Varios autores - Anuario iberoamericano de derecho minero

La doctrina señala que en la versión actual del Código de Minería, con todas sus reformas, coexisten el sistema regalista que articula los principios básicos del Código y prevé el rol concedente del Estado; y el sistema dominial , que reconoce al Estado la facultad de explorar y explotar sus recursos a través de entes descentralizados, autárquicos y las empresas del Estado ( Catalano, 2006; Valls, 2006; Zaballa y Arbeleche, 2014).

El Estado nacional y las provincias en sus territorios, pueden realizar trabajos de prospección disponiendo la creación de zonas exclusivas de interés especial (el Estado Nacional requiere el consentimiento previo de la provincia donde se efectuará la actividad); cursando comunicación de esto a la AM competente. Las zonas creadas no pueden exceder los dos años de duración, ni superar en conjunto las 100.000 hectáreas por provincia. Varias de las provincias que promueven el desarrollo de la minería han constituido empresas públicas provinciales con el objetivo principal de promover la investigación geológica y minera de sus territorios, entre otros, sea haciéndolo directamente o a través de la participación de terceros. Esta última opción implica la convocatoria a un concurso público detallándose los requisitos a cumplimentar por los interesados. La práctica más ampliamente aceptada es que quien resulte seleccionado procede a solicitar ante la AM local los permisos de exploración o manifestaciones de descubrimiento en dicha zona de interés especial. De esta manera, el adjudicatario tendrá obligaciones que cumplir ante el organismo convocante al concurso y también ante la AM para el avance de sus pedimentos (véase el Título 21). El Nuevo Acuerdo Federal Minero resalta que las empresas públicas provinciales deben tener independencia funcional del estado provincial y al participar en un emprendimiento minero deben ajustar su actuación a la de cualquier empresa del ámbito privado en su relación con dicha empresa o persona privada,

5. ¿CUÁL ES EL GOVERNMENT TAKE ?

Los principales impuestos aplicables al sector minero, así como distintos aportes, comprenden: impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a las exportaciones (retenciones), impuestos a créditos y débitos bancarios, regalías, ingresos brutos, aportes a la seguridad social, canon minero, tasas de comercio e industria (municipales), entre otros. Como ha sido mencionado en la pregunta 3 antes mencionada, los emprendimientos mineros inscritos en el régimen de la Ley de Inversiones Mineras 24.196, pueden acceder a través de sus empresas a distintos beneficios fiscales. Asimismo, Argentina ha firmado tratados de doble tributación con distintos países, lo cual puede reducir el impacto impositivo. Se estima que en 2017 la presión fiscal estuvo en alrededor del 30 % del PBI del sector minero ( CAEM, 2018). El aporte total de la minería al sector público consolidado (Nación más provincias) habría superado en dicho año los AR$ 13.000 millones. Del total aportado por la minería a las cuentas públicas provinciales en el mencionado año, más del 80 % se concentró en las provincias de Santa Cruz y San Juan (CAEM/ABECEB, 2018).

El abordaje detallado de cada impuesto queda fuera del alcance de este documento, pero consideramos oportuno efectuar algunas observaciones con relación a derechos de exportación , en virtud de cambios acontecidos al respecto en 2018. Hasta el 3 de septiembre de dicho año, estuvo en vigencia el Decreto 160/2015, que aplicaba una tasa del cero por ciento (0 %) como derecho de exportación a la mercancía incluida en las posiciones arancelarias de los Capítulos 28 a 40; 54 a 76 (con algunas excepciones), y 78 a 96 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). El Decreto 349/2016 aplicaba la misma tasa a las posiciones arancelarias de los Capítulos 25 (sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos) y 26 (minerales metalíferos, escorias y cenizas). Dicha tasa fue reconfirmada por el Decreto 1126/2017 para las posiciones arancelarias incluidas en los capítulos mencionados anteriormente. La tasa del cero por ciento como derecho de exportación se establece durante la presidencia de Mauricio Macri entre los años 2015 y 2016, con los dos decretos ya mencionados; previo a este cambio aplicaban tasas que oscilaban entre el cinco y diez por ciento, con algunas excepciones que fijaban tasas más elevadas. En septiembre de 2018 el Gobierno Nacional emite el Decreto 793/2018 –enmendado por Decreto 865/2018– que establece un impuesto temporal del doce por ciento (12 %) a la exportación para consumo de todas las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la NCM hasta el 31 de diciembre de 2020, no pudiendo exceder de cuatro pesos argentinos (AR$ 4) por cada dólar estadounidense del valor aplicable o el precio oficial FOB, según corresponda (para la mercancía incluida en el Anexo I del Decreto 793/2018, el límite es de tres pesos argentinos (AR$ 3) por cada dólar estadounidense). Para la mayoría de los productos minerales, el límite aplicable es de tres pesos, como se describe anteriormente, exceptuando algunas mercancías donde el límite es de cuatro pesos. El Decreto 793/2018 menciona que el nuevo contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y las alteraciones del tipo de cambio y su efecto en los precios internos, hizo necesario modificar temporalmente los niveles de los derechos de exportación.

En relación a las regalías , la Ley de Inversiones Mineras fijó la misma en el límite del tres por ciento (3 %) sobre el valor boca de mina del mineral extraído (valor obtenido en la primera etapa de comercialización con excepción de gastos y/o costos inherentes al proceso de extracción) (arts. 22 y 22 bis) 6. El Nuevo Acuerdo Federal Minero (que está aún pendiente de aprobación por el Congreso) prevé cambios al respecto, toda vez que establece que las provincias no podrán cobrar un porcentaje mayor al tres por ciento (3 %) sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento minero, por todo concepto y sin deducción alguna, derivados de la comercialización de las sustancias minerales. El débito fiscal del IVA no forma parte de la base de cálculo. Agrega que las regalías no tienen carácter tributario y no aplican a las sustancias de tercera categoría explotadas dentro de inmuebles de propiedad privada. Un aporte interesante fue señalar que las provincias deben procurar que las regalías se asignen al desarrollo de proyectos productivos en general o servicios asociados a la producción, obras de infraestructura, educación y capacitación, y fiscalización y control ambiental. Asimismo, privilegiar las localidades ubicadas en la zona de influencia del emprendimiento minero.

6. ¿CUÁLES SON LAS FASES DEL CONTRATO O LICENCIA MINERA Y SU DURACIÓN?

Como se ha expresado anteriormente, el plazo de duración de los permisos de exploración o cateos puede llegar a los 1100 días (aproximadamente tres años desde su otorgamiento); estando vinculado al número de unidades de medidas concedidas, mientras que las manifestaciones de descubrimientos o minas se conceden por tiempo ilimitado, con sujeción al cumplimiento de las condiciones de amparo que fija el CM presentadas en la tabla 2.

TABLA 2. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO MINERO POSTOTORGAMIENTO DE CATEOS Y MANIFESTACIONES DE DESCUBRIMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

a. La única situación retroactiva en la que se podría argumentar que una mina podría dejar de existir, luego del “registro”, se da si el concesionario no realiza la labor legal. Esto es consistente con algunos códigos de procedimientos mineros provinciales (por ejemplo, Ley 5186, provincia de Jujuy, art. 60). Sin embargo, incluso en esta situación, existen varios precedentes (por ejemplo, en la provincia de Río Negro) donde aún si no se ha llevado a cabo la labor legal, la existencia de la mina continúa y el solicitante de la mina –una vez publicada como vacante– debe cumplir con esta obligación.