Alejo Vargas Velásquez - Migraciones y seguridad - un reto para el siglo XXI

En esta perspectiva, la globalización en su dimensión política, comercial y cultural, ha generado para las autoridades estatales un doble reto en torno al control de sus fronteras nacionales: en primer lugar, garantizar espacios flexibles que permitan una integración económica y social basada en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales; y en segundo lugar, protegerse del crimen organizado que, en general, ha seguido la tendencia global de la economía, haciéndose ubicuo y elusivo “porque crece, cambia y se multiplica a escala internacional, convirtiéndose en el problema más importante del siglo XXI” (Echeverri, citado por Carrión y Espín, 2005, p. 9). En este contexto, los Estados receptores buscan extremar y fortalecer las medidas de vigilancia fronteriza para prevenir la entrada de factores de riesgo e ilegalidad y garantizar así su seguridad nacional.

En efecto, los Estados subordinan las políticas migratorias a las políticas de control y seguridad fronteriza, especialmente porque las fronteras se han convertido en espacios estratégicos para la integración del crimen, en el que el delito con organización global se expresa con acciones locales y donde, además, se produce la discontinuidad de las medidas legales y legítimas para hacer frente a ese delito (Carrión y Espín, 2005, pp. 12- 13). Al concentrarse las actividades del crimen organizado en las zonas fronterizas, estas coinciden con los espacios donde se desarrollan los flujos migratorios. La consecuencia es que la migración se incluye en el conjunto de problemas de seguridad en las fronteras (Armijo Canto, 2011). Es así como las mismas medidas implementadas para combatir el tráfico de drogas ilegales, por ejemplo, son también instrumentalizadas para contener el tránsito irregular de personas.

En este orden de ideas, el estudio realizado demuestra cómo las políticas restrictivas –que en casos como el de América del Norte incluyen estrategias militaristas– no han generado el efecto esperado de disminuir el número de migrantes. Paradójicamente, estas medidas han tenido el efecto colateral de aumentar las migraciones irregulares, puesto que miles de personas, al no lograr sortear los rígidos controles migratorios, ingresan de forma no autorizada al país de destino tras acudir, en la mayoría de las ocasiones, a redes dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas.

De tal forma, la trata de personas se ha vuelto una preocupación significativa a nivel mundial y la migración irregular ha escalado puestos en la lista de problemas cruciales que los países deben afrontar. De hecho, estos fenómenos actualmente se equiparan con el narcotráfico como una de las fuentes de ingresos más importantes para el crimen organizado (Armijo Canto, 2011, p. 6). Pero además de violar las normas de control fronterizo establecidas, la migración irregular implica una serie de desafíos mayores en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante.

En este contexto, la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, pero sobre todo los eventos terroristas del 11 de septiembre de 2001, han modificado sustancialmente la concepción tradicional de la seguridad nacional –ligada sobre todo a la defensa externa del Estado–: fue vinculada definitivamente a la seguridad interior. En un escenario donde predominan el terrorismo y el narcotráfico como principales amenazas a la seguridad global, factores como la transnacionalización del crimen, la flexibilización de las fronteras nacionales y los crecientes movimientos migratorios, se han constituido en temas relevantes para la construcción de las agendas nacionales y regionales de seguridad y han llevado a las autoridades nacionales a conjugar, cada vez más, sus aparatos de seguridad interior con los de seguridad exterior.

Así, entender los vínculos entre migración y seguridad es el objetivo principal del trabajo de investigación desarrollado por los grupos de investigación Migraciones y Desplazamientos y Seguridad y Defensa, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, se analizan tres casos que evidencian esta securitización de las políticas migratorias: en primer lugar, Estados Unidos frente a su frontera con México; segundo, la situación de la Europa mediterránea y las migraciones provenientes de África del Norte; y finalmente, el caso de las migraciones colombianas, esencialmente por motivos de la violencia, hacia los países vecinos de Ecuador y Venezuela.

En los dos primeros casos, se evidencia el influjo de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington (2001) y sus réplicas en Madrid (11 de marzo de 2004) y Londres (7 de julio de 2005) para la integración de las medidas de control migratorio dentro de las políticas de seguridad nacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea asumieron medidas para hacer frente a la amenaza terrorista en casa desde una perspectiva defensiva, mediante el fortalecimiento de la respuesta policial, judicial, la protección de infraestructuras críticas y de la población contra futuros atentados.

En el caso de Estados Unidos, las estrategias enmarcadas en la Homeland Security fortalecieron los controles fronterizos y el seguimiento receloso sobre las poblaciones inmigrantes, con el fin de prevenir la entrada de posibles terroristas –y también narcotraficantes– al país. El fortalecimiento de la vigilancia fronteriza implicó la adopción de estrategias de guerra de baja intensidad y la militarización de estructuras como la Patrulla Fronteriza, encargada del control migratorio. Esto estimuló una interpretación ideológica que criminalizaba a la migración indocumentada, o bien, la entendía como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos (Guillén, 2005, p. 162).

La Europa mediterránea, por su parte, ha sido receptora de flujos masivos de migrantes provenientes de países de África y de Oriente próximo, con los que comparte lazos históricos comunes derivados de su pasado colonial. Como en el caso de Estados Unidos, Europa también ha asumido estrategias restrictivas de la inmigración que tienden a la criminalización y desconfianza sobre las poblaciones llegadas de otras latitudes. En términos generales, las poblaciones africanas son asociadas con el delito común, los musulmanes con grupos terroristas y los latinoamericanos con bandas narcotraficantes.

Desde esta óptica, las leyes migratorias en Estados Unidos y Europa promueven prácticas de discriminación y exclusión de inmigrantes. Esta tendencia se confirma en legislaciones adoptadas por el estado de Arizona, que afecta la población de origen mexicano, o en Italia, en contra de poblaciones gitanas. En ambos casos se trata de medidas que se fundamentan en la sospecha sobre las personas basada en un perfil étnico-racial.

El caso del triángulo Ecuador-Colombia-Venezuela es particular. Los tres países, más allá de orientaciones ideológicas de sus gobiernos, comparten factores de riesgo e inseguridad derivados de la desigualdad social, altos índices de pobreza, desequilibrios macroeconómicos, la fragilidad de sus sistemas políticos, situaciones de inseguridad convencional y otras derivadas del narcotráfico. Sin embargo, la situación de conflicto armado interno en Colombia es el factor determinante de la migración masiva de poblaciones colombianas a los países vecinos. Dada la acción de los grupos armados ilegales –y también de las estrategias militares asumidas por el Estado colombiano para combatirlos–, se presenta una importante oleada de colombianos que se ven obligados a cruzar las fronteras para escapar de la violencia y buscar refugio en los países vecinos. No obstante, el problema del desplazamiento forzado no ha recibido la atención debida por parte de los países implicados, que priorizan las preocupaciones de seguridad nacional y las necesidades de blindar las fronteras frente al accionar de grupos armados ilegales, bandas criminales narcotraficantes y de las fuerzas militares del Estado vecino.