Gloria Amparo Rodríguez - Propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales agrícolas

En materia de avances en políticas públicas, se destaca la implementación en Colombia del proyecto desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la incorporación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad en agroecosistemas colombianos, en el marco del Objetivo de Desarrollo del Milenio ODM-7 sobre el diseño de mecanismos para garantizar la sostenibilidad del ambiente.

En esta iniciativa se identificó la necesidad de diseñar propuestas para complementar las políticas actuales en materia de conocimientos tradicionales, a fin de promover la conservación de la diversidad biológica y cultural, así como de contrarrestar los denominados —por el propio proyecto— ‘incentivos perversos’, que motivan al sector privado a destruir la biodiversidad en lugar de conservarla. La importancia de esta política pública radica en su enfoque catalizador para garantizar la recuperación de la agrobiodiversidad, la soberanía alimentaria y la creación de beneficios económicos para los grupos étnicos; fomentar la innovación respecto a los usos y utilidad de las prácticas tradicionales en el manejo de estos sistemas, en este asunto a partir del estudio de casos y prácticas en las regiones del Chocó, Andina y Amazónica, y fortalecer las estructuras institucionales y de los procedimientos de gestión para difundir los conocimientos relevantes, entre otros objetivos (PNUD, 2010). Y es que además del cambio de comportamiento necesario por parte de la sociedad, principalmente del sector privado, los avances en materia de políticas públicas se deben enfocar en la creación de incentivos y normas de apoyo sobre conocimientos tradicionales agrícolas o, lo que es lo mismo, en el diseño de ejes estratégicos normativos para salvaguardar los valores y prácticas tradicionales que al mismo tiempo promueven la conservación de la biodiversidad y garantizan la soberanía alimentaria de las comunidades que los desarrollan.

Tabla 1. Relación comunidades-beneficiarios-sitios piloto para la recuperación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad

Fuente: PNUD (2010).

Con base en lo anterior se formuló la propuesta de la Política pública pluricultural de protección de los sistemas de conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, que contó con la participación de grupos étnicos y comunidades campesinas provenientes de seis sitios piloto, según se detalla en la tabla 1. 266 familias participaron en la elaboración de este primer mapa de caracterización del conocimiento tradicional agrícola en Colombia, como insumo para el diseño de estrategias para la recuperación de semillas, variedades silvestres, ceremonias, prácticas y usos. En definitiva, es una iniciativa a destacar, no solo por su rol integrador de la diversidad agrícola y el conocimiento tradicional en Colombia, sino por su vocación como solución para el fortalecimiento de la capacidad local —principalmente de los tomadores de decisiones, las comunidades y organizaciones— en el manejo del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad.

Por otra parte, en cuanto a retrocesos en este sentido, de forma aunada a los viejos conflictos asociados al uso y la tenencia de la tierra, se evidencian políticas públicas traducidas en normas que ponen riesgo los conocimientos tradicionales agrícolas y la soberanía alimentaria de las comunidades que se abastecen de dichos conocimientos. Es el caso de la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) derogada y reemplazada por la Resolución 3168 de 2015 de la misma entidad, cuyo ámbito de aplicación ha impedido a estas comunidades que, como parte de sus saberes y tradiciones, destinen las semillas de los mejores productos de su cosecha para conservarlos con fines de resiembra.

La resiembra, quizás el uso principal más desplegado como conocimiento tradicional agrícola, se encuentra destinado a desaparecer (Uribe-Arbeláez, 2017), pues las semillas que se conservan y se reutilizan mediante este método ancestral son en principio semillas no certificadas, es decir, aquellas que no se ha producido a partir de la semilla básica o registrada, sometida al sistema de certificación del ICA, y que de acuerdo con las citadas resoluciones, no pueden destinarse para los fines de producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización o uso. Lo anterior, salvo que las comunidades puedan acogerse a la figura de la excepción o privilegio del agricultor:

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