrumentación de un protocolo interinstitucional de atención integral a “personas en riesgo de vivir en la calle e integrantes de las poblaciones callejeras en la delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población callejera derivados de los operativos instrumentados en la demarcación por el jefe delegacional” (Senado, 2016; Gaceta LXIII/2PPO-45/67148).

Con alrededor de 28 millones de personas contando su área metropolitana (10 millones en la ciudad), el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social de México sobre las personas en situación de calle que presenta el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México –IASIS– destaca, entre los resultados preliminares del censo de 2017, 4.354 personas en el espacio público y 2.400 en albergues públicos o privados. El 87,3% corresponde a hombres y el restante 12,7% a mujeres. El 1,9% corresponde a niñas y niños, el 3,7% a personas mayores de 60 años. Las causas por las que se integran a las poblaciones callejeras son los problemas familiares (39%), los económicos (28%), las adicciones (14%), mientras que el 55% padece problemas mentales. El 34% dijo que permanece en la calle por no tener otra opción, el 10% eligió vivir en dicha condición, el 6% no ha aceptado los servicios que se le ofrecen al igual que un 6% dice que por otros motivos y finalmente un 5% por ser discriminados y excluidos ( IASIS, 2017). El censo de la población habitante de calle se preparó durante más de ocho meses y se espera realizar cada dos años como parte de un ejercicio de justicia social en donde se pueda saber si las políticas públicas han sido adecuadas para este sector de la población.

Quito contaba con cerca de 2´645.000 habitantes, cuando en 2017 se estimó que alrededor de 3.500 personas vivían en estado de mendicidad. La mayor proporción (37,1%) se localizaba en el Centro Histórico, seguida de la zona Eloy Alfaro (17,5%) y de La Mariscal (12,7%). La mayoría de las personas son adultos (69,7%) y adultos mayores (11,2%), siendo la mayoría varones y de población principalmente mestiza (63,8%), seguida por indígenas (21,2%) (El Telégrafo, 2017). De otro lado, se establece en 4.694 las personas “con experiencia de vida en calle”, de las cuales el Patronato Municipal San José acoge 2.781. La situación de mendicidad se agravó desde 2006 cuando el centro psiquiátrico San Lázaro, que funcionaba en el centro, se cerró y varios de sus pacientes no fueron reubicados y quedaron en la calle ( Jácome, 2017).

Quito fue declarada en 1978 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, condición que ha sido aprovechada como otros lugares con la misma distinción para promocionar el turismo (Del Pino, 2010, p. 57; citado por Vaca Granja, 2014, p. 11). El control que realiza el Distrito Metropolitano por la conservación del patrimonio, así como la regulación del espacio público, hace que “muchas de las actividades como el comercio informal, las ventas ambulantes y el pedir caridad en las calles del centro se prohíben” (Vaca Granja, 2014, p. 18). Los adultos mayores en situación vulnerable son atendidos principalmente por las instituciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas. Según Vaca (2014, p. 13) “la institución que representa al Estado en la ciudad de Quito es el Municipio, el mismo junto con la Fundación Patronato se encuentra ejecutando el proyecto Erradicación Progresiva de la Mendicidad en el Distrito Metropolitano de Quito, este programa trabaja con niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales”. Los ancianos, quienes son abandonados de forma intencional por sus parientes, además de vivir en la calle son estigmatizados y se ven envueltos en prejuicios que profundizan la “problemática de violencia estructural que tiene que vivir este grupo marginado, pues al habitar el Centro Histórico deben entrar en la dinámica de control ejecutada por parte del Municipio de Quito” (Vaca Granja, 2014, pp. 17-22), pues su presencia obstruye el turismo.

Un fenómeno coetáneo que se presenta en el centro histórico de la ciudad es el relacionado con el trabajo sexual el cual, después de un proceso entre 2001 y 2002 de reordenamiento urbano y de recuperación del casco colonial en el que se clausuraron casas de tolerancia y se planeó la reubicación de las trabajadoras sexuales, conllevó a que 450 mujeres optaran por ofrecer sus servicios allí. Su reubicación tardía, que comenzó en 2006, llevada a cabo con acciones coercitivas y sin la infraestructura adecuada, ha implicado que una parte importante de las trabajadoras sexuales se queden laborando en las calles en condiciones de inseguridad, estigmatización, discriminación social y sometidas a la persecución por parte de las autoridades ( Álvarez y Sandoval, 2013).