Antonio Moya Jiménez - Responsabilidad del Sistema Sanitario y Farmacéutico

Cuestión fundamental en este asunto son los médicos, los farmacéuticos y los demás profesionales sanitarios que asisten a los pacientes, y también los centros hospitalarios y demás centros sanitarios que dan cobertura y cobijo a los enfermos.

Este libro está enfocado a ofrecer al lector, profesional del derecho o personas interesadas en estos temas, un conocimiento general sobre la organización y el régimen jurídico del sistema sanitario y del sistema farmacéutico en este país, dando una visión general amplia y detallada, para que se pueda tener por el lector un concepto general sobre estos aspectos.

Trata sobre los aspectos generales del Derecho Sanitario y del Derecho Farmacéutico, su organización, legislación y jurisprudencia.

Se habla sobre el derecho a la salud de los pacientes, los derechos de los pacientes, la responsabilidad contractual y extracontractual médica, de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal y la civil subsidiaria, responsabilidad de los centros sanitarios, públicos y privados, responsabilidad de la Administración Sanitaria, el consentimiento informado y los seguros de salud.

Otro tema tratado son el de las cuestiones fundamentales que giran en torno al Derecho Farmacéutico, para que el lector tenga una idea general de los que son las oficinas de farmacia y su régimen jurídico, los farmacéuticos y su regulación y responsabilidad, el régimen legal de los medicamentos y las clases de medicamentos, las fórmulas magistrales y los preparados oficiales, las vacunas, la patente farmacéutica, los laboratorios farmacéuticos, la prescripción médica y la receta médica, entre otros aspectos relacionados con el sistema farmacéutico.

En otro capítulo también se habla sobre otras cuestiones fundamentales relacionadas con los medicamentos y los farmacéuticos, y sobre los derechos de los pacientes al adquirir y tomar esos medicamentos. La responsabilidad de los farmacéuticos, la responsabilidad por medicamentos defectuosos y dispensación errónea de los mismos, la responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos, los derechos de los pacientes de enfermedades raras, los derechos que asisten a los pacientes ante los ensayos clínicos, y la objeción de conciencia farmacéutica, entre otros aspectos.

Se da también una especial importancia en el texto a la jurisprudencia sobre estas materias, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo español, y la llamada “jurisprudencia menor”, es decir, las sentencias de las diferentes Audiencias Provinciales que también tienen gran importancia jurídica en los temas tratados en este libro.

Capítulo I

Aspectos generales de la asistencia sanitaria

1. Introducción.

En este capítulo introductorio del libro se tratan las cuestiones y aspectos generales que rodean a la Asistencia Sanitaria, que componen la protección a la salud de los españoles y los residentes en este país, señalando la normativa legal fundamental que regulan las cuestiones sanitarias y farmacéuticas.

La autonomía del paciente y la autorización judicial para ciertas intervenciones quirúrgicas necesarias también se trata en este capítulo, así como las funciones de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y el ámbito y organización de la sanidad en España, a través de la Administración central, las Comunidades Autónomas y los municipios.

Son también objeto de estudio y atención en este apartado los distintos tipos de centros sanitarios y las diferentes prestaciones sanitarias a los pacientes.

2. La protección de la salud y la asistencia sanitaria.

Tal y como señala Diego Martínez Martín, en el libro Curso Básico de Derecho Farmacéutico, editado por ASEDEF, Edición 2014, la protección de la salud y de la asistencia sanitaria constituyen bienes y servicios básicos en las sociedades industriales avanzadas. En el entorno europeo tales bienes y servicios son mayoritariamente responsabilidad de las administraciones públicas, forman parte esencial del Estado del Bienestar. La regulación de la protección de la salud y de los derechos a la asistencia sanitaria es objeto del ordenamiento sanitario, que toma como base en España, el mandato de los artículos 41 y 43 de la Constitución.

El ordenamiento sanitario, cuya norma básica se contiene en la Ley 14/1986, General de Sanidad, engloba distintos sectores, entre otros, el “derecho farmacéutico”, relativo al régimen de los medicamentos y productos sanitarios y a la actividad de las Oficinas de Farmacia.

Recordemos que el artículo 41 de la Constitución Española dice: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

El artículo 43 de la Constitución añade: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

3. El Sistema Nacional de Salud. Breve historia y financiación.

3.1. El Sistema Nacional de Salud

Es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado, y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas de manera que en él se integran todas las estructuras y servicios públicos sanitarios. Fue creado para articular mejor las competencias de las diversas Administraciones Públicas. Además, con ello se persigue extender los servicios sanitarios de manera que sea fácil el acceso a toda la población, procurando altos niveles de calidad y coordinación.

Este sistema engloba a las prestaciones y servicios sanitarios de España, que de acuerdo con la ley son responsabilidad de los poderes públicos. Fue creado en el año 1908, y poco a poco fue extendiendo su cobertura, previo pago de los servicios asistenciales, a toda la población española. En el año 1989 se completó este proceso y desde entonces la asistencia sanitaria en España es universal y gratuita, con la excepción del turismo sanitario.

En España, conforme al principio de descentralización promulgado por la Constitución de 1978, y tras la disolución del INSALUD en el año 2002, la competencia sanitaria está transferida a cada una de las comunidades autónomas, y el Gobierno central tan solo presta este servicio directamente a Ceuta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y realiza labores de coordinación generales y básicas entre las distintas comunidades.

Regulado en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se enumera las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 46:

1. La extensión de sus servicios a toda la población.

2. La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de promocionar la salud como de la prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.

3. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único.

4. La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizarán mediante recursos de las Administraciones Públicas con las cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios.

5. La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad. Debido a la asunción de competencias en materia de salud por las Comunidades Autónomas, la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, regula el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano permanente, de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado, teniendo como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. Está constituido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que lo preside, y por los Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas. Es el principal instrumento de configuración de este Sistema, conociendo, debatiendo y, en su caso, emitiendo recomendaciones sobre diversas materias, como el desarrollo de la cartera de servicios correspondiente al Catálogo de Prestaciones, el establecimiento de prestaciones sanitarias complementarias, los criterios marco que permitan garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones, los servicios de referencia o los criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos sanitarios, entre otras.