Natalia Rueda - La responsabilidad civil en el ejercicio de la parentalidad

En este escenario el lenguaje juega un poderoso rol de institucionalización, por lo que una definición legal cerrada de familia comporta la convención social sobre lo que significa pertenecer a ella, pues el lenguaje permite la constitución de hechos institucionales, que se concreta en la “existencia de dispositivos simbólicos, como las palabras, que por convención signifiquen o representen o simbolicen algo más allá de sí mismas […], de una manera que es públicamente comprensible ” 49. Sin embargo, considerando que la familia es una formación que precede al derecho, difícilmente se puede reducir a un concepto que pueda recoger todos sus matices y sus particularidades o características esenciales, dificultad que podría desincentivar la eventual intervención del legislador 50, pero que también explicaría algunos vacíos de las definiciones de familia.

En el caso específico de los intentos de definición de la familia que pueden conducir a pensar en la existencia de un modelo cerrado, el problema se complica si se considera que el razonamiento de los intérpretes, condicionado por definiciones cerradas de la ley, corre el riesgo de “poner a los interlocutores frente a un aut-aut : quien no acepta la definición está pura y simplemente en error” 51, conduciendo a una inevitable petrificación de los conceptos jurídicos 52, haciendo del todo marginal el rol creador de la jurisprudencia 53y de la doctrina 54en la interpretación de un texto.

Esto es particularmente grave porque en el caso específico de la familia, frente a la deficiencia o suficiencia de criterios puramente normativos para determinar qué es la familia, es tarea de los intérpretes reconstruir dicho concepto partiendo de la elaboración de parámetros empíricos 55que legitimen los parámetros legales como reales instrumentos de tutela de los sujetos. Por lo tanto, los intérpretes deben utilizar distintos medios, entre ellos: los estudios de otras disciplinas útiles para comprender la naturaleza de la familia, el caso concreto, la jurisprudencia, la doctrina nacional, el derecho extranjero y la comparación jurídica.

Un enfoque en estos términos reenvía a una idea más democrática del derecho, concebido como fuente de garantía de los derechos subjetivos con una perspectiva de solidaridad, sobre la que adelante se detendrá el análisis: en virtud de esto, la noción de familia, en lugar de resultar impuesta, emerge a partir del debate interpretativo con atención a los cambios culturales y sociales. De todas maneras, el jurista debe prestar atención a la “efervescencia prodigiosa” y a la “vitalidad inexhausta” propias de la necesidad inagotable de cambios, para no caer en la “nuda artificialidad del producir” 56.

En contraste, algunas interpretaciones se dirigen a considerar la familia como una estructura política producida por el derecho positivo 57y, por lo mismo, instrumento de control social 58. No obstante, también bajo esta lógica la familia se concibe como impuesta, aunque critiquen igualmente las deficiencias de cualquier intento de definirla. La diferencia consiste en el hecho de que, según esta visión, existiría “un interés público de regular la familia y, antes, de definir qué es la familia” 59, por lo que pareciera entenderse que existe casi la obligación de definirla. Esta conclusión es válida en el sentido de que para regular un objeto es necesario entender en qué consiste, pero, frente a la imposibilidad de reducirlo a un concepto preciso, no parece coherente leer en dicha necesidad la manifestación de un interés público en relación con su reglamentación.

De todas maneras, esta concepción es interesante porque revela otro riesgo, asociado al hecho de que la determinación del concepto de familia puede tener también una fuerte carga ideológica. Ciertamente, las categorías jurídicas no pueden escapar a la influencia ideológica. En particular, la familia, siempre en un lugar de privilegio y fuente de las pulsiones más vivaces, resulta el caballo de batalla ideal en la lucha partidaria por el poder: por ejemplo, la visión institucional de la familia responde a una visión que privilegia el modelo patriarcal jerárquico de la sociedad familiar. Por ello, es posible afirmar que la familia sufre la influencia de los cambios ideológicos y sociales dentro de una sociedad 60y, viceversa, que la concepción de la familia se convierte en un termómetro bastante preciso de la sociedad. Bajo esta lógica, el derecho debe considerar necesariamente dichos cambios 61y, con ello, la regulación de la familia se impregna de la carga ideológica del objeto regulado 62, volviéndose cada vez menos neutral 63, aunque, a veces, deje espacios de autonomía a los sujetos. En realidad, a veces dicha acción es considerada como sinónimo de neutralidad 64. Sin embargo, la asociación ‘autonomía’ es igual a ‘neutralidad’ no parece muy precisa porque, como se verá adelante, la decisión de no regular un determinado aspecto de la realidad puede ser también una elección de política del derecho que, dependiendo del contexto, puede corresponder al deseo de mantener el statu quo , o a la exigencia de respeto de las libertades individuales, lo que representa, justamente, una toma de posición liberal.

En definitiva, volviendo al problema de las definiciones en el derecho, una definición, aunque se pretenda muy precisa, corre el riesgo de ser vaga o incierta 65, lo que conduce a que de una misma definición puedan derivar una pluralidad de interpretaciones, aun contrastantes entre ellas. Dichos defectos ponen en dificultad a los operadores jurídicos porque en cierta medida las definiciones terminan por reducir el espacio a la interpretación, pero, al mismo tiempo, su eventual vaguedad puede generar caos en la solución de los casos. A su vez, dicha confusión puede abrir las puertas a la influencia de otros factores, por ejemplo, el poder concreto de las partes o su astucia en el desarrollo del proceso 66.

En conclusión, en relación con la familia no parece posible construir una ‘definición’ para circunscribir y simplificar la complejidad social y empírica del instituto. Justamente en Colombia se puede detectar esta tensión gracias a las incontables sentencias de todos los niveles que, con fundamento en el control de constitucionalidad, algunas veces han extendido el ámbito de protección de la familia 67, mientras que otras han mantenido un sistema cerrado fundado en las restricciones con base en la ‘moral social’ 68.

Sin embargo, existe consenso en relación con el hecho de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, en cuanto tal, debe ser objeto de la más cuidadosa atención por parte de los ordenamientos jurídicos 69. Pero dicha atención podrá ser adecuada solamente cuando responda a los intereses sociales y a las necesidades de protección de la familia y de sus miembros. Pero si es cierto, como ya se dijo, que la familia cambia al ritmo que la sociedad le impone y que, al mismo tiempo, el derecho cambia de acuerdo con los cambios sociales y de la familia, la naturaleza mutable de la familia se tendría que predicar también del derecho de familia 70, que se refiere y depende de la familia misma. Sin embargo, esto no es descontado; por ello se hace necesario determinar si el derecho de familia sí ha recibido la renovación propia de la familia misma.

Colombia ofrece un buen ejemplo de un derecho de familia que cambia de manera continua y que, en relación con la noción de familia, ha facilitado el reconocimiento de nuevas formas de vida familiar, extendiendo así los márgenes del derecho de familia. Por ello, es posible afirmar, sin temor a equivocarse, que el derecho de familia colombiano protege en la actualidad grupos de sujetos que antes eran ignorados por el ordenamiento, por lo que no estaban reconocidos como titulares de un determinado status familiar 71. Pero como el cambio no es necesariamente sinónimo de perfección y, en tantos casos, de bondad, ampliando el ámbito de protección se recorrió un camino de restricciones. Por ejemplo, a menudo el reconocimiento de la familia se ha hecho depender de la existencia de una relación de pareja formalizada mediante el matrimonio, o de la existencia de una relación de filiación genética, reduciendo así la posibilidad de configuración de la familia a la familia nuclear 72.