Alberto Fernández se presenta como un hombre común y dentro de su marketing de alguien sencillo y confiable presenta su relación con Dylan, el perro de la familia. A diferencia de la tradición cultural argentina del “hombre común” –más limitado que sencillo, de humor chabacano y machista y valores siempre reaccionarios–, Alberto no se vuelve un costumbrista conservador. Es un hombre común que se presenta en la radicalidad del progresismo, implementando desde el día uno el protocolo para el aborto no punible, derogando medidas emblemáticas del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y mostrándose de la mano de su hijo drag queen al que no solo no esconde, sino que muestra y reivindica. Estanislao, su hijo, ya antes de asumir Alberto Fernández, se había constituido en una autopista de amor y adhesión hacia el presidente de muchísimas y muchísimos que no llegan a la política por las vías tradicionales. También su hijo aparece en una línea de confrontación con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyo hijo, que es diputado, se muestra en las redes fotografiándose con un conjunto de armas, expresando claramente en una imagen una grieta que es mucho más verdadera en cuanto a la mirada sobre la vida que representan y quieren representar uno y otro. Antagonismo que pasa de lo simbólico a las políticas concretas cuando, frente a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, Bolsonaro, imitando a Donald Trump, privilegia mantener la maquinaria económica por sobre la protección de vida en forma exactamente inversa que el Gobierno argentino.
Alberto no es un líder carismático, como fueron Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero reúne en su perfil la sensatez y la sencillez, que no impiden fuertes convicciones, una combinación muy original en la política argentina. Es un hombre que se muestra moderado y de diálogo, pero que visitó a Lula en la cárcel cuando acababa de ser electo el presidente que lo hizo encarcelar. Alberto se enfrentó a Bolsonaro, presidente del principal socio comercial del país, se permitió criticar a Piñera, el presidente de Chile, por las consecuencias de las políticas neoliberales y por la represión a los jóvenes que la enfrentan, y denunció como golpe el desplazamiento de Evo Morales y lo invitó a residir en la Argentina. Es un moderado y dialoguista que se anima a denunciar la prisión de arbitraria de funcionarios kirchneristas –más allá de la discusión sobre la pertinencia de la calificación de presos políticos–, durante la jura de sus ministros hizo una reivindicación pública de Carlos Zannini, ex funcionario de Cristina Fernández, preso varios meses durante el Gobierno de Cambiemos por el acuerdo con Irán de 2013. Si bien no reivindica a ningún acusado por hechos de corrupción, denuncia fuertemente la práctica punitiva e inconstitucional del abuso de las prisiones preventivas durante el Gobierno de Macri. En su discurso inicial ese fue justamente unos de los ejes que presentó como una batalla a dar durante su presidencia.
Alberto es el hombre que le va a dar un cierre a la reivindicación inorgánica que hizo el último kirchnerismo de la figura de Raúl Alfonsín. Alberto empezó y terminó su discurso –en general no se han nombrado otros presidentes en los discursos iniciales– reivindicando a Alfonsín. Reivindicó su agenda reformista para retomarla y propuso ser evaluado en esa perspectiva inicial de 1983 cuando termine su mandato, que será a los cuarenta años de recuperada la democracia. Empezó con Alfonsín y terminó su discurso con una de sus frases célebres como cierre de un programa de gobierno que quedó trunco en la primera gestión de esta etapa democrática. Alberto repitió, cambiando el orden original, pero sin dudas de la fuente citada: “Con la democracia se come, se cura y se educa”.
Los dos grandes logros de los 36 años de democracia que él reivindicó en su discurso inicial remiten en gran medida al primer Gobierno: la conquista de la democracia, los derechos humanos y la integración regional con el impulso que le dio Alfonsín al Mercosur. Los hitos por los que quiere ser recordado son hijos de estas tres conquistas, siempre inconclusas: la erradicación del hambre, el fin de la grieta –con la construcción publicitaria de la frase del Gobierno de unidad de los argentinos y mostrarse junto con Larreta de un lado y Kicillof en el otro en el medio de la crisis desatada por la pandemia, muestra también un intento por mostrarse como el dirigente que superará rivalidades e intentará modificar las reglas de convivencia democrática–, y, por último, una agenda estratégica para el desarrollo, que no ha habido en estos casi cuarenta años y que claramente estará vinculada, de concretarse, a la profundización de la integración regional. El ahondamiento de la crisis a comienzos de 2020 puso las prioridades económicas bastante más abajo de lo pensando en diciembre de 2019 y el cortoplacismo volverá a acechar seguramente sobre las agendas más estratégicas siempre pospuestas.
El discurso de inicio puso también centralidad en la cuestión de la deuda, que se vio en las prioridades del primer paquete de medidas y en la primera ley votada por el Congreso bajo este Gobierno: Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Nombró a Martín Guzmán como ministro de Economía, formado en la universidad pública argentina, pero doctorado en Columbia, especializado en renegociación de deudas soberanas e hijo pródigo de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y detractor del sistema financiero internacional. En esta elección claramente puso como prioridad de la primera etapa del Gobierno la renegociación con el FMI y los acreedores privados. Este Gobierno arrancó con una convicción que comparte toda la dirigencia política: la Argentina de ninguna manera puede pagar en cuatro años 150 000 millones de dólares y unos 50 000 millones en pesos, que es lo que tendría que pagar sin reestructuración alguna. Todas las medidas que podrían implicar reformas estructurales se patean para después de los acuerdos (tanto con los bonistas privados como el FMI), intentando mostrar independencia política.
La emergencia de la pandemia del coronavirus y los planteos del FMI acerca de lo insostenible de la deuda argentina cambian todos los planes y ponen la posibilidad de un default total o parcial de la deuda en situación de menor dramatismo que la que hubiera sobrevenido de no haber existido esta crisis mundial.
Hay, sin embargo, gestos y medidas de una ingeniería que se construye no sobre la abundancia sino sobre la escasez: la promesa de no emisión para pagar deuda en pesos en un gesto de racionalidad y de cuidado de la variable inflación, aunque sí aceptar una fuerte emisión para evitar un desbarranco económico y social producto de la cuarentena decretada a partir del 20 de marzo de 2020. Subas de impuestos a los sectores de mayor rentabilidad y una batería de medidas que impactan positivamente en los dos deciles más sumergidos en la distribución del ingreso. Desde la tarjeta alimentaria que implica un gasto anual de 1500 millones de dólares, como el bono a los jubilados que cobran la jubilación mínima, que es casi el 50% del total de jubilados y jubiladas, y el intento resistido de achicar la brecha entre los que más cobran y los que cobran la mínima que es una radiografía de lo desigual que es la distribución del ingreso en nuestro país. El ajuste vía ingresos de las jubilaciones intermedias y altas se compensa con otras medidas como la vuelta a la distribución gratuita de alimentos y el impacto que produce el freno al aumento de tarifas. El pago de jubilaciones y pensiones en 2020 representará un 35% del presupuesto nacional, es claro que gran parte de la tensión entre mayor recaudación y ajuste del gasto estará puesta en el gasto previsional, que viene siendo el foco principal de exigencias del FMI, porque representa un volumen altísimo sobre el total del gasto público. El congelamiento de tarifas de servicios públicos hasta junio de 2020 frena parcialmente otra fuente de transferencias de ingresos de los sectores asalariados y empresarios hacia las empresas energéticas que impactaron fuertemente en los años del Gobierno macrista en el aumento abrupto del porcentaje de ingresos destinado al pago de servicios de la mayoría de la población y del sector productivo. Medidas y gestos: responsabilidad fiscal, equilibrio entre presión tributaria y ajuste, medidas fuertes sobre los sectores más sumergidos y muestras de predisposición, pero también de autonomía política, frente a la negociación con el FMI. Los sectores medios, que se habían beneficiado casi de inmediato con el kirchnerismo, no serán esta vez los beneficiarios directos de medidas de reactivación en una ingeniería económica y política muy difícil en medio de la escasez y de la nula protección mediática con la que nació este Gobierno y de la que gozó ampliamente el Gobierno de Mauricio Macri.
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