Guillermo Levy - La caída

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La derrota de Mauricio Macri en las elecciones de octubre de 2019 dio por terminado en un ciclo presidencial que ya tenía fecha de vencimiento. Pero, ¿cuándo comenzó el derrumbe? ¿Cómo se explica este pasaje drástico del optimismo a la agonía? Guillermo Levy da respuesta a estas preguntas en «La caída». A partir de un repaso de los casi cuarenta años de democracia argentina y la articulación de las dimensiones políticas, culturales y económicas Levy analiza cómo esta coalición, que logró responder a las demandas ideológicas de gran parte de la sociedad, fracasó como fuerza al gestionar el Estado. La caída es también un ensayo al futuro de la vida política y social argentina, a partir del triunfo de Alberto Fernández, la pandemia del coronavirus y las posibilidades de Juntos por el Cambio de seguir compitiendo como espacio político.

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El progresismo que coagulaba en la transición a la democracia revalorizaba las instituciones liberales y el liberalismo político. De esta manera se selló un pacto entre esos universos políticos progresistas –tanto del partido radical como del peronista–, que a su vez mantuvieron una tensión y un diálogo con los sectores conservadores de ambos partidos. Una apropiación del liberalismo se construyó sobre esa imagen que persiste sobre el peronismo, del desborde y de la desmesura: ya sea del ejercicio del poder, de verticalismo y de cierta banalización de las instituciones como territorios para dirimir las diferencias.

El campo progresista ya no estaba solo poblado por el alfonsinismo, los herederos del viejo Partido Socialista. Toda una intelectualidad que venía de distintas experiencias confluyó en el alfonsinismo. Se puede mencionar al grupo Esmeralda –en el que sobresalían Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola y Margarita Graziano– o algunos centros de investigación, think tanks, que proveyeron técnicos e intelectuales al Gobierno de Alfonsín, como por ejemplo el CISEA (Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración) –del que salieron el canciller Dante Caputo y Jorge Sabato, ministro de Justicia–, el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) –de donde provenía Oscar Oszlak– y el IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social), de donde vendría Juan Vital Sourrouille, quien fuera ministro de Economía e ingeniero del Plan Austral. El grupo Esmeralda fue un antecedente de lo que sería Carta Abierta durante el kirchnerismo. Intelectualidad comprometida con un gobierno al que le construyó relatos y también, a veces, le marcó críticas.

Por otro lado, la renovación peronista y el Partido Intransigente –que aglutinó muchos ex militantes de grupos revolucionarios no peronistas de los setenta–, que en 1985 sacaron el 6% de los votos a nivel nacional, fueron reconfigurando el campo progresista y al mismo tiempo dividiéndolo en dos sectores: por un lado, peronistas y por otro, una izquierda que tenía una valorización positiva sobre el rol del peronismo en la historia argentina y sentía más empatía con la renovación de ese partido que con el alfonsinismo. Mucho de ese progresismo cada vez más lejano de Alfonsín, se referenciaba en la figura de Alan García, joven presidente del Perú que mostraba una actitud más dura que Alfonsín con los acreedores externos. Por otro lado, el progresismo que se definía fundamentalmente por su antiperonismo, que seguía marcando la cancha de la democracia liberal, no solo enfrentaba a los militares sino también, más o menos explícitamente, al peronismo.

Ambos partidos mayoritarios tenían en sus filas otra “grieta” que iría dividiendo aguas: progresistas y conservadores. El radicalismo tenía a Alfonsín, pero también a De la Rúa, el peronismo tenía a Cafiero y también a Domingo Cavallo.

La Unión del Centro Democrático (UCEDE) fue la contracara del Partido Intransigente. Una parte del desgranamiento del voto radical y peronista se convirtió en una expresión pura del neoliberalismo conservador, mientras otra parte de esta deriva terminó en una expresión más pura de un progresismo que se proponía una agenda liberada de todas las contradicciones de los partidos mayoritarios. En la legislativa de 1985, la UCR perdió ocho puntos con respecto a 1983 y el peronismo cinco puntos y medio. La mayoría del desgranamiento se repartió, por derecha e izquierda, entre el PI y la UCEDE que entre los dos arañaron los 10 puntos en todo el país.

Volviendo a 1987, Alfonsín debió negociar con Aldo Rico y ese progresismo ilusionado con el juzgamiento de todos los responsables de la represión estatal comenzó a decepcionarse. A Cafiero, ya gobernador, no le fue mejor. Su apoyo a la agenda alfonsinista, la crisis económica y, paradójicamente, la realización de internas –inéditas en ese partido– fueron estragando su poder.

En 1988, Cafiero perdió las elecciones internas contra el binomio Menem-Duhalde y se fue estableciendo otra estrategia dentro del peronismo que terminaría con una oposición a ese progresismo que venía cimentando la renovación. Cafiero se fue quedando sin acuerdos al interior de su propio peronismo bonaerense. No logró reformar la Constitución bonaerense para obtener la reelección como gobernador. Alfonsín y Cafiero se desgastaron. Uno, por la crisis económica y el daño moral que le había ocasionado la Ley de Obediencia Debida, y el otro, por la interna del justicialismo. Ese progresismo quedó como un “espacio circulante” decepcionado y aterrado por la crisis económica y luego por la hiperinflación.

El progresismo “gorila” y el progresismo “nacional y popular” súbitamente quedaron en retirada cuando todo indicaba que Antonio Cafiero sería el próximo presidente. Una agenda progresista con control estatal se diluyó y debería esperar varios años para retornar. El kirchnerismo protagonizó, sin dudas, la recuperación de esta agenda progresista de la transición democrática trunca en 1989. No todos los herederos del campo progresista de esos años lo vieron así.

En 1989 se produjeron dos hechos conmovedores: el 23 de enero fue el intento de copamiento del cuartel del Ejército en La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria y en noviembre cayó el Muro de Berlín. Ambos acontecimientos reforzaron a ese progresismo que optaba por cambios no violentos del orden político. La coagulación progresista, suscitada por el alfonsinismo, la renovación peronista y la gran parte de los organismos de derechos humanos había construido un límite a la aprobación a ese intento guerrillero.

La caída del Muro de Berlín venía a refrendar una conclusión que el progresismo post recuperación democrática había sacado: los procesos revolucionarios traían sangre, autoritarismo y caída. De ahí en más, ese progresismo empezaría a buscar energías vitales en las socialdemocracias realmente existentes o a bucear en nuevas teorizaciones. El comunismo europeo no era bandera del progresismo argentino, pero su caída impactó en su agenda cultural, al menos en una buena parte.

La nueva agenda del eufórico neoliberalismo fue permeando la agenda política y cultural de parte del progresismo argentino: los excesos ya no estaban representados por la violencia política, sino por la corrupción y la prepotencia institucional. Esta categoría nació sesgada para hacer visible en forma negativa solo algunas prácticas de poder estatal y no otras. El objetivo era denostar gobiernos que intentaran ejercer la política con autonomía de las corporaciones. Así, sería prepotencia institucional la propaganda oficial financiada con fondos públicos y no el endeudamiento externo impuesto para financiar fuga de capitales. El neoliberalismo había metido la cola y el todo el progresismo argentino vivió bajo la idea de compartir una agenda común durante los noventa mientras al Estado lo condujo Carlos Menem. Si bien este progresismo ya era un campo escindido, donde el peronismo constituía un eje central del borde que separaba ambas experiencias, las enormes diferencias no explotaron hasta antes de la crisis de 2001 y, sobre todo, hasta el kirchnerismo. También, en una escala más chica, fue clave el rol del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) como un eje que reunió a todos los espacios progresistas militantes en contra de Menem, convocados por la recién creada Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Para las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989, el radicalismo ofreció a Eduardo Angeloz quien, ante la crisis económica, se inscribió en las salidas ortodoxas que se proponían para la crisis de deuda, tanto en Argentina como en América Latina. El radicalismo de Alfonsín –que había sondeado conjuntamente con Alan García resolver la crisis de la deuda de una manera no ortodoxa y había participado en el Grupo Contadora para colaborar con la resolución de los conflictos armados en Centroamérica– se vio enfrentado a una propuesta radical embarcada en resolver la crisis económica con recetas neoliberales. Con las candidaturas de Eduardo Angeloz y Carlos Menem, el progresismo que había coagulado en los primeros años de la recuperación democrática quedó perplejo y se preparó para reforzar sus identificaciones con los recursos que proveyó el Gobierno de Carlos Menem.

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