Margarita Rodríguez - El ocaso del antiguo régimen en los imperios ibéricos

Pero hubo otro funcionario que sirvió las audiencias de Buenos Aires y Lima, aunque en la primera estuvo solo un corto tiempo. Se trató de don José Pareja y Cortés, a quien encontramos también refugiado en Río de Janeiro en 1822. Pareja y Cortés nació en Medina-Sidonia, Cádiz, en 1754, y comenzó su carrera al Real Servicio cuando fue nominado asesor general del Virreinato de Lima, aunque no aceptó dicho cargo y optó en cambio por el puesto de oidor de la Audiencia de Buenos Aires, plaza que ocupó en 1787 y sirvió brevemente, pues fue nombrado dos años después, en 1789, fiscal de lo Civil y del Crimen de la Audiencia de Lima. Más adelante se le promovió al puesto de regente de la Audiencia del Cusco, pero renunció al traslado y permaneció en su plaza de Lima hasta la extinción del Tribunal (Lohmann Villena, 1974, p. 97). Para 1822 ya había logrado regresar a Madrid, luego de una estancia temporal en Río de Janeiro.

Don Manuel José Pardo, regente de la Audiencia del Cusco, fue otro funcionario real que siguió la ruta de Río de Janeiro, como lo indica la sección Gobierno, subsección Negociado Político, del Consulado de España establecido en la ciudad fluminense. Pardo era gallego, con estudios en la Universidad de Santiago de la Compostela, donde se recibió de doctor en Cánones en 1786. En 1793, por cédula real del rey Carlos IV, fue nombrado alcalde del crimen de la Real Audiencia de Lima y, en 1797, fue promovido a oidor de la mencionada audiencia. En 1805 fue nombrado regente de la Audiencia del Cusco (Rizo Patrón, 2001, p. 426). Ese mismo año contrajo matrimonio con doña Mariana de Aliaga, segunda hija de don Juan José de Aliaga y Colmenares (p. 425). Durante el establecimiento de la junta de gobierno cusqueña de 1814, liderada por los hermanos Angulo, el cacique de Chinchero, Mateo Pumacahua, lo tomó prisionero junto a otros miembros de la audiencia, siendo liberado al poco tiempo. Hacia fines del 1821, cuando habían hecho impacto las medidas antipeninsulares puestas en vigor por el ministro Monteagudo, Pardo —junto con toda su familia— abandonó el Perú rumbo a España en la fragata inglesa «Saint Patrick». No obstante, los recuentos sobre su travesía de regreso a la península nada dicen sobre la estadía que realizó en Río de Janeiro, antes de embarcarse definitivamente para Europa.

Al igual que don Manuel José Pardo, hubo otro peninsular que ejerció funciones en la Audiencia del Cusco y que emigró a la península vía Río de Janeiro. Este fue don Juan Manuel de Berriozábal y Beitia, vasco, nacido en Elorrio en 1775 y casado en el Cusco, en 1808, con María Francisca Álvarez de Foronda, condesa de Vallehermoso y Casa Palma, y marquesa de Casa Xara. Berroiozábal fue nombrado oidor de la Audiencia del Cusco en 1804; de la Audiencia de Charcas en 1810; y alcalde del crimen de la Audiencia de Lima en 1815, tomando posesión de este último puesto en 1816. Por sus servicios a la Corona se le haría caballero de la orden de Carlos III y sería condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica (Lohmann Villena, 1974, p. 13). En su libro Los ministros de la Audiencia de Lima, Lohmann Villena consigna el hecho de que luego de producirse la independencia del Perú Berriozábal regresó a la península vía Río de Janeiro.

El único abogado peruano exiliado en Río de Janeiro que se ha logrado identificar hasta el momento ha sido don Diego Miguel José Bravo de Ribero y Zabala, criollo nacido en Lima en 1756. El primer cargo que ocupó durante su carrera al servicio real fue el de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, cargo al que fue nominado interinamente en 1805, para pasar a ocuparlo como titular en 1808, año en que también ejerció como General y Auditor de Guerra del virreinato. En 1814 consiguió la plaza de oidor de la Audiencia de Lima que ocupó hasta la extinción del Tribunal. En 1808 se le concedió el título de marqués de Castelbravo de Rivero; habiéndose casado el año previo con la hija de los marqueses de Fuente Hermosa, doña María Josefa de Aliaga y Borda. A su regreso a España, en 1822, fue distinguido con la Gran Cruz de Isabel la Católica en reconocimiento a sus servicios prestados a la Corona (Lohmann Villena, 1974, p. 20).

Pero no solo se exiliaron en Río de Janeiro clérigos de la alta curia eclesiástica —arzobispo y obispos— y funcionarios de la Real Audiencia de Lima. También lo hicieron, aunque en menor cuantía, ex intendentes de origen peninsular, como fue el caso del sevillano Bartolomé María de Salamanca, hijo del conde de Fuente Elsase, quien había sido durante quince años intendente de Arequipa (1796-1811) y luego, en 1820, fue nombrado intendente interino de Lima por el virrey Pezuela. Es en este último puesto que lo encontró San Martín a su llegada a la capital. Ante la encrucijada que se le presentaba, Salamanca optó —con la intención de quedarse en territorio peruano— por casarse con una dama arequipeña hija de padre irlandés, Petronila O’Phelan y Recavarren. Sin embargo, debido a la álgida campaña antipeninsular que se desató en Lima, tuvo que abandonar el Perú al lado de su esposa, y tras una estancia de tres años en Río de Janeiro, falleció en esa ciudad en febrero de 1824 (O’Phelan Godoy, 2014, pp. 259-264), poco antes de darse las victorias finales de Junín y Ayacucho. Así, Salamanca nunca retornó ni a España ni al Perú: su último refugio fue el puerto fluminense.

5. José María Ruybal y su recuento sobre los eventos del Perú

Quizá el informe más detallado sobre los acontecimientos que ocurrieron en el Perú luego de declararse la independencia lo redactó don José María Ruybal, el 27 de julio de 1822, en Río de Janeiro, dirigido a don Antonio Luis Pereyra, encargado de negocios. En este documento se refiere peyorativamente al general San Martín. En su opinión, al abandonar Lima había podido observar que los peruanos más ilustrados que en un inicio se habían adherido al partido de San Martín, «vista su conducta y convencimiento de que no es un nuevo Washington, como lo habían señalado, generalmente lo aborrecen. Censuran con particularidad su ambición, su despotismo, su inhumanidad, su inconsecuencia y su rapacidad…»96.

También se refiere a la Sociedad Patriótica —asociación convocada por el ministro Monteagudo—, que se constituyó con la finalidad de decidir cuál era el gobierno más adecuado para el Perú. De acuerdo a Ruybal, la mayor parte de los socios se inclinaban por la idea de una monarquía constitucional y en sus conversaciones privadas hablaban de buscar un príncipe de la casa reinante de España. Pero constatando que Monteagudo, presidente de la Asamblea, «no profería discurso en que no difamase vorazmente aquella nación (España) y todo lo relativo a ella, y que algunos de sus compañeros se declaraban abiertamente por San Martín, no dudaron que éste aspiraba nada menos que a coronarse»97. Se decantaron entonces por el gobierno republicano como el más conveniente para el Perú, y de esta manera la sociedad quedó dividida en dos partidos que entablaron una ardua rivalidad que se materializó en la prensa (O’Phelan Godoy, 2012a, pp. 199-201).

Otro tema que enfatiza Ruybal en su informe es el ataque a la Iglesia por parte de San Martín, a quien denomina aventurero, calificando a sus seguidores de satélites. Advierte que a los españoles que se habían recluido en el convento de La Merced no se les pasaba ración alguna; que se había principiado la demolición del convento de San Agustín, lo cual causó malestar entre los religiosos, que no solo no habían cedido el terreno, como afirmaba el decreto promulgado, sino que ni siquiera habían sido consultados al respecto. Finalmente, se indicaba que San Martín se había tomado la atribución de nombrar prelado para el convento de la Buena Muerte, provocando las protestas de algunos religiosos que consideraban que tal nombramiento era nulo y que contrariaba directamente los estatutos de su orden. Como resultado de sus reclamos, añadía Ruybal, los religiosos fueron de inmediato trasladados a la fortaleza del Callao y allí, a bordo de la fragata «Perla», zarparon rumbo a Chile para cumplir el destierro al que fueron sentenciados.