Carlos Hakansson Nieto - El neopresidencialismo

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A sus casi treinta años de vigencia, cuatro gobiernos democráticos consecutivos y un desarrollo jurisprudencial nunca antes visto en la historia republicana que dio contenido a los derechos fundamentales, permitió formular principios de interpretación, y aplicar novedosas instituciones (entre ellas, el surgimiento de los precedentes vinculantes y la consecuente producción de normas constitucionales adscriptas), la segunda etapa también ha permitido al Tribunal Constitucional pronunciarse en los últimos años sobre el contenido de la separación de poderes, el principio de participación y representación política, así como en los instrumentos que configuran las relaciones ejecutivo-legislativo; al punto, que podríamos decir que todas las disposiciones constitucionales han sido tratadas por nuestro máximo intérprete.
La segunda edición de «El neopresidencialismo. La forma de gobierno de la Constitución peruana», pretende analizar una evolución que data de mediados del siglo XIX y que, con el paso del tiempo, ha sido fruto de los aportes de la teoría, la práctica y la tragedia; sumándose la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano como nuevo actor nacional de la dinámica de los fenómenos jurídico-políticos de inicios del siglo XXI. La presente publicación ofrece a sus lectores una revisión crítica a las principales formas constitucionales de gobierno, su asimilación iberoamericana y su singular como progresiva recepción en la Constitución; sin dejar de advertir sendas y temerarias reformas que comprometen su futuro funcionamiento tras el ejercicio de una democracia plebiscitaria.

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Si se produjera un reparto de fuerzas proporcional entre los distintos partidos mediante un sistema electoral con listas abiertas, los contrapesos funcionarían mejor y se produciría una mayor dispersión de poder. Otro problema se produce cuando los parlamentarios electos por listas abiertas, representan más los intereses de la persona o grupo económico que financió su campaña que los intereses de su propio partido. Es decir, la elección por listas abiertas puede dar lugar a una “guerra” de todos contra todos.

b) El Parlamento en la práctica

La función legislativa y fiscalizadora se encuentran en manos de la democracia de partidos, pues, antes del debate y votación en el pleno, la decisión ha sido tomada previamente por los grupos parlamentarios. Se trata de un problema común al derecho constitucional contemporáneo; en la práctica, podemos citar como ejemplo al Parlamento español que tampoco resulta un órgano fuerte por las siguientes razones:

1 La presencia de unos partidos políticos excesivamente burocratizados y fragmentados. En los últimos veinte años, el descontento ciudadano al bipartidismo compuesto por los partidos de conservadores y progresistas, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han dado lugar al nacimiento de tendencias más radicales, como Unidas Podemos (extrema izquierda), Ciudadanos (centro-derecha) y Vox (extrema derecha), atrofiando los procesos de investidura una vez electa una nueva legislatura.

2 La relación representativa se ha fraccionado. Por un lado, se halla el vínculo entre parlamentario y su partido118, en las democracias más sólidas con listas cerradas se aprecia una relación de lealtad y de subordinación, incluso de mandato imperativo encubierto. Es decir, la relación parlamentario-partido se ha impuesto a la relación tradicional entre elector y elegido, que ha dado lugar a una crisis de la teoría de la representación119.

3 La escasa transparencia de financiación en las campañas electorales con el riesgo de corrupción.

4 El establecimiento de sistemas electorales proporcionales, sobre todo cuando se basan en listas cerradas y bloqueadas, que potencian la dominación del partido por las cúpulas. Lo cual trae como consecuencia que los procedimientos de selección del personal político se apoyen en razones de lealtad incondicional que de prestigio, mérito y capacidad.

5 Las previsiones de los reglamentos de las cámaras destinadas a acentuar la dependencia de los parlamentarios respecto a sus correspondientes grupos. De tal manera que los portavoces de los grupos son los auténticos impulsores de las actividades parlamentarias.

6 La falta de agilidad procedimental en la cámara baja para el tratamiento de los principales problemas políticos, así como el papel de las cámaras como órganos de mera ratificación de lo ya acordado fuera de ellas120.

7 El Electorado español no se identifica tanto con unas siglas de un partido cuanto con el liderazgo de una persona cuyas cualidades provocan sentimientos y cierta convicción íntima121. De esta manera, incluso la falta de protagonismo del Parlamento en las elecciones produce un vacío en la vida democrática que en la práctica es llenado por otras instituciones, especialmente por los medios de comunicación122.

8 El control parlamentario busca producir una reacción en la opinión pública que será verificable en las próximas elecciones. Como adelantamos, las correcciones al Parlamentarismo español se perciben en las herramientas de fiscalización utilizadas por las cámaras. Se sigue un sistema de cupos de acuerdo con la entidad numérica de cada grupo parlamentario, ignorando que la función de control es ejercida por la minoría. Por lo tanto, es la mayoría la que cuenta con más ocasiones para formular preguntas al gobierno.

Con relación a las comisiones de investigación, se constituyen sólo aquellas que la mayoría decide, las que fueron creadas por presión de la opinión pública, o incómodas para el gobierno, su labor no prospera, por eso, han desembocado en un instrumento más de la mayoría parlamentaria. En resumen, puede decirse que son instrumentos de control de la mayoría sobre las minorías, dada su composición proporcional a las fuerzas del pleno y que nos hace presumir el resultado del trabajo a favor del gobierno123. Si bien al Parlamento español tiene la función de control al Gobierno, sólo el Congreso de los Diputados, la cámara baja, puede exigir su responsabilidad política mediante una moción de censura constructiva124; sin embargo, su Constitución de 1978 también permite disolver el Senado, la cámara alta, a pesar que no participa en la votación para investir a su Presidente del Gobierno125.

* * *

Al margen de lo dispuesto por la Constitución española, el problema no está ligado al partido que gobierna ya sea con mayoría o coalición en el Parlamento126.Tampoco en los partidos políticos en sí mismos, pues con su reconocimiento y desarrollo empezó la democratización de los parlamentos, sino a través del modus operandi. Es decir, la férrea disciplina de estas agrupaciones producto de una lealtad incondicional al Jefe de Gobierno y a un pavor a no ser incluidos en las futuras listas de candidatos al Parlamento127.

c) El gobierno en la práctica

La performance del Gobierno español, pueden aproximarse a un estilo cuasi presidencial si lo permite una clara mayoría parlamentaria. Al igual que en todos los parlamentarismos europeos, el primer ministro dejó de ser un primus inter pares para convertirse en el líder del ejecutivo, pues, lleva el peso de toda la dirección y responsabilidad política, además posee amplía discrecionalidad. Su primacía se manifiesta en dos aspectos:

1 Es investido por el Congreso de Diputados. Por eso, la responsabilidad política está dirigida sólo hacia él.

2 La cuestión de confianza y el derecho de disolución de las cámaras las decide el Jefe de Gobierno, aunque requieren deliberación el Consejo de Ministros128.

Son tres las características que definen al Jefe de Gobierno español en la práctica:

1 Tendencia a considerar que ha sido elegido directamente por el pueblo. Lo cual le lleva erróneamente a sentirse irresponsable político.

2 La campaña electoral se plantea como un presidencialismo, cuando son las listas al Parlamento las que deben ser elegidas129. Los ciudadanos creen que votan de manera directa al primer ministro, debido a una cultura política personalista alentada por los partidos y sus campañas electorales; al respecto, se sostiene que los electores se sentirían traicionados si se inviste a un jefe de gobierno al candidato que ocupa el primer lugar en la lista parlamentaria por la Villa de Madrid130.

3 En el modelo español se pueden observar algunas influencias del presidencialismo. En los parlamentarismos no cabe la figura del vicepresidente y España hasta cuatro ha llegado a tener. Sólo el Presidente del Gobierno —denominación del Primer Ministro en la Constitución de 1978— es investido por el Parlamento. En caso de vacancia ninguno de los vicepresidentes podría ocupar el cargo de Primer Ministro. Por otro lado, en las elecciones al Legislativo no existe la conocida “plancha electoral” como ocurre en los Estados Unidos, donde los ciudadanos conocen de antemano los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. No obstante, en la práctica política española, son los ministros y viceministros los que libran las verdaderas batallas políticas con la oposición. Es decir, existe una intención de situar al Primer Ministro español por encima de la lucha, como un irresponsable político; probablemente que se trate de una conducta prevista para prolongar su buena imagen durante la legislatura.En la práctica, durante los últimos veinte años, observamos que el Presidente del Gobierno español era más fuerte y estable que su par italiano, más cercano al británico cuando nos encontramos ante un líder carismático y con una fuerte mayoría; en todo caso, más parecido al Canciller alemán. En la actualidad, su aproximación a la realidad italiana es más palpable, dada la fragmentación del bipartidismo durante las primeras décadas de la transición democrática española, un nuevo panorama político con cuatro partidos en la cámara baja que, sin contar los nacionalistas, resultan determinantes para alcanzar los votos necesarios para llegar al gobierno.

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