El tema de la reintegración de Cuba al sistema interamericano, tema de gran sensibilidad e importancia para Estados Unidos, fue abordado inicialmente en la Conferencia Iberoamericana (1991) en la que participaron todos los países latinoamericanos, y por ende Cuba, más España y Portugal.
Luego, en 2008, Cuba fue admitida en el Grupo de Río que se había formado luego del fin del conflicto en Centroamérica (1986-1987).
En 2010, en México, una reunión presidencial de los Estados del Grupo de Río, Estados del Caribe, incluidos los anglófonos, y Cuba, creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La CELAC es un organismo político que aún no ha logrado una mayor institucionalización, pero que se presenta como un potencial sustituto de la OEA para abordar temas políticos y de seguridad en toda América Latina y el Caribe.
Uno de los propósitos de Unasur fue promover la convergencia de esquemas de integración en América del Sur, a saber, el Mercosur, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.
De esta manera, se creó un vínculo formal entre los procesos de integración política y económica en América del Sur, siempre entrelazados, y la posibilidad de conformar un bloque de naciones sudamericanas.
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La estrategia económica de Estados Unidos para la integración (en rigor, control) de América Latina ha sido parte de su estrategia económica global desde el inicio de la vida política del país del norte como Estado independiente, y se ha desarrollado con el tiempo a través de presiones, como las negociaciones políticas y económicas, de acuerdos bilaterales y acuerdos regionales –como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)– y las multilaterales en el ámbito del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y hoy de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Los objetivos iniciales de la estrategia económica estadounidense hacia los nuevos Estados independientes de América Latina fueron prevenir la recolonización, intentada por España con el apoyo de la Santa Alianza; enfrentarse a la tradicional presencia y competencia inglesa y fortalecer los lazos económicos, comerciales y financieros entre los nuevos Estados independientes y Estados Unidos.
Estados Unidos, entonces país proteccionista, llevó a cabo una política de acuerdos comerciales con naciones sudamericanas en la que buscaban obtener aranceles preferenciales sobre sus productos manufacturados a cambio de acceder al mercado americano de productos primarios sudamericanos.
En 1890, en la Primera Conferencia Americana, Estados Unidos presentó la propuesta de crear una zona de libre comercio continental, la cual no fue aceptada.
En el siglo XX, Brasil firmó acuerdos en los que otorgó preferencias arancelarias a las importaciones de manufacturas estadounidenses a cambio únicamente del acceso continuado del café, con arancel cero, al mercado estadounidense.
Durante la Gran Depresión (1929-1939), las relaciones económicas de los países de América del Sur con Estados Unidos y con los países europeos se vieron profundamente afectadas y las corrientes comerciales, de inversión y de financiación se redujeron considerablemente.
Después del ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, parte de las élites estadounidenses, y especialmente el presidente Roosevelt, se dieron cuenta gradualmente de la amenaza de hegemonía nazi en Europa y del riesgo para Estados Unidos del control por parte de Alemania de fuentes de suministro de materias primas estratégicas. Entonces Estados Unidos firmó acuerdos estratégicos de suministro de minerales con países de América del Sur para garantizar el abastecimiento de su industria, indispensable para enfrentar militarmente el desafío nazi.
La victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que habían recibido de los países latinoamericanos en la guerra y en la organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), y la ayuda del Plan Marshall (1948) para los países europeos, incluidos los antiguos enemigos del Eje, generaron la expectativa en América Latina de que podrían beneficiarse del Plan Marshall, o un plan similar, para promover su desarrollo industrial.
Antes del Plan Marshall, los países de América Latina habían superado la ilusión de normalización del comercio exterior porque ya en 1947 se hizo evidente que la moneda acumulada durante la guerra no era convertible y que estaban sujetos a severas restricciones a la importación.
En 1948, ante las demandas latinoamericanas en la Conferencia de Bogotá, la respuesta de Estados Unidos fue que los países latinoamericanos deberían atraer capital privado y, para ello, mantener sus economías en orden, ganándose la confianza de los inversionistas.
En 1949, el cuarto punto (de ahí el nombre de Punto IV) del discurso inaugural del presidente Harry Truman anunció recursos para el desarrollo. La comisión mixta Brasil-Estados Unidos se organizó en 1951 para preparar proyectos de infraestructura, que fueron 41, en los sectores de transporte (66%) y energía (33%). El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDE) de Brasil se creó para recibir los dólares que el Banco Mundial (entonces BIRF) y el Eximbank americano enviarían para tal fin, y también se creó el Fondo de Reequipamiento Económico, que era la contrapartida, en cruceros, a los dólares que llegarían. En 1953, el presidente Dwight Eisenhower puso fin unilateralmente a la participación estadounidense en la comisión conjunta, que se disolvió.
En 1958 las manifestaciones antinorteamericanas durante la visita del vicepresidente estadounidense Richard Nixon a Perú brindaron la oportunidad al presidente brasileño Juscelino Kubitschek de enviarle una carta al presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower en la que proponía la “operación panamericana”, cuya estrategia consistía en promover el desarrollo económico para contener la subversión política.
La Revolución Cubana llevó a Estados Unidos a crear, en 1961, la Alianza para el Progreso, un programa de financiamiento, especialmente para obras de infraestructura, que preveía la elaboración de planes nacionales de desarrollo por un monto total de 20.000 millones de dólares, para ser distribuidos en diez años entre países latinoamericanos, sin restricción a la inversión industrial extranjera.
Mientras se enfrentaba a las iniciativas de los países en desarrollo en foros multilaterales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés), Estados Unidos continuó con su objetivo histórico de construir una zona continental de libre comercio en la que los países latinoamericanos serían absorbidos por la economía estadounidense.
En 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton convocó una reunión de los “países democráticos” de las Américas en Miami. En el encuentro, Estados Unidos lanzó la Iniciativa para las Américas, un ambicioso programa económico y social en las áreas de educación, salud, infraestructura, combate a la pobreza, etc., cuyo eje fue la negociación de un área de libre comercio, el ALCA, que se implementaría en diez años.
Luego de cuatro cumbres de las Américas, decenas de reuniones de ministros de Comercio y grupos técnicos, en parte por la decisión estadounidense de no negociar los temas de defensa comercial y agricultura y en parte por la reacción popular contra el ALCA en varios países, se suspendieron las negociaciones. En la Cumbre de Mar del Plata, Argentina, en 2005, ante la oposición de los presidentes Lula, Chávez y Kirchner, se cerraron las negociaciones del ALCA.
Estados Unidos, derrotado en su estrategia multilateral-regional ALCA, comenzó a implementar una política de hub y radios, es decir, la creación de un sistema de acuerdos que tiene un centro (hoy, Estados Unidos) y radios (acuerdos bilaterales de Estados Unidos con países individuales de la región).
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