Rodrigo Henríquez Vásquez - En Estado sólido

El desarrollo de las políticas sociales plasmadas en la Constitución de Weimar (1918) dio los soportes jurídicos para el desarrollo del Estado y del orden social “justo”, cuestión reafirmada con las leyes sociales en Inglaterra y en Suecia post Primera Guerra Mundial. Ello puso en entredicho las premisas liberales de que el Estado sólo debía garantizar el respeto jurídico de la propiedad privada. La inestabilidad del capitalismo dio la razón a las críticas de Marx y Keynes sobre la crónica capacidad del capitalismo para generar crisis, estancamiento y desempleo, y sus efectos más evidentes en el mundo social. Consecuentemente, el keynesianismo postuló que era función del Estado la estabilización macroeconómica, el aumento del crecimiento y el empleo, y que así resolvería los fallos y las secuelas negativas del liberalismo. 23Asimismo, el Estado debía ocuparse de aquellos ámbitos que quedaban fuera de la actividad individual y participar en la creación de empleos, definiendo los tipos de interés con el fin de estimular la demanda agregada de la población. 24En la misma dirección fue la creación del Estado de Bienestar en el Reino Unido. Las bases teóricas de los informes elaborados por el economista William Beveridge para organizar el sistema de seguridad social en 1942 y 1944, rápidamente fueron difundidas en Chile. En su segundo informe, Full Employment in a Free Society , Beveridge analiza el desarrollo y mantención de la seguridad social británica con una situación de pleno empleo.

La creación y el desarrollo de la institucionalidad estatal en Chile han sido analizados por Juan Carlos Yáñez en su estudio La intervención social en Chile, desde la incipiente legislación laboral de las primeras décadas hasta su institucionalización con las leyes sociales de 1924. Tal implementación se mantiene bajo la dictadura de Ibáñez a lo que sumó el fuerte control sindical desde el Estado con el descabezamiento del sistema parlamentario. A partir de 1932, la discusión sobre el límite entre el Estado y el mercado atravesó transversalmente la agenda del sistema político (partidos y Gobierno) hasta el fin de la coalición en 1948 y del Gobierno radical en 1952. Una hipótesis para explicar la continuidad de dichas políticas entre 1925 y 1952 (incluso más allá de ese año) fue la legitimidad que tuvieron las políticas de protección social y del consumo, y sus reformadores. A través de las instituciones, el Estado tuvo la capacidad y la autonomía para ampliar la cobertura ante las principales demandas de protección y de regulación de precios. A partir de la caracterización que realiza Theda Skocpol de los conceptos de “autonomía estatal” y “capacidades”, se analizará la construcción del Estado a partir de 1932 para alcanzar sus objetivos como el reordenamiento de los límites entre el Estado y la economía. 25

El contenido de las demandas que se analizan en este estudio son aquellas referidas al rol interventor del Estado en la economía. La unidad de análisis serán las demandas por el abaratamiento de las subsistencias y el aumento de la injerencia del Estado en los precios de los alimentos. Las demandas por el abaratamiento de las subsistencias estuvieron presentes desde los inicios de la “cuestión social” y fueron motivo de huelgas como la de 1905, por el abaratamiento de la carne, y las marchas del hambre de 1918 y 1919. Posteriormente, estas demandas fueron uno de los ejes de la campaña presidencial de 1925 del candidato José Santos Salas y la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile, que aglutinó a comunistas, sindicatos y sectores medios, y que obtuvo un 6,72%. A partir de 1932 la visibilización de estas demandas se realizó en el espacio público de forma más significativa que en el período anterior y permitió que la coalición se pudiera estructurar en torno a un significado equivalente y compartido como lo fue el eslogan de la campaña de 1938:“Pan, techo y abrigo”. A través del seguimiento de las demandas por el abaratamiento por las subsistencias se puede apreciar la formación de la equivalencia en el discurso político de los partidos frentepopulistas. A partir de esta identificación se podrá caracterizar la articulación populista de la colación entre radicales, comunistas y socialistas entre 1932 y 1948. Esto permitirá explicar por qué, pese a todos los problemas y contradicciones que supuso la institucionalización de los partidos marxistas y la inestable alianza con el radicalismo, el frentepopulismo en el poder pudo efectivamente desarrollar políticas de expansión estatal.

Estructura del libro

La estructura de este libro pretende dar cuenta de la intersección de varios fenómenos concomitantes. Por una parte, la confluencia de la historia global con la historia local. Por otra, la confluencia entre la construcción estatal de la protección social y del consumo de subsistencias con las demandas sociales. En el capítulo uno se presentan las claves políticas de las primeras décadas del siglo XX: la irrupción del fascismo, el comunismo y el conflicto político y social de la cultura política europea y latinoamericana. El conflicto político de la década de 1930 en torno al clivaje fascismo/antifascismo se materializó en las elecciones francesas y españolas de marzo de 1936 y la unión estratégica de los comunistas chinos con los nacionalistas del Kuomintang. La estrategia de los Frentes Populares y la formación de alianzas de comunistas con católicos, radicales e incluso militares no fue algo extraño en la década del 1930. Casos como la alianza entre Fulgencio Batista y los comunistas en Cuba o la colación entre Isaías Medina Angarita y los comunistas venezolanos, son caracterizados en el apartado “Institucionalización, nacionalismo y reformismo militar: algunas variedades del frentepopulismo latinoamericano”. En los capítulos dos y tres “Los actores políticos (1920-1938)” y “El frentepopulismo en el poder (1938-1948)”, respectivamente, se muestra el conflicto político previo a la formación de la coalición frentepopulista chilena y su actuar en el Gobierno hasta 1948, fecha en que se disuelve la coalición con la exclusión de los comunistas impulsada por la “Ley Maldita”.

En los capítulos cuatro y cinco se analiza el contenido de las demandas sociales y su politización a través del frentepopulismo. Asimismo, se describirán algunos aspectos de la construcción de la intervención estatal en materia de protección social e intervención estatal. Se describe la creación de la seguridad social en 1925 y el conjunto de medidas que ampliaron la intervención del Estado entre 1927 y 1932, y se relacionará con las demandas sociales de mayor intervención estatal. En el capítulo cuatro se describirán los inicios y el desarrollo del Estado Social chileno entre 1925 y 1948. La ampliación del Estado en materia de seguridad social. Se describirá el estatismo del período 1932-1948 para observar las continuidades del proyecto a lo largo de las coaliciones frentepopulistas. Las demandas que fueron comunes a trabajadores y consumidores fueron por el abaratamiento de las subsistencias y por la intervención estatal en la fijación y regulación de los precios. Estas demandas se politizaron a través de los partidos con fuerte incidencia en los sindicatos. El aumento de la politización acrecentó la demanda de los sindicatos por la intervención estatal, como lo demuestra el caso de los trabajadores de las panaderías, entre 1935-1938. El otro brazo de la ampliación estatal fueron los controles de precios de los alimentos y la lucha por el precio justo de las subsistencias ante las amenazas del capitalismo y la especulación de los comerciantes. El capítulo seis reconstruye una de las políticas estatales más duraderas de la historia republicana de Chile: el control de los precios de los alimentos. La política de intervención estatal desarrollada e incrementada por el frentepopulismo en el poder tuvo antecedentes previos que son recogidos por el organismo que llevó a cabo la fijación de precios en Chile: el Comisariato General de Subsistencias y Precios (1932), creado en medio de la audaz República Socialista, que duró entre junio y agosto de 1932. A pesar del contexto excepcional en que fue implementado, el Comisariato fue el organismo que definió los límites entre el Estado y el mercado. A partir de 1938, el Comisariato amplió sus funciones y las críticas del empresariado y de comerciantes minoristas por la fiscalización llevada a cabo por este organismo fueron en aumento.