Martín Becerra - La vida digital de los medios y la comunicación

La Argentina tuvo desde fines del siglo XIX, en relación con el resto de América Latina, un desarrollo vigoroso de medios de comunicación articulados con una extensa cobertura del sistema educativo, la censura explícita a partir de 1974 (profundizada a partir del 24 de marzo de 1976) y la retracción del consumo cultural desde mediados de la década de 1970 que incidieron en una metamorfosis a la que tributó el sistema de medios a partir de la restauración del orden constitucional en diciembre de 1983.

La dinámica industria editorial (libros, diarios y revistas periódicas) fue paulatinamente desplazada por el aumento del consumo de radio y televisión, dos medios que se presumen de acceso gratuito pero cuya mercantilización e industrialización es mayor que en el sector editorial gráfico. Entre 1970 y 1980, dejaron de editarse más de 250 diarios, con la consecuente erosión de la diversidad de versiones sobre la realidad que ello representa. El desplazamiento del consumo de información y entretenimientos masivos de la gráfica al audiovisual facilita su control porque comprende una reducción de productores de contenidos por un lado, y por el otro porque condiciona la profundidad y los ritmos con que la sociedad se vincula con las noticias y las representaciones culturales.

Desde el colapso de la dictadura y hasta 2019, cinco procesos caracterizan al sistema de medios de comunicación: primero, la erradicación de la censura directa; segundo, la concentración de la propiedad de las empresas en pocos pero grandes grupos; tercero, la convergencia tecnológica (audiovisual, informática y telecomunicaciones); cuarto, la centralización geográfica de la producción de contenidos, y quinto, la crisis radical del modelo económico en que se sostuvieron las empresas periodísticas durante más de un siglo.

Estos procesos se conjugaron para transformar el sistema de medios y para imprimirle monotonía en su adscripción al lucro como lógica de producción. Dicha transformación fue moldeada por reglas de juego originalmente definidas por el decreto-ley 22.285/80 y empeoradas por casi todos gobiernos constitucionales posteriores hasta 2009, cuando el Congreso sancionó una ley audiovisual que no fue adecuadamente implementada (en parte por falta de compromiso o torpeza del gobierno que la promovió, en parte por la oposición del mayor grupo multimedios y otros aliados) y que fue, a partir de diciembre de 2015, desmontada por decretos presidenciales.

En materia de contenidos, el cambio más sobresaliente fue el destierro de la censura directa ejercida hasta los años 80 no solo por gobiernos militares, sino también por muchos civiles en el siglo pasado. Es decir, la censura no era un fenómeno efímero o reducido a dictaduras, sino que formaba parte de la normalidad de la actividad política en el país antes de 1983. Y si bien hubo episodios aislados de censura en los medios durante el gobierno de Raúl Alfonsín y casos esporádicos en las presidencias de Carlos Menem, la progresiva conquista de la libertad de opinión en los medios fue una constante desde el regreso de la democracia.

Se alude a “censura directa” pues existen formas indirectas de censura, entre las que pueden citarse la concentración de la propiedad, la proscripción de individuos o sectores sociales (como los sin fines de lucro) al acceso a recursos como las licencias audiovisuales, el ejercicio arbitrario de la regulación y de políticas impositivas, las figuras penales que criminalizan la opinión, el abuso de recursos públicos para premiar la subordinación o castigar la crítica, como la publicidad oficial, la obstrucción del acceso de la ciudadanía a la información pública (al respecto, ver los informes anuales de las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA).

Otro proceso central se desencadenó a partir de la convergencia tecnológica en curso que une soportes de producción, edición, distribución y consumo de medios audiovisuales, gráficos, telecomunicaciones y redes digitales (Internet). La convergencia representa una fuerza transformadora del sector, pues la referencia a los medios de comunicación en sentido estricto debe mutar para comprender parte de su actual desempeño en sociedad.

La convergencia entre tecnología y sociedad es un eje medular para comprender cambios del pasado reciente y del presente, y enmarca el desempeño de los medios en una sociedad con necesidades y expectativas cambiantes. El control remoto y la migración de los receptores al color tonificaron las formas de ver televisión, pero a partir de 1990 la paulatina masificación de la televisión por cable y su menú multicanal introdujo una oferta de decenas de canales, muchos de ellos temáticos, en una pantalla que hasta entonces solo en las grandes ciudades contaba con más de un canal de aire. La concentración de la propiedad comenzaba una etapa expansiva.

Fue con el cambio de siglo cuando el acceso a Internet y a la telefonía móvil, primero como tecnologías separadas y luego reunidas en los mismos dispositivos multiplataforma (los llamados “teléfonos móviles”), le imprimirían un ritmo vertiginoso y ubicuo a la temprana segmentación de gustos iniciada por la televisión de pago. Estas tecnologías impactarían decisivamente sobre el paisaje mediático, ya que en muchos casos se trata de espacios que alternan el flujo unidireccional con soportes analógicos propios de los medios tradicionales.

La digitalización de las tecnologías de producción y la competencia de nuevas pantallas afectó a los lenguajes tanto audiovisuales como escritos. Los diarios y revistas agilizaron sus ediciones con diseños que jerarquizaron el valor de las imágenes y redujeron la extensión de los artículos. Los medios audiovisuales se remozaron tecnológicamente y reorganizaron sus procesos productivos a través de la tercerización de su programación, lo que habilitó el surgimiento de una gran cantidad de productoras independientes que por un lado revitalizaron estéticamente a la televisión y la radio, y por otro significaron un ahorro de costos fijos en las emisoras, que delegaron el riesgo en nuevas productoras. Varias de estas fueron más tarde absorbidas por los grandes grupos. La delegación del riesgo tiene dos dimensiones: por una parte, la posibilidad de los canales y las radios de nutrirse con nuevas ideas que contraen riesgos en términos de programación, tanto en la ficción como en los contenidos periodísticos; por otra, la derivación a terceros de costos fijos en propuestas cuya realización mercantil es, en su fase de concepción, incierta.

La organización del trabajo en los medios fue atravesada por los procesos mencionados en un contexto de precarización creciente desde fines de la década de 1980 en adelante, lo cual fue acompañado por la explosión de carreras de comunicación social y tecnicaturas de periodismo que institucionalizaron la formación profesional y proveyeron de ex alumnos no solo a los medios sino también a oficinas de relaciones públicas y comunicación institucional del Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. La precarización se acentuó desde fines de 2015, cuando cerraron numerosas empresas periodísticas dejando un saldo de al menos 3.000 despedidos en un lapso menor que cuatro años.

A diferencia de la convergencia, hay un eje de análisis que dista de ser novedoso, y es la inalterable centralización geográfica de la producción de contenidos en los medios: la zona metropolitana de Buenos Aires sigue proveyendo más del 80% de la programación televisiva originada en el país, y en los medios gráficos el cierre o la absorción de diarios locales por conglomerados mediáticos con sede en Buenos Aires restringió la producción local. Además, sigue siendo extendida la práctica de alquiler y subalquiler de espacios, añadiendo complejidad al peso del licenciatario en el control de los contenidos que emite. Esta práctica, compartida por emisoras del interior del país y del área metropolitana de Buenos Aires, conduce a reformular los esquemas rígidos de vinculación entre propiedad del medio e ideología, toda vez que la inserción de intermediarios (productoras que comercializan espacios, que en algunos casos son productoras directamente vinculadas con conductores radiales y televisivos) añade complejidad acerca del control final de cada producto emitido y entra en conflicto con la idea misma de “propuesta de programación”.