Nidia Aylwin - Trabajo Social Familiar

En segundo lugar, la formulación de políticas debe asegurar que la familia no se convierta en un mecanismo más de discriminación y exclusión social. En la familia los individuos deben adquirir las capacidades que los hagan competitivos, pero la competencia no debe ser criterio de funcionalidad al interior del núcleo familiar. Por el contrario, el núcleo familiar debe convertirse en un ámbito donde los individuos se vean liberados de las fuerzas del mercado y encuentren los elementos afectivos que les permitan el enriquecimiento de sus facultades como seres humanos, solidarios y justos.

En tercer lugar, las políticas de familia deben concebirse como parte sustantiva de la política social, dirigidas al conjunto de las familias, independientemente de las formas que adopte cada una de ellas.

En cuarto lugar, tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación de las políticas y estrategias para la familia, debe buscarse la cooperación adecuada entre el Estado y la sociedad civil, para fortalecer el rol fundamental e inalienable de la familia, cual es el de brindar afecto y favorecer el desarrollo de la solidaridad entre sus miembros.

Los cuatro puntos señalados por Maurás apuntan a aspectos centrales que requieren ser considerados al abordar políticas y programas para la familia.

Se refuerza así la importancia de la integración de las políticas económicas y sociales en un modelo de desarrollo centrado en las necesidades humanas, y la ampliación del foco de estas políticas, de modo que consideren al individuo en un contexto familiar y a la familia en su contexto social.

Importante a este respecto es el aporte de Jelin (1997), que propone repensar las intervenciones públicas hacia la familia a fin de introducir en todas ellas una consideración de la equidad de género, y señala tres grandes áreas donde el Estado debiera intervenir en el campo de las relaciones familiares: fomentar la equidad, defender los derechos humanos y promover la solidaridad grupal.

Lo anterior implica, ante todo, que la intervención del Estado se oriente a la ampliación de oportunidades que generen mayor equidad, debilitando así la tendencia de la familia a trasmitir y reforzar patrones de desigualdad existentes en la sociedad, como las desigualdades económicas y de género.

Implica también que el Estado debe intervenir frente al problema de la violencia doméstica, que es una clara violación de los derechos humanos, y que afecta preferentemente a las mujeres y también a los niños en la familia.

Finalmente, el Estado a través de sus intervenciones debe apoyar las redes sociales de la familia y la gestación de espacios de sociabilidad y de organizaciones intermedias que promuevan la participación democrática en la vida social.

1.8. El papel mediador de la familia en las políticas sociales

El papel mediador de la familia es una consecuencia de su difícil posición intermedia entre los individuos y la sociedad, que la enfrentan a demandas múltiples y contradictorias. Por una parte, ella debe desempeñar las funciones que le asigna la sociedad, adecuarse a sus políticas, trasmitir sus valores y sus normas. Por otra, debe responder a las necesidades y requerimientos de cada uno de sus miembros individuales. Las demandas provenientes de estos dos polos, que la familia está recibiendo permanentemente, no son siempre congruentes ni fáciles de descifrar. Más aún, cuando la familia misma, como grupo, tiene sus propias necesidades y aspiraciones que pueden entrar en conflicto con las de sus miembros y las de la sociedad.

Sobre la base de lo planteado hasta aquí, las familias pobres son las que se encuentran en una posición más difícil para asumir este papel mediador porque la carencia generalizada de recursos en que viven hace que fallen en responder tanto a las necesidades de sus miembros como a las de la sociedad. La frustración cotidiana a que se ve sometida la familia por esta situación y la imposibilidad de encontrar caminos de salida a ella, genera una secuencia de conflictos que alteran gravemente su funcionamiento, afectando su estabilidad e integración.

Reconociendo la importancia y complejidad de esta mediación global entre los individuos y la sociedad que realiza la familia, analizaremos a continuación cómo se realiza esta mediación en relación a las políticas sociales.

La forma como se ejerce el papel mediador de la familia no es estática, sino dinámica y se va modificando en el transcurso de su desarrollo. El sistema familiar tiene un límite o frontera que lo identifica y lo separa del medio actuando a modo de membrana porosa, en la expresión de Ackerman (1977). Su función es proteger a la familia como una envoltura, permitiendo un intercambio selectivo entre sus miembros y el mundo externo, por eso es flexible y cambiante como una ameba, extendiéndose para establecer relaciones con una parte de su medio y contrayéndose cuando suspende o termina esa relación. De esta manera la familia protege a sus miembros del impacto cotidiano del medio ambiente, aislándolos de las influencias para ella indeseables y conectándolos con las influencias y recursos que pueden ayudarlos a satisfacer sus necesidades.

Condiciones adversas al interior de la familia o en el ambiente circundante pueden destruir esta envoltura en cuyo caso los miembros recubiertos por ella pierden su protección, situación que se observa con frecuencia en las familias en situaciones de crisis.

Los padres son los que marcan este límite y operan como principales puentes entre la familia y el ambiente externo. En las primeras etapas del ciclo familiar todas las transacciones entre la familia y su medio son organizadas y operadas por los padres. En etapas posteriores del ciclo familiar los niños pasan también a tener importancia en esta vinculación.

En relación a las políticas sociales, la mediación que la familia realiza se manifiesta en que ella es condicionante del uso de los bienes y servicios que los programas sociales ofrecen (Gallardo, 1993). Esto significa: a) que sin la intervención de la familia muchos de estos bienes y servicios no tienen posibilidad de acceder a sus beneficiarios potenciales; y b) que la familia puede facilitar o entorpecer el uso adecuado de esos bienes y por lo tanto la eficacia de la política respectiva.

Nuestra práctica profesional nos ha permitido conocer directamente la importancia de este condicionante familiar, entre cuyos ejemplos más extremos podríamos recordar en el pasado la negativa de muchas familias a que sus hijos consumieran la leche que los servicios de salud les donaban y su uso para rayar canchas de fútbol y para alimentar animales, o la negativa de familias mapuches a utilizar como vivienda determinadas casas que se les construyeron y que no eran adecuadas a sus pautas culturales en relación a la vivienda.

Es especialmente importante la función mediadora de la familia en relación a los programas de salud y educación orientados a los niños. En éstos, es mayoritariamente la madre la que tiene que hacer los trámites para que el niño sea atendido por el programa y es ella la que tiene que preocuparse de que el niño asista a la escuela regularmente o que se someta a los controles de salud y a las vacunaciones. En el caso de la alimentación complementaria, es ella la que tiene que prepararla y hacer que el niño la consuma. Es decir, sin la colaboración de la familia el programa no tiene posibilidad de llegar a sus beneficiarios potenciales.

Pero también en relación a programas para adultos la familia puede facilitar o bloquear el acceso de sus miembros a ellos. Piénsese en adolescentes a quienes sus padres no les dan permiso para asistir a programas para jóvenes, en programas para mujeres a las que éstas no pueden incorporarse por negativa de sus maridos, etcétera.