Sarah Corona Berkin - ¿La imagen educa?

Podemos afirmar que la evaluación, eje central de la reforma educativa del 2013, no es un tema sexenal ni sólo nacional; es transexenal y supranacional. No sólo tiene un impacto laboral sino que ha originado una nueva retórica de la que no está exenta la imagen de los profesores.

En este contexto hay distintas variables intervinientes en la imagen del profesor: la política educativa regida por organismos internacionales, los que le han condicionado apoyos económicos y han impulsado acciones para la transformación del ingreso y permanencia de los docentes en el servicio público; el sindicato, que fue ampliando su margen de acción en la toma de decisiones y que ahora debería ser constreñido si se buscaba la pretendida reforma, pero además estaba la disidencia (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cnte), que desde 1979 fue ampliando su presencia en diversos estados, haciendo movilizaciones en Chiapas, Tabasco, Guerrero y La Laguna.

Hernández Navarro afirma que la imagen de los docentes había sido fuertemente erosionada por una campaña emprendida por la derecha y el empresariado. El profesor, aseguraban, es flojo, conflictivo y pendenciero, corrupto e incluso violador de niños. La crisis cualitativa de la educación pública fue aprovechada por el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se encargaría de promover esta imagen de los disidentes (Hernández Navarro, 2011). Y aventurando una hipótesis es posible pensar que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han hecho gran cosa por dignificar la imagen de los docentes porque les conviene que la sociedad los culpabilice de la mala calidad educativa, así se mitiga la responsabilidad del Estado, entre otras cosas, de dignificar la labor del profesor, mantener escuelas en buenas condiciones, capacitar a los docentes e incentivar los salarios para evitar el dobleteo de jornadas. Lo que está en juego es la relación laboral y su implicación en la calidad educativa.

Hagamos una breve cronología para cerrar el contexto en el que se ubica la actual resistencia de los docentes ante la nueva Ley del Servicio Profesional Docente. Predominan dos grandes imaginarios colectivos difundidos principalmente por los medios informativos: los profesores son los causantes de la mala calidad de la educación pública y son perturbadores del orden público porque los mítines y movilizaciones se deben a que ellos no quieren ser evaluados y luchan por conservar sus privilegios gremiales.

En este contexto, la reforma ha mantenido su presencia en los medios: primero, vinculada al movimiento magisterial de protesta; segundo, por el seguimiento a la aplicación de la nueva normatividad y la construcción de opinión; y tercero, por un abanico de aspectos que dan cuenta de la complejidad que implica la aplicación de esta reforma (Inclán, 2013).

Las notas periodísticas —con sus respectivas fotografías— que conforman el corpus de esta investigación se clasificaron en tres apartados: 1. las relacionadas con la reforma educativa en su conjunto, que involucra a los sindicatos; 2. las relacionadas con la autoridad de la SEP, y 3. las relacionadas con los normalistas que buscan una plaza docente.

Respecto a la reforma educativa elegimos tres notas de antecedentes, y referentes al periodo sexenal seleccionamos 32. El siguiente cuadro concentra los temas de las notas.

El meollo de estos temas es la incompetencia de los profesores, evaluados a través de exámenes únicos sin considerar otros factores que impactan el logro educativo, como podría ser la formación deficiente en las escuelas normales. En el año 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, ya se hablaba de la evaluación para el ingreso a las plazas que ofrece la SEP, y cuando se aplicó, 70% de los profesores reprobaron. Inmediatamente después se difundieron los temas de la corrupción y la venta de exámenes, además de la baja participación de los profesores, lo que obligó a la SEP a bajar el nivel de exigencia, y aunque el discurso mitigador hablaba de evaluar de manera diagnóstica a los profesores en servicio y cruzar los resultados con el logro educativo escolar, medido a través de la prueba enlace, se empezaron a gestar dos reacciones opuestas: la de los sindicatos, que protestaban, y la del nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, quien en diciembre del 2012 propuso la reforma educativa cuyo punto central es la evaluación.

Los años 2013, 2014 y 2015 están plagados de notas que dan cuenta de las protestas magisteriales, caracterizadas por actos violentos y fuertes enfrentamientos con la autoridad y con los policías. Se hacen presentes los padres de familia preocupados por los constantes paros de clases y la afectación en la educación de sus hijos. Ante esta serie de acontecimientos sobran las imágenes de los profesores violentos que participan en actos donde ha habido fallecidos.

Para John Tagg (2005) es importante el contexto de la discursividad de la imagen, de manera que vemos claramente las relaciones de poder implicadas que muestran un significado particular de la educación centrada en la culpabilidad del docente como el único responsable de la baja calidad de los estudiantes de educación básica. Asimismo, se deja ver una reforma como acto voluntarista del presidente, cuando en realidad es una política exterior que viene gestándose desde hace años. Se observan diferentes fuerzas en conflicto: el aparato gubernamental contra los sindicatos, que habían cooptado a la educación, heredaban plazas y concedían otras por relaciones de compadrazgo. Estos poderes en conflicto dan sentido a las fotografías que hemos analizado. La resistencia se entiende como las formas complejas bajo las cuales los sujetos responden (Sánchez y Corte, 2015). Los profesores luchan contra la pérdida de estabilidad laboral, la precariedad salarial y la posible privatización de la educación, en tanto que el Estado lucha por contrarrestar el poder previamente otorgado a los sindicatos y, con ello, la pérdida de autoridad (Del Castillo Alemán, 2013).

Si regresamos a la idea esbozada de la docencia como una profesión de Estado, la reforma trata de deslindar la competencia laboral de los sindicatos, pero estos dieron cierta estabilidad política durante 70 años (Fuentes, 2013). Ahora bien, la disidencia respondió a un sistema fuertemente cerrado y centralista, de manera que la reforma se enfrenta a la fuerza política de una disidencia actualmente estigmatizada por la imagen de protesta violenta.

¿Qué ha hecho la SEP ante este escenario? Las notas que se emiten sobre la política educativa tienen el trasfondo de la imagen que la propia SEP quiere promover. En este sentido, hay una fuerte presencia de la autoridad en turno; es decir, la fotografía que acompaña a las notas es generalmente la del secretario, y con mucho énfasis la del último, Aurelio Nuño. Se ve a un secretario de Educación en una oficina lujosa que contrasta con aulas a la intemperie, sin butacas ni pizarrones y con niños y profesores en condiciones de marginación absoluta. Podemos percatarnos de que el secretario Nuño visita escuelas con niños bien alimentados, pero son escasas las notas que reivindican a los profesores. Surge entonces una duda o acaso sospecha: ¿hay algún interés de la autoridad por ocultar la imagen de los buenos profesores y generar un imaginario colectivo de la necesidad inminente de la reforma laboral promovida por el presidente, dado que lo que se tiene son malos profesores? Y otro cuestionamiento: ¿acaso no es el Estado, por ley, el responsable de la formación de los profesores? Pero empecemos por los asuntos que en este sentido se analizaron.