Aníbal Sierralta - Contratos de comercio internacional

Ya no es posible dividir el mundo, por lo menos de la manera tan radical como ocurría hasta comienzos del actual decenio, en economías de mercado y en economías centralmente planificadas. Hay un acercamiento evidente de ambos sistemas, un movimiento hacia la centralización en Occidente y a la descentralización en Oriente.

En los grandes centros de poder de las economías de mercado, se ha desenvuelto de manera armónica la privatización de las empresas del Estado, la reducción de impuestos y la integración de mercados. Como subproducto de la privatización ha surgido el «capitalismo del pueblo». Los ciudadanos compran acciones de las empresas públicas. En Inglaterra, el número de accionistas supera al de los empleados sindicalizados. En Argentina, Colombia y Bolivia, una corriente creciente de ciudadanos se une a las huestes de participación accionaria popular, aunque ello se haya debilitado a fines de los noventa con el empobrecimiento de su clase media y, en consecuencia, su débil o nula capacidad de ahorro.

La modernización de Deng Xiaoping en China (1979) se convirtió en el preludio de la perestroika y el glasnot de Gorbachov. Hoy, se habla de «centralismo democrático» y no más de «economías centralizadas». Los propios comunistas proclaman que el conflicto de clases no es más un tema válido de discusión ideológica. Con gran esfuerzo e indudable sacrificio, las economías centralizadas tratan de digerir conceptos como lucro, sistema de precios, recompensa o retribución por el esfuerzo individual, incentivos al capital extranjero.

La práctica comercial de las empresas transnacionales —OXI, McDonald’s, Coca Cola, Halliburton, IBM— y sus esquemas de penetración internacional tanto en los bloques socialistas como en los países en desarrollo o NIC (por sus siglas en inglés: new industrialized country) han demostrado que las diferencias ideológicas son irrelevantes y fáciles de ignorar en los contratos internacionales de joint venture o de franchising.

Si la coproducción logra reducir las tensiones de los bloques e incrementa la prosperidad de Oriente, entonces ambos, Oriente y Occidente, pueden dedicarse a solucionar lo que es tal vez un problema más importante que su mutua hostilidad: cerrar la brecha que existe entre los niveles de vida del norte y del sur, entre los desarrollados y los menos desarrollados. Los países más pobres de Asia, África y Latinoamérica han empezado a mirar su histórica pero de ninguna manera inevitable pobreza, propensa a un mejoramiento por sus propios esfuerzos y con la ayuda de los países desarrollados (Benoit, 1966, pp. 9-18).

Los esfuerzos de integración y la relación de sus componentes con otros intentos de vinculación subregional son una muestra de que las economías de los países y sus posibilidades comerciales no pueden vivir como unidades autárquicas, sino interligadas.

Las dificultades de los procesos de integración latinoamericana —Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Mercado de los países del Caribe (CARICOM) y Mercado Común Centroamericano (MCCA)— se produjeron particularmente por un ambicioso esquema de sectorialización industrial, por el interés inicial en delimitar las tecnologías o la inversión extranjera o por esquemas de producción de tecnología de punta cuando no se tenía un sector agropecuario fuerte y desarrollado ni centros de formación técnica para enfrentar dichos desafíos. Los grandes obstáculos de la integración tal vez encuentren una salida: la interrelación comercial. Esa es la interdependencia más ágil y práctica. Son las medidas comerciales las que producen un efecto directo en el desarrollo industrial y en la integración de las naciones. Tal vez el MERCOSUR sea un ejemplo de ello.

Esta interrelación ha reorientado igualmente las estrategias de producción y muchos productos son fabricados por piezas en distintos países, lo que ha hecho aparecer nuevas formas de inversión en el mundo y nuevas unidades, como las transnacionales, que han propiciado, particularmente dentro de los países latinoamericanos, la formulación de legislaciones promotoras.

El comercio exterior antecedió, hace cientos de años, a la industrialización. Las relaciones entre política comercial y desarrollo industrial son estrechas y consecuentes. Si, por ejemplo, un país establece barreras al comercio exterior, pero no introduce las mudanzas apropiadas en sus políticas fiscal, monetaria y cambiaria, es seguro que no logrará una industria nacional eficiente, ya que las empresas venderán por encima de los precios internacionales. En tanto que si liberaliza todo el mercado suprimiendo cualquier barrera, incluso estableciendo un arancel plano o igual para todos los productos importados, es posible que desaparezca su industria nacional, ya que las grandes transnacionales y los subsidios que los países industrializados dan a sus empresas —particularmente al sector agrícola— competirán con ventaja frente a una industria que aún no se ha consolidado en el mercado externo.

Por otro lado, si hay una tasa cambiaria sobrevalorizada, los empresarios verán más atractivo importar equipos y bienes intermedios a precios inferiores al del costo real para la economía. De esa manera, la vaporización de la producción y la subvalorización de los insumos y bienes de capital exacerbarán los lucros de las industrias, al tiempo que la subvalorización de las exportaciones y de los productos agrícolas disfrazará burdamente su contribución potencial de crecimiento. Finalmente, veremos cómo se desalentará al exportador; ya que, al salir a los mercados externos, encontrará que no tiene precios competitivos. A su vez, el consumidor nacional seguirá pagando el largo y alto costo de la ineficiencia. Sin embargo, una paridad cambiaria frente a una moneda fuerte, como es el dólar, no siempre será estimulante para el sector exportador de manufacturas, que tiene que orientar recursos para abrir mercados asumiendo mayores costos en la adquisición de servicios —financieros, transporte, seguros, tecnológicos, adecuación a las reglas de estandarización internacional—, cuyos precios crecen periódicamente y son pagados en dicha divisa, en tanto que su convertibilidad en el mercado local le impedirá obtener más moneda nacional para cubrir, con salarios nacionales, insumos locales o servicios de su propio país. Ejemplos negativos de esta política ortodoxa de paridad cambiaria son los casos de Argentina y Ecuador. En efecto, cuando hay un sector exportador manufacturero, la paridad en el corto plazo es desestimulante para el exportador; pues, por los precios crecientes del sector servicio y tecnológico, tiene que orientar cada vez más divisas para adquirir servicios, insumos, partes y piezas, así como tecnologías del exterior, en tanto que la conversión de dichas divisas a moneda nacional sigue siendo exactamente igual para pagar salarios, materia prima y servicios básicos, lo que hará languidecer sus beneficios cuando no determinará su total desaparición. De esta manera, las políticas de comercio exterior, si bien tienen que ser claras, deben ser flexibles y oportunas para estimular a los empresarios latinoamericanos, que no controlan las finanzas internacionales ni menos los mercados de divisas.

Es particularmente conveniente adoptar medidas urgentes para enfrentar los problemas de contracción de la actividad comercial al interior de los diferentes procesos. Aquí reside una de las grandes tareas de los próximos años: incrementar significativamente el comercio intrarregional; para lo cual se deben adoptar las medidas fiscales, la uniformización administrativa de las aduanas, la ecualización de determinada legislación y el mejoramiento de los canales de distribución que faciliten el intercambio de productos entre nuestros países. Ello permitirá que los grandes mercados se unan y América Latina se encamine efectivamente hacia la integración que ha sido negada y obstaculizada por los grandes países industrializados.