Carlos Ramos - Ley y justicia en el Oncenio de Leguía

En el primer gobierno de Leguía se expidió, asimismo, un moderno (para la época) Código de Procedimientos Civiles. Traducía el espíritu del Tratado de Derecho Procesal de Montevideo, de 11 de enero de 1889, que el Perú suscribiera. Si bien este no es el lugar para examinar esto a fondo, basta decir que se ocupaba, entre otras materias, de la jurisdicción, de la competencia, de las personas que pueden litigar, de los apoderados y de los juicios. Eliminó la figura romana de la restitución por entero o restitutio in integrum, conforme a la cual un contrato y hasta una decisión judicial podían revocarse si habían sido perjudiciales a los pupilos, menores de edad, sujetos a la autoridad del tutor. Se daba así plena cabida al principio de cosa juzgada. Cuando trata del juicio ordinario, que es el de mayor duración y bajo cuyo procedimiento se ventilan todos los asuntos que no requieren tramitación especial, el código ofrecía una serie de garantías para las partes por la amplitud de los términos y los medios de prueba. Eran las partes las protagonistas del proceso antes que el juez. En esa línea prevalecía el iusprivatismo antes que el iuspublicismo.

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