Diego Arredondo Ortiz - México - transición y vértigo

7. ESCASEZ DE MEDICAMENTOS

Cambios en el sistema de salud nacional originaron escasez de medicamentos, entre ellos algunos destinados a niños con cáncer como el metotrexato. El 26 de agosto familiares de pacientes del Hospital Infantil de México bloquearon el acceso al aeropuerto de la capital del país para exigir medicinas. El gobierno federal insistió en que combatía la corrupción pues hay laboratorios que abusan con la venta de fármacos y que resolvería el problema.

8. CAMBIOS EN EL GABINETE

El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, renunció el 9 de junio. Explicó que su decisión se debió a que el gobierno federal tomaba decisiones en política hacendaria sin sustento y que personajes influyentes del gobierno impusieron a funcionarios sin conocimientos. López Obrador aceptó que tuvo discrepancias con Urzúa porque este presentó un plan de desarrollo neoliberal “como si lo hubiese hecho [Agustín] Carstens o [José Antonio] Meade”. (12) Añadió que el exsecretario tuvo también diferencias con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y con la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat. Cuando esta fue nombrada ministra de la Suprema Corte, Raquel Buenrostro ocupó su lugar. El 12 de julio el delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, renunció tras ser acusado de conflicto de interés y corrupción pues sus empresas farmacéuticas eran proveedoras de instituciones públicas. La Secretaría de la Función Pública informó en septiembre que, por proporcionar información falsa, esas compañías serían multadas y quedaban inhabilitadas por dos años y medio para vender medicina al gobierno.

9. SUELDOS DE FUNCIONARIOS

La Suprema Corte avaló el 10 de julio que los funcionarios de los organismos autónomos puedan ganar hasta 40% más que el presidente de la república. De esta manera la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos no se aplicará para empleados de instituciones como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El 2 de julio el Senado aprobó la Ley de Austeridad Republicana y la modificación de otras dos normas federales. La Cámara de Diputados hizo lo propio el 8 de octubre. El nuevo ordenamiento prohíbe a los servidores públicos de alto nivel que al dejar su función ocupen cargos en empresas privadas relacionadas con el tema en el que estuvieron involucrados por un periodo de diez años. También impide la compra de mobiliario y autos de lujo, seguros de ahorro y remodelaciones de oficinas por cuestiones estéticas.

10. PETRÓLEOS MEXICANOS Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El general Sócrates Herrera Pegueros, quien fuera gerente de seguridad física de Pemex, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el robo de combustibles. Édgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes, fue inhabilitado 15 años para ocupar cargos públicos y deberá pagar una multa de 3,225 millones de pesos por irregularidades en la compra de una planta de fertilizantes. Miguel Ángel Lozada, director de Pemex exploración, fue separado de su cargo pues se le investiga por malos manejos. Tras dirigir durante 26 años el sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps renunció el 16 de octubre. Es investigado por corrupción.

El 26 de julio un grupo de “huachicoleros” atacó y retuvo a personal de Pemex en Tepeaca, Puebla, y se enfrentó a miembros de la Guardia Nacional. Hubo cuatro lesionados y 13 detenidos. Una toma clandestina en Nextlalpan, Estado de México, provocó el 2 de agosto una fuga de gas que obligó a la evacuación de tres mil personas. El 20 de agosto otra toma obligó a cerrar la autopista Puebla–Acatzingo y al desalojo de pobladores. En diciembre la empresa presentó un informe en el que afirma que, en 2019, el robo de combustibles se redujo en 94%, con lo que se ahorraron 23 mil 800 millones de pesos.

El gobierno mexicano y los organismos empresariales establecieron el 24 de julio acuerdos para la inversión privada en el sector energético. Entre otros compromisos se estableció que las inversiones en petroquímica serán de la iniciativa privada. De acuerdo con el informe que Pemex entregó en octubre al Banco de México la empresa perdió 176,367 millones de pesos en los primeros nueve meses del año. En noviembre sufrió un ciberataque en el que parte de su información fue “secuestrada”. Los piratas informáticos exigieron 4.9 millones de dólares por liberarla. El gobierno federal afirmó que no pagaría.

A principios del semestre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que abriría arbitrajes internacionales contra cláusulas de contratos de cuatro empresas para el transporte de gas. De acuerdo con la empresa los acuerdos eran abusivos. El Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial expresaron que la medida desalentaría la inversión. En agosto las partes llegaron a un acuerdo con el que la CFE ahorraría 28% en el transporte de gas.

11. PROTESTAS DE LA POLICÍA FEDERAL

Cientos de elementos de la Policía Federal se manifestaron contra la intención de ser transferidos a la Guardia Nacional, pues consideraban que no se respetarían sus derechos laborales. El gobierno federal aseguró que ningún efectivo sería despedido y que, si no reunían los requisitos para integrarse al nuevo cuerpo, serían destinados a otras labores. En los primeros días de julio realizaron un paro y más de dos mil agentes tomaron las instalaciones de la corporación en la Ciudad de México. Luego los inconformes se dividieron en dos bandos: uno mantuvo las negociaciones con las autoridades y otro las rompió. El 13 de septiembre los agentes bloquearon accesos al aeropuerto de la capital del país, el 4 de octubre y el 12 de noviembre repitieron esta acción. En la última fecha se enfrentaron con policías de la Ciudad de México. Hubo 32 lesionados y miles de usuarios resultaron afectados.

12. CAPTURA DE GARCÍA LUNA, APREHENSIONES Y SENTENCIA

El 10 de diciembre en Dallas, Texas, policías estadounidenses detuvieron a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y jefe de la Agencia Federal de Investigación en el de Vicente Fox. Está acusado de narcotráfico, corrupción y declaraciones falsas. Calderón dijo desconocer los hechos. Tras la aprehensión el gobierno mexicano congeló once cuentas de él y algunos familiares. La Secretaría de Hacienda informó que investigaba al exfuncionario por el presunto desvío de dos mil millones de pesos.

El 22 de octubre se realizó en la Ciudad de México una operación contra el cártel La Unión de Tepito. Fueron detenidas 31 personas. Días después un juez ordenó la liberación de 27 de los detenidos. Joaquín “el Chapo” Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos el 17 de julio. Se le confiscaron más de 12,600 millones de dólares. En agosto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que representantes gubernamentales dialogaban con líderes de autodefensas. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, criticó estos encuentros y expresó: “Me preocupa que andemos premiando delincuentes”. (13) López Obrador expresó su desacuerdo con esos diálogos por lo que Sánchez Cordero anunció que se suspenderían.

13. DERECHOS HUMANOS

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó en septiembre evidencias de que la muerte de ocho presuntos delincuentes no ocurrió en un enfrentamiento, como afirmaban las autoridades, sino que fueron ejecutados extrajudicialmente. El 23 de septiembre el Estado mexicano ofreció una disculpa a Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, por la desaparición forzada y tortura de las que fueron objeto, y por el asesinato de él. Un mes después el Senado otorgó la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, activista por los desaparecidos políticos. Por medio de su hija Claudia la también excandidata a la Presidencia entregó en custodia la presea a López Obrador y le pidió que se la devuelva cuando aparezca su hijo Jesús Piedra. El 7 de noviembre el Senado eligió como presidenta de la CNDH para el periodo 2019–2024 a Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario. El proceso fue cuestionado debido a que en la elección se emitieron 116 votos, pero únicamente se contabilizaron 114. Los dos votos de diferencia eran relevantes pues de ellos dependía que se cumpliera el requisito de que se pronunciaran a favor las dos terceras partes de los legisladores. Además la candidata era integrante del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuando la norma establece que quienes aspiren al cargo no deben ser dirigentes partidistas. El Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la elección fue un fraude y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron el proceso. Siete de los candidatos a la titularidad de la comisión solicitaron que se repusiera el proceso pero los legisladores morenistas y sus aliados mantuvieron su decisión. Rosario Piedra rindió protesta el 12 de noviembre en medio de una trifulca en el Senado. Tras el hecho cinco consejeros de la CNDH renunciaron. Algunos gobernadores panistas afirmaron que no reconocerían las recomendaciones de la institución. López Obrador manifestó que se sentía muy contento con el proceso.