Patricio Zapata Larraín - La casa de todos y todas

2018 fue, de acuerdo a la línea argumental que estamos testeando, otro “momento oportuno”. No era año electoral. Parecía que la situación económica estaba mejorando (ahora sabemos que era el vuelito de una recuperación que empezó en el último año de Bachelet II) y, salvo por un bajón en septiembre, la aprobación al presidente Piñera superaba la desaprobación (según Cadem). Si alguien creyera que el tema constitucional es genuinamente importante, ese era, qué duda cabe, una circunstancia propicia para tener un debate. Pero no. De hecho, la primera declaración política importante del segundo gobierno de Sebastián Piñera fue para dejar en claro que, bajo su mandato, no habría cambio constitucional (!).34

Dije más arriba que algunos de quienes justifican su voto de Rechazo invocando que este no sería el momento adecuado para abordar el cambio constituyente tienen un historial que sugiere que para ellos nunca será “el” momento. Y que, de alguna manera, lo de la oportunidad sería, para ellos, un simple pretexto o excusa que les evita tener que hacer defensas sustantivas de la Constitución que quieren conservar.

Pero no quisiera agotar este asunto limitándome a llamar la atención sobre el hecho de que hay quienes, por haber abusado de este argumento en el pasado, tienen poca credibilidad para seguir usándolo, o al menos para usarlo sin alguna autocritica.

Pudiera ser que yo tuviera la razón cuando cuestiono, hacia atrás, a quienes blufearon o procrastinaron tantas veces con lo de la “oportunidad”.35 Pero ¿qué pasa si ahora sí fuera cierto que no es el momento oportuno? El hecho de que el Pedrito del cuento haya gritado, falsamente, diez o veinte veces, que venía el lobo, no le quita una gota de ferocidad o peligrosidad al lobo si es que, finalmente, el lobo llega realmente.

Tratemos, entonces, de evaluar, con la máxima serenidad posible que nos permita nuestra propia subjetividad, el juicio de personas que se han convencido de buena fe que el problema de las malas condiciones hoy existentes es un impedimento para llevar adelante un proceso constituyente y que en razón de esas circunstancias sería preferible elegir la opción del Rechazo, confiando en que los cambios constitucionales que convenga hacer se hagan en el Congreso Nacional.

Ya lo he señalado en este libro un par de veces. Me parece muy claro que las condiciones políticas de Chile en 2020 son especialmente complejas y que la violencia política ha llegado a niveles no vistos en los últimos treinta años. Es decir, en cuanto problemas para la convivencia, parece sensato sostener que los actuales problemas son más graves que las dificultades que pudieron existir en 1995, 2010 o 2015.

No hay duda de que el actual es un momento difícil para hacer cualquier cosa. En ese sentido, yo no puedo dejar de lamentar la miopía que tuvimos –como país– al no haber aprovechado el proceso constituyente que propuso la presidenta Bachelet a fines de 2015. Gozábamos, entonces, de bastante tranquilidad en las calles y, aun cuando el crecimiento no era espectacular (2,3% en 2015 y 1,6% el 2016), había inversión y el desempleo estaba bajo el 7%. No deja de ser irónico que muchos de los que hoy esgrimen el argumento de la oportunidad para no trabajar por una Nueva Constitución, son los mismos que el 2015 y el 2016 se opusieron férreamente al proceso.36

Ahora bien, y concedido que las condiciones son complejas, ¿se sigue de lo anterior, sin embargo, que no debamos optar por la alternativa de encargar a una Convención, sea mixta o 100% ciudadana, la elaboración de un proyecto de Nueva Constitución?

Yo asumo que las personas que creen que la intolerancia ambiente y la acción de grupos violentos vuelve imposible o muy inconveniente instalar una Convención para estudiar un proyecto de Nueva Constitución, aceptan, en todo caso, que se lleve a cabo el plebiscito de abril.37 Yo supongo que aceptan, también, que elijamos alcaldes, concejales y gobernadores regionales en octubre de este año. Yo entiendo, en fin, que comparten que el próximo año 2021 elijamos un nuevo(a) Presidente(a) de la República. Si vamos a tener esos actos electorales, si podemos tener esos actos electorales, ¿por qué razón no podríamos tener una elección de convencionales?

Me imagino que algún contradictor podría replicar a este razonamiento planteando que lo que se juega cuando se decide sobre una Nueva Constitución es de muchísima más entidad y proyección histórica que lo que se resuelve cuando elegimos alcaldes, diputados o presidentes por cuatro años. En este sentido, Andrés Allamand ha dicho: “Lo que sucederá en 2020 y 2021 tiene a lo menos la misma gravedad de lo que vivimos en los años 72 y 73, y en menor medida en el año 1988 y 1989”. Según él, Chile se juega “su destino en estos dos años y uno tiene la obligación de actuar de acuerdo a sus convicciones”.38

Si por “gravedad” el senador Allamand está hablando de importancia o trascendencia, yo tiendo a estar de acuerdo con él. Si ha usado la palabra “gravedad” para sugerir que vivimos en Chile una crisis o una coyuntura tanto o más peligrosa como la que vivíamos en 1972/3 o en 1988/89, yo me permito discrepar. Por graves que sean las acciones de anarquistas y vándalos en 2020 –que lo son–, ellas no nos ponen en situación de virtual o posible guerra civil, como sí nos encontrábamos a mediados de 1973 o en 1988. El “combo” MIR, Patria y Libertad, CIA, Cuba, desabastecimiento e inflación del 500% es bastante más complejo que todo lo que puedan hacer la Primera Línea, la ACES de Víctor Chanfreau, y otros. El “mix” de Pinochet, violación sistemática de los derechos humanos, CNI, exiliados, Frente Manuel Rodríguez (con arsenal de Carrizal Bajo), 50% de pobreza, etc., siempre será más terrible, y temible, que la crisis que enfrentamos hoy. Repito: no me interesa minusvalorar los graves problemas del presente, pero creo que hay que tratar de evitar que el entusiasmo retórico nos lleve a pintar paisajes apocalípticos que no corresponden.

El problema, entonces, no puede ser el hecho de tener una papeleta más en octubre de 2020. Y como yo espero que sean muy pocos los que piensen que nuestras complejas circunstancias políticas justifican o ameritan la suspensión indefinida del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, tendremos como país que hacer todos los esfuerzos para que los actos electorales que correspondan se realicen en condiciones básicas de libertad y tranquilidad. Y si hay alguien que cree que, dado los niveles de violencia que estamos viendo, ya no podemos seguir dándonos “el lujo” de tener elecciones y debate ciudadano (o sea, que necesitamos una dictadura que “ponga orden”), bueno, pues, que lo diga con todas sus letras y no se ande con rodeos. Ni se esconda detrás del Rechazo.

Siempre prefiero pensar bien, así que voy a asumir que el rechazo por malas condiciones ambiente no insinúa ni sugiere que por algún tiempo ya no podemos tener más elecciones, sino que se preocupa, más bien, por lo que podría pasar después de las elecciones. Se ha planteado, en efecto, que las actuales circunstancias de clima político harán muy difícil que cualquier Convención lleve adelante una deliberación razonada y libre de amenazas.

Quienquiera que haya seguido el debate político en nuestro Congreso Nacional, y en la esfera pública en general, habrá tomado nota de múltiples episodios de violencia verbal y algunos, incluso, de violencia física. Los insultos en las galerías, las funas en las calles, las fake news y las tormentas de tuits y memes odiosos son, por supuesto, fenómenos que afectan la calidad del debate político. Aquí en Chile. Y en todo el mundo. Y si lo afectaron en 2018 y 2019, es altamente probable que lo seguirán haciendo en los próximos años.