Carlos Ramos - Ley y justicia en el Oncenio de Leguía

Descendiente de inmigrantes vascos, Augusto Bernardino Leguía Salcedo había nacido en Lambayeque el 19 de febrero de 1863. Su origen provinciano, sus tamizadas raíces mestizas, la carencia de una red de relaciones sociales usualmente tramada desde la infancia y juventud (recordemos que se formó en Lambayeque y en Valparaíso, no en Lima) y su condición subordinada de empleado de seguros lo distanciaban —a pesar de su éxito social como clubman y de su afortunado matrimonio con doña Julia Swayne y Mariátegui— del exclusivo núcleo del civilismo y lo asociaban, en cambio, con el típico self made man. Incluso un biógrafo acomedido, René Hooper, admite que en los círculos oligárquicos el gobernante «era considerado un hombre nuevo, que carecía de abolengo, y no era de los suyos»16. En efecto, aun cuando bajo el Oncenio los cronistas áulicos se esforzaran por rastrear el origen señorial del presidente, Leguía representaba más bien a un sector medio que a merced de trabajo (y especulación) logra hacerse de una posición social ventajosa.

A diferencia de la mentalidad aristocrática rentista, la psicología de Leguía era la de un hombre de negocios. El civilista genuino era el señorón, mientras que Leguía era el eficiente mayordomo. De empleado de agencias de seguros y segundo del civilismo alcanza un estatus respetable merced al talento y la audacia. Sus propios éxitos y fracasos lo diferencian de la tranquila bonanza de los mayores exponentes del civilismo. Leguía transita de la modestia decorosa a la prosperidad, pero recorre también el camino inverso. Iniciado como secretario comercial de Prevost y Cía., el joven Leguía pasa a trabajar poco después como cajero y contador de la empresa Caucato. Luego, con Carlos Leguía, se dedica a exportar azúcar, arroz y cuero. Posteriormente, desarrolla una rápida carrera como agente de seguros de la New York Life Insurance Company. Con la ayuda de otros socios constituye la Sudamericana de Seguros (1895) y, en sociedad con Manuel Candamo y José Pardo, funda la Compañía de Seguros Rímac (1896). Incursiona también en negocios específicos como la importación de mano de obra japonesa (1899), la administración de los fundos agrícolas de sus parientes políticos, los Swayne, y la explotación de una concesión en la selva. Asume, asimismo, cargos directivos en la British Sugar Company, la hacienda San José de Chincha, el Banco Internacional del Perú y en la Sociedad Nacional de Agricultura. La inestabilidad y los golpes de suerte e infortunio marcan su existencia. La movilidad social que tira hacia arriba y lo atrae hacia abajo constituye un ir y venir del que no puede escamotearse y que inevitablemente lo acompañará tanto en su actividad comercial y de negocios, a veces tan infructífera y osada, como en su carrera política.

Leguía, por otra parte, tenía razones para aborrecer, en el plano político, al civilismo. Su primer gobierno estuvo sitiado por una terrible oposición que, paradójicamente, procedía de su propio partido y de la encarnizada facción «bloquista» constituida en el Parlamento por Antonio Miró Quesada (presidente de la Cámara de Diputados y propietario de El Comercio), José Matías Manzanilla, Elías Mujica y Carassa y Francisco Tudela y Varela17. Si el 29 de mayo de 1909 —fecha recordada más tarde, en la ideología del Oncenio, como «El Día del Carácter»— fue sacado de Palacio y conducido a empellones por un grupo pierolista por las calles de Lima, si el civilismo desde el Congreso y la Junta Electoral Nacional se batió para prorrogar el mandato parlamentario y librarse del ministro Melitón Porras, y si en 1913 el propio Leguía sufrió el incendio de su casa y padeció después un largo exilio de seis años, no cabe duda de que militaron también una serie de motivos personales para que se propusiera desplazar políticamente a los civilistas y fundar la Patria Nueva. Empero, Leguía, a pesar de todo, no termina de desprenderse de sus vinculaciones civilistas. No cercenó sus privilegios sociales o económicos a las familias prominentes, e incluso algunas se beneficiaron con el progreso material que su gobierno fomentó a expensas de los recursos fiscales. Por otra parte, era hacendado y exportador de algodón como varios de sus adversarios y llegó a tener parentesco y amistad con muchos de ellos. No acabó, pues, con la base económica del poder oligárquico: la gran propiedad agrícola de la costa y los bancos. En el plano económico, posiblemente el enfrentamiento más duro con la gran propiedad derivó del esfuerzo gubernativo para reformar la distribución de aguas, a la que los grandes hacendados se oponían tenazmente, como se desprende de la lectura de La Vida Agrícola y, sobre todo, del Boletín de la Sociedad Nacional Agraria, en la creencia de que los derechos de propiedad comprendían inalienables derechos sobre las aguas18. Irónicamente, la base legal con la que se inicia la nueva distribución de aguas, la Ley 2674, se promulgó en el régimen de Pardo19. El régimen leguiista, sin embargo, daría una rigurosa aplicación a esa norma, especialmente cuando se trataba de golpear a sus enemigos políticos20.

Al asumir el poder el 4 de julio de 1919 no concibió Leguía que el suyo fuese simplemente un gobierno que sucedía al de José Pardo, ni un cambio de turno o un relevo de posta más o menos usual en la historia del Perú republicano. Lo que buscaban Leguía y su séquito de colaboradores era una reforma sustancial del país, capaz de transformar la economía, la sociedad y el Estado21. Como lo sintetizara un exponente fiel del leguiismo, Mariano H. Cornejo, hacia las postrimerías del régimen: «Patria vieja y Patria Nueva no son dos frases de la retórica política, sino dos realidades que se oponen»22. Un documento propagandístico de la primera hora precisaba, sin ambigüedades, que el movimiento de 4 de julio «respondió a ideales perfectamente definidos de reacción democrática y al anhelo popular de establecer un régimen de progreso y de justicia en el país»23. Y añadía luego que «la revolución de 4 de julio fue un movimiento nacional esencialmente democrático, inspirado en la necesidad de implantar en la República diversas formas de orden constitucional»24. Así, la convocatoria a una Asamblea Nacional y el sometimiento de las reformas proyectadas a una consulta plebiscitaria, medidas con las que Leguía inauguraba la Patria Nueva, serían adoptadas «en la noble aspiración de realizar reformas constitucionales que implanten en el Perú la democracia efectiva»25.

En cuanto al programa esgrimido por Leguía, este apuntaba inequívocamente a consolidar el aparato burocrático del Estado; fijar a cualquier precio las fronteras nacionales para asegurar la paz que reclamaba el desarrollo interno26; ampliar la base social que participaba del poder, concibiendo de este modo a la política como una práctica moderna; y extender las áreas de cultivo merced a las irrigaciones, de manera que la agricultura fuese también una actividad productiva de los sectores medios y no emporio exclusivo de la oligarquía. Además, perseguía la incorporación del país a un nuevo circuito comercial presidido por los Estados Unidos ante el desplazamiento de Inglaterra del dominio mundial; un panamericanismo ingenuo que hacía de la potencia norteamericana un aliado potencial en los laudos arbitrales y las inversiones27; la inclusión compulsiva del indio en un esquema de civilización eurocéntrica y el aprovechamiento de su fuerza de trabajo en obras públicas, acompasados por un discurso paternalista y humanitario; la configuración de una sociedad burguesa moderna compenetrada con los valores pragmáticos del siglo veinte; la instalación de una meritocracia que asignase un lugar social no por los orígenes familiares sino por la acumulación monetaria basada en el trabajo; la conversión de la aristocracia en burguesía y el impulso a la movilidad ascendente de las clases medias; y la materialización física del progreso, patentizada en ferrocarriles, carreteras, obras de colonización, urbanización, pavimentación y saneamiento.