Jorge García Tanus - Los Hijos de Mil Budas

10Escena de la película argentina: Un novio para mi mujer.

“A veces la gente no quiere escuchar la verdad

porque teme que sus ilusiones se vean destruidas”.

Friedrich Nietzsche

El desgaste y resquebrajamiento de varias relaciones humanas, en especial con un directivo de la Bukkyo, habían llevado a Hamilton Garciarena a renunciar como apoderado de la entidad en marzo de 2018.

Esa renuncia se hizo efectiva días después de la visita de uno de los hijos del presidente Honorario de la Bukkyo Kai Internacional, Takeru Yamamoto, que envió a su hijo mayor, Hiromasa Yamamoto, debido a que el maestro ya no emprendería viajes por ultramar, debido a su avanzada edad.

En esa ocasión Hamilton pudo descubrir –o bien Hiromasa no sabía absolutamente nada de la realidad institucional de Argentina–, lo cual le había generado el total distanciamiento de ese directivo, o bien que lo sabía y aceptaba las consecuencias.

Igualmente prefirió inclinarse por la primera posibilidad, ya que la segunda le parecía francamente irracional o, al menos, sigue prefiriendo optar por ello como mecanismo de autopreservación de los ideales que algún día abrazó. De todas maneras nada de eso era de su real incumbencia.

Sus pensamientos se sustentaban en que este directivo se mostraba públicamente y sin ningún tipo de resguardo junto a la comitiva liderada por Hiromasa, y en muchos casos estaba a cargo de las tareas de las relaciones públicas de la institución, recibiendo invitados especiales del mundo de la política, el arte, la ciencia y la totalidad de las actividades del país.

De manera contemporánea, el directivo en cuestión estaba cumpliendo con una “suspensión de juicio a prueba”, vulgarmente conocida como probation, que es una medida que se le concede a un imputado en un proceso penal en el cual –con la defensa del propio Hamilton– esta persona había sido procesada y optado por el acogimiento a dicho beneficio.

Por cierto, que es lógico que la probation se aplique a los denominados “delitos menores”, o bien que no tienen pena de prisión efectiva (mayor de tres años) o bien esta puede ser de ejecución condicional (menor de tres años) y que eso no excluya a la persona de su vida social.

Así siempre lo entendió el doctor Hamilton Garciarena, quien no podía ocultar su faceta de garantista en lo que respecta a lo jurídico.

Entendía, además, que una persona que causaba un accidente de tránsito, si no había agravantes como la conducción temeraria, el uso de alcohol y a raíz de ello se generaban lesiones graves o gravísimas lesiones o bien la muerte, resulta más que razonable que el encausado afronte este tipo de medidas.

Otra clienta del doctor Garciarena afrontó una probation por violar una disposición referida a la clausura de un establecimiento, y la justificación de esa mujer fue que en dicho lugar funcionaba un geriátrico y cumplir a rajatabla con la clausura le implicaba dejar a los abuelos sin asistencia o a la suerte de lo que hagan sus familiares, que en muchos casos era nada.

Por supuesto que en ese caso el juez consideró el pedido de probation y se lo concedió a esa señora, aun admitiendo la comisión del hecho de violar la clausura, por la cual había sido procesada.

En cambio en Argentina, desde un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se les concede la probation a los imputados en los casos de violencia de género.

La “suspensión del juicio a prueba” consta de cumplir determinadas cargas, como la de hacer tareas comunitarias, efectuar un ofrecimiento de resarcir a la víctima en la medida de ciertas posibilidades, independientemente del reclamo en materia civil y asistir a charlas de capacitación, en algunas ocasiones a grupos terapéuticos. Todo ello de acuerdo al delito por el cual fue una persona procesada.

Siempre las medidas las determina un juez o tribunal y son ellos quienes deciden o no conceder el beneficio, aun en el supuesto de que la víctima no acepte tal reparación o se oponga a la concesión del beneficio, ya que tiene también la posibilidad de solicitar un resarcimiento por la vía civil.

En definitiva, la probation es un beneficio para el imputado o procesado, ya que el propósito es el de evitar un juicio oral y poder así ser sobreseído luego de cumplir esas cargas, o bien “el período de prueba” por el que se suspendió el proceso en su contra.

Si cumple dichas cargas, ha afrontado el proceso y ha pasado la prueba de restablecer su falta ante la sociedad y realizar una especie de actos de reparación para con esta, pero en sí mismo es la resocialización propia del imputado lo que debería cumplirse al afrontar el sometimiento a prueba durante un proceso.

Por cierto que, durante el período que dure la probation, quien resulta beneficiario debe abstenerse del uso de drogas y alcohol, fijar un domicilio cierto y pedir autorización para alejarse de él y sobre todo para viajar al exterior.

Periódicamente debe someterse al control de un patronato de liberados, medida que no es del todo simpática para quien afronta esa carga, sobre todo en los delitos en que per se no es aplicable la pena privativa de la libertad en modo efectivo.

Si no se cumple alguno de esos requisitos, la probation puede ser revocada y el acusado irá a juicio oral y público, pudiendo ser condenado o absuelto de acuerdo a las pruebas colectadas, ya que haber accedido al beneficio de la probation no implica ningún reconocimiento en relación con el hecho.

La probation no implica el reconocimiento de la responsabilidad como sí ocurre en el “juicio abreviado”, en donde el acusado asume ser responsable del hecho a cambio de una pena que pacta con la fiscalía.

También limita o revoca la probation la comisión de otro hecho delictivo durante el período de prueba o bien impide la posibilidad de volver a otorgarla en un lapso de tiempo determinado en caso de cometerse un nuevo hecho tipificado como delito.

Al cumplir con todas las cargas impuestas, el beneficiario de una suspensión de juicio a prueba o probation es sobreseído, pero sin hacerse mención que se deja a salvo su buen nombre y honor, ya que si bien no se juzga la autoría y participación, el contrapunto es que no es posible expedirse sobre aspectos subjetivos de la conducta en ninguno de los dos sentidos.

Sería algo así como un sobreseimiento automático u objetivo sobre la base de las constancias de haber cumplido con las cargas que implicaron la suspensión del proceso. Al menos esa era la interpretación del doctor Hamilton Garciarena, dentro de algunas otras no menos admisibles.

Pero ese festival en Tecnópolis a fines de febrero de 2018 marcó un punto de quiebre en Hamilton y –debido a todo lo que había podido observar durante esos días y ante sucesos previos– y que lo llevaron a tomar la decisión de renunciar a su condición de apoderado legal, sabiendo que eso generaría aún más represalias de las que ya venía asimilando en sus actividades religiosas, que a ese momento se limitaban a las de un sector del barrio de Villa Urquiza. Aceptó el desafío y tal vez eso era lo que pretendía interiormente.

A todo esto, ese día y luego de una ausencia de unos meses a las actividades dentro de la Sede Central de Argentina, los miembros se asombraban de verlo y lo saludaban con la reiterada expresión: “tanto tiempo” o bien la que uno de ellos llegó a decirle: “me alegro de que hayas venido y podido reflexionar”.

Hamilton comprendía la preocupación de algunos de sus compañeros y en ningún momento tuvo ninguna reacción adversa, aunque ver al hijo de Takeru Yamamoto junto a este directivo le generaba una repulsión interna difícil de describir.

Ya no quería formar parte de tamaño ocultamiento que –por donde se lo mire– no le hacía nada bien a la entidad, pero –sobre todo– a él le causaba un inmenso dolor y rechazo.