Patricio Zapata Larraín - La casa de todos y todas

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Hace cinco años Patricio Zapata publicó en este sello editorial La Casa de Todos. Mucho ha pasado desde entonces. Ante el inminente plebiscito del 26 de abril de 2020 y la posible Convención Constitucional que podría elegirse en octubre de este mismo año, el autor presenta un libro nuevo que pone al día el debate. Páginas inéditas sobre las causas y consecuencias del estallido social de octubre de 2019, un análisis a profundidad de los diferentes argumentos que se esgrimen por partidarios del Apruebo y del Rechazo y una toma de posición sobre el sistema de gobierno y el régimen municipal hacen de este texto mucho más que una edición actualizada. El autor, uno de los constitucionalistas más prestigiosos e influyentes del país, ha querido modificar el título de la obra original. La inclusión del «Todas» no está pensada como un guiño a la corrección política, sino más bien quiere expresar con la mayor fuerza posible una voluntad de aprender con gratitud y humildad las lecciones fundamentales que nos deja, como sociedad, el potente movimiento en favor de los derechos de la mujer. Zapata no esconde su opinión favorable al cambio constitucional, sin embargo, se ha propuesto evitar el panfleto y la caricatura. En ese sentido, la presente publicación quiere conversar respetuosamente con personas que tienen muy distintas posiciones. Por lo mismo, este texto también podría ser útil para quienes tienen serias dudas sobre la conveniencia del cambio constitucional. Si le interesa el futuro de nuestras instituciones, si quiere ser parte activa del proceso constituyente, si quiere criticar con argumentos, este es, sin duda, un libro que usted debe leer.

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¿Es que se piensa que los potenciales convencionales, ciudadanos venidos del amateurismo político, se van a cohibir o asustar más fácil que nuestros curtidos y veteranos parlamentarios? ¿O van ser, como promedio, más agresivos que Pamela Jiles o Ignacio Urrutia? ¿Es que alguien cree que, radicada la discusión constitucional en el Congreso, como postula el “Rechazar para reformar”, todos los parlamentarios van a actuar como puros Cicerones eruditos y que, además, no van a seguir experimentando presiones de distinto tipo (algunas legítimas y otras ilegítimas)?

Estos no son tiempos para los que tienen miedo a las pifias. Ni en la política, ni en el Estadio ni en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y siempre existirán los que estén dispuestos a decir lo que sea, aunque signifique abjurar de su historia y sus convicciones, con tal de ganar unos pocos aplausos. Y habrá también de los otros, aquellos que dicen lo que piensan, aunque no sea popular. Nuestro Parlamento tiene de ambos tipos. Nuestros medios de comunicación y Universidades, también. De nosotros, los ciudadanos, depende que a la Convención constitucional lleguen más de unos que de otros. No me parecería justo que los partidarios del Rechazo intentaran apropiarse en exclusiva de esta preocupación ni que pretendieran que el camino institucional que postulan es el único que promueve mejores condiciones de deliberación.

Es importante pensar en reformas que propendan a un mejor debate ciudadano. Y así como en el pasado reciente fueron valiosas las reformas constitucionales y legales que buscaron eliminar la influencia potencialmente corruptora del dinero en las campañas y en la discusión legislativa (¡ese factor sí que afectó la deliberación razonaba y libre de presiones!), la verdad es que no veo de qué manera, y bajo que peculiar lógica, el voto Rechazo se identifica, per se, con una agenda para una mejor política democrática.

En fin, tratemos de entender un poco más. ¿Cuál sería la explicación de personas de derecha que a fines de noviembre de 2019 declaraban estar a favor del voto Apruebo para que, unas semanas después, a principios de enero de 2020, se manifiesten por el Rechazo?39

Todos tenemos, por supuesto, un derecho natural a cambiar de opinión, ya sea porque sentimos que han cambiado las circunstancias de hecho que explicaban una primera posición o porque hemos tenido ocasión de reflexionar con más calma sobre un asunto. Como alguien que ha cambiado de opinión más de alguna vez, no seré yo quien condene per se los virajes.

Ahora bien, del hecho que uno respete el derecho a cambiar de opinión, no se sigue que uno no pueda someter a análisis crítico las razones que se ofrecen para justificar un vuelco.

El principal argumento esgrimido por quienes señalan haber mutado del Apruebo al Rechazo dice relación con el fenómeno de la violencia. Por un lado, se afirma que la persistencia de un clima de intolerancia y vandalismo vuelve imposible una deliberación sensata

como la que requiere un proceso constituyente y, por otra parte, se reprocha a la izquierda y a la centroizquierda haberse radicalizado (p.e., por no condenar la violencia con claridad o por acusar constitucionalmente al ministro Chadwick y al presidente Piñera).40

De la argumentación resumida me interesa especialmente la acusación lanzada contra la centroizquierda y la izquierda. ¿Es cierto que, como sector político, han avalado la violencia?

Si se quiere responder en serio, va a ser necesario hacer un par de distinciones.

Más arriba he reconocido que esta crisis ha puesto de manifiesto que existe un sector de la izquierda al que le cuesta mucho la condena clara y directa de los actos de violencia política y vandalismo. Sin duda, el partido más ambiguo y acomplejado ha sido el Partido Comunista.

Muchas pueden ser las explicaciones para esta ambivalencia. Se advierte un temor a aparecer traicionando al movimiento social o a “hacerle el juego” al gobierno o a la derecha.

Yo me sumo a la indignación de muchas y muchos frente a las conductas represivas de aquellos policías que han violado gravemente los derechos humanos de tantas personas. Comprendo los esfuerzos por descifrar las causas sociales profundas que pueden estar detrás de algunos de los comportamientos anómicos. Rechazo, también, la aproximación de quienes tratan como delincuencia o criminalidad todas las formas de protesta social y rebeldía.

Lo que no comparto, sin embargo, es la tendencia de algunos a pensar que, en razón de estas consideraciones (violaciones a los derechos humanos, causas sociales o criminalización de la protesta), los juicios sobre la quema de iglesias, el saqueo de un hotel, la destrucción del transporte público o el ataque armado a una comisaria deban ser timoratos, condescendientes o pusilánimes, llenos de “peros” y “sin embargos”.

Ahora bien, la dificultad anotada aqueja a una parte, minoritaria, de la izquierda. La inmensa mayoría de los dirigentes políticos de la oposición han sido clarísimos en denunciar y rechazar la violencia, ya sea que se trate del ataque a la sede de la UDI, el bloqueo de caminos con “el que baila pasa” o la destrucción de locales comerciales.

Creo imposible en el espacio de este capítulo recoger el conjunto de declaraciones opositoras contra la violencia. Son muchas. Además de las declaraciones de las directivas partidarias y los parlamentarios, han proliferado las cartas de personalidades socialistas, democratacristianas, radicales y exconcertacionistas en general, condenando la violencia. Me llama la atención que, desde una parte de la derecha, se sigan exigiendo pruebas de buena conducta a pacifistas de toda una vida y que, una vez entregadas dichas prendas, se pidan más y más. Y que una vez entregadas –por enésima vez–, se diga, de todas maneras, y en forma de grosera generalización, que los partidarios del Apruebo son cómplices de la violencia.

Se me dirá que las declaraciones genéricas no prueban demasiado. Puede ser. Por eso, creo útil referirme a la cantidad de veces que una parte importante de la oposición ha concurrido con sus votos en el Parlamento a la aprobación de reformas que tendrían por objeto un mejor control de la violencia. Me refiero concretamente a la aprobación, en ambas cámaras, de la ley “antisaqueos” y a la aprobación en el Senado de la reforma sobre resguardo militar de instalaciones críticas y de la llamada ley “antiencapuchados”. Ninguno de estos proyectos hubiera sido aprobado si no fuera porque una parte significativa de la oposición los votó favorablemente. Me sorprende que esto se minimice. No es cosa poca, me parece, tratándose de opositores a un gobierno con apenas un 10% de aprobación. Pero, claro, esto no se reconoce en la campaña del Rechazo: parece más cómodo decir que la oposición, la izquierda y el Apruebo están a favor de la violencia.

Una última reflexión sobre el tema de la violencia y el plebiscito.

Me preocupa que haya quienes contribuyan, “sin querer queriendo”, a que los pequeños grupos que queman, destruyen y amedrentan sean, en definitiva, quienes definan la agenda de Chile. Y que sean las cosas terribles que hagan esas minorías extremas las que determinen, a su vez, lo que debamos hacer el conjunto de chilenas y chilenos. Yo sé que no es la intención de las personas que han estado reaccionando políticamente en función de las brutalidades que hacen los grupúsculos violentos, pero no puedo dejar de sentir que, al dejarse pautear, arriesgan terminar siendo rehenes de esos mismos extremistas.

Los anarquistas que tratan de destruir el Hotel O’Higgins en Viña del Mar o los vándalos que queman librerías o museos no quieren que las grandes mayorías resolvamos pacíficamente nuestras diferencias. No les interesa que lleguemos a un gran acuerdo, por los 2/3, para tener una Constitución que sea Casa de Todos y Todas. Con sus actos, quieren agudizar las contradicciones. ¿Será una buena idea que nuestro rechazo a esas conductas termine siendo el principal argumento para rechazar también, como si fuera consecuencia o corolario de lo anterior, la posibilidad de un esfuerzo ciudadano para un nuevo pacto social? Al transformar a los violentistas en el leit motiv y la razón de ser de nuestra acción, ¿no les estaremos regalando una victoria que no merecen?

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