Jorge Illa Boris - El porqué del presente

El posterior desarrollo del pensamiento ilustrado abordará las libertades individuales de pensamiento, de opinión o expresión, de imprenta o prensa, de reunión y asociación, así como la de conciencia o religión. Sobre esta última, cabe recordar los aportes de Locke y de Voltaire (1694-1778) en la inclusión de la tolerancia religiosa. Conocidas las persecuciones católicas contra los herejes y paganos en la época medieval y las consecuencias político-económicas de las guerras de religión entre católicos y protestantes en la época moderna, se evidenció, en el plano de las ideas, la necesidad de establecer la tolerancia de cultos6, esto es, la posibilidad de ejercer en el ámbito privado y público una creencia religiosa determinada sin ser perseguido o discriminado por ello.

1.2 La separación de poderes

Con la finalidad de encontrar equilibrios de poder y de evitar abusos por la concentración de este, algunos pensadores modernos e ilustrados postularon la necesidad de separar competencias y funciones, esto es, de dividir el trabajo de la autoridad política. Por ejemplo, Locke, quien, como mencionamos, representó el pensamiento político de la burguesía inglesa, planteó la separación de poderes en los ámbitos legislativo, ejecutivo y federativo7, entre los cuales reconocía como el más relevante al poder legislativo por su función central de crear leyes, en el marco de un Estado civil, para la protección del derecho a la propiedad privada de los individuos. Con ello, fortaleció las bases teóricas de la monarquía parlamentaria, el modelo inglés, como forma de gobierno. Por su parte, la propuesta desarrollada por Montesquieu (1689-1755) influyó mayormente en los países que siguieron proyectos constitucionales republicanos. Este pensador ilustrado distinguió entre el poder que legisla, el que ejecuta las leyes y el que administra la justicia. Con ello, dio un paso adelante a lo propuesto por Locke, pues tuvo lugar una independencia del poder judicial a fin de que así se pueda garantizar una mayor seguridad en la conservación de la propiedad de los individuos (Lowenthal, 2017, p. 495). Esta propuesta de división de poderes es la que hoy prima en las repúblicas con democracias representativas en el mundo contemporáneo, en las cuales se espera que sean poderes autónomos; por lo menos, así son planteados en el plano teórico.

1.3 La soberanía del pueblo

Otro pilar del liberalismo político fue el principio de la soberanía del pueblo, en nombre del cual se llevaron a cabo las revoluciones de fines del siglo xviii y de la primera mitad del xix. Este principio reemplazó también a la línea del pensamiento del poder teocrático, en la que la fuente del poder ya no era divina ni se correspondía más con la Corona o la persona del monarca, sino que procedía del pueblo, o nación, el cual a partir de ese momento se instituyó como el soberano. La base del postulado de la soberanía popular procede del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y se fortaleció con Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) en el marco de la Revolución francesa (Hobsbawm, 2003, p. 64; Fioravanti, 2014, p. 39). En esta línea, se sostiene que el pueblo nunca debe ceder su poder soberano, únicamente lo debe delegar de forma temporal a través de gobiernos representativos y, por ende, podrá reclamarlo cuando los gobernantes instituidos como tales, por el contrato social, traicionan la voluntad general, los intereses comunes. Por ello, como afirma Fioravanti (2014), uno de los mayores aportes del pensamiento revolucionario de Rousseau radicó en que el pueblo siempre debe estar activo, es decir, en constante alerta y desconfianza hacia sus gobernantes, para que evite la imposición de voluntades o intereses particulares.

1.4 El sufragio restringido

En la implementación de los gobiernos representativos, tras las revoluciones liberales burguesas, la participación política se restringió solo a algunos sectores de la sociedad. Así, hace cien años en la mayoría de los países occidentales el sufragio era restringido únicamente a ciertos sectores socioeconómicos de la población. Se debía cumplir con una serie de requisitos constitucionales y legales para poseer y ejercer el derecho de votar, como ser varón, poseer propiedades o pagar contribuciones al Estado, tener alguna característica racial o cultural particular, como ser blanco o tener la condición de alfabeto. La defensa de la igualdad, uno de los principios del pensamiento ilustrado del siglo xviii, no se sustentaba en una igualdad económica o social8, sino que se circunscribía al ámbito de lo político, donde los burgueses se percibían en desventaja frente al clero y, sobre todo, frente a la nobleza, desventaja que daba lugar, entre otros aspectos, a amenazas contra su propiedad.

Es importante anotar también la diferencia entre la regulación del sufragio activo (quiénes votaban) y la del sufragio pasivo (quiénes podían ser votados); en este último caso, los requisitos eran mayores y más exigentes porque idealmente se buscaba que gobiernen los mejores o los más capacitados por condición de edad, conocimiento o cultura, y riqueza9. Otra forma de limitar la participación de la población de estratos populares fue la inclusión de un sistema electoral indirecto, es decir, de la votación de electores intermediarios a través de colegios electorales. De esta manera, la participación en elecciones era amplia en los primeros grados de votación, es decir, en la elección de electores, y reducida en la elección de las autoridades y de los cargos públicos. Siguiendo este modelo, el voto indirecto se mantuvo vigente en el siglo xix en varios países latinoamericanos como el nuestro.

En línea con el pensamiento político de Immanuel Kant (1724-1804), la necesidad de restringir el voto a ciertos sectores de la población se justificaba en buena parte en el hecho de que no todos podían hacer uso de su razón y alcanzar, por ende, la mayoría de edad y una independencia civil. Es probable, como sostiene Fioravanti (2014, p. 38), que Kant haya arribado a esta conclusión al ser espectador contemporáneo de la etapa más radical de la Revolución francesa, la jacobina, en la que participaron los estratos sociales más bajos y que implicó un periodo de terror o violencia incompatible con los ideales y las garantías de las libertades individuales y de la protección a la propiedad. En este escenario, los hombres sin propiedades, sin educación o “incivilizados”, los hombres sin libertad y las mujeres10 no podrían —o “no debían”— participar en la elección de representantes ni en la toma de decisiones políticas. Como recuerda Przeworski (2019),

la relación entre [la propiedad] y el poder era íntima […]. No se puede confiar en el pueblo porque puede “errar”: lo dijo James Madison, lo dijo Simón Bolívar, y también Henry Kissinger. Y el peor error que podía cometerse era utilizar los derechos políticos en la búsqueda de la igualdad social y económica, asociarse con el fin de conseguir salarios más altos, condiciones de trabajo dignas, seguridad material y atacar la “propiedad”. Incluso cuando las clases más pobres no podían ya ser excluidas del voto, surgió una plétora de ingeniosos dispositivos para neutralizar los efectos de sus derechos políticos (p. 39).

El sufragio restringido fue incluido en las constituciones que sucedieron a las revoluciones liberales y se mantuvo aproximadamente hasta mediados del siglo xx en el mundo contemporáneo occidental. De ahí que, en sus orígenes, los primeros gobiernos representativos no fueron plenamente democráticos, pero constituyeron los marcos políticos sobre los cuales se dieron los movimientos sociales obreros y feministas de los siglos xix y xx que buscaron y lograron la ampliación de sus derechos políticos, en particular del sufragio universal masculino primero y del femenino después.