Owen Fiss - Libertad de expresión - un ideal en disputa

A diferencia de la tesis optimista de Balkin que ve en la multiplicación de esquinas la proliferación de espacios para que se desarrolle una cada vez más rica cultura democrática, también sería posible afirmar que hoy hay esquinas en cada barrio cerrado y en cada gueto, donde las ideas se parecen y ofrecen perspectivas diferentes y aisladas que no interactúan con las que se ofrecen en la esquina del gueto o barrio cerrado adyacente. Si Hyde Park ya ofrecía pocas posibilidades para el diálogo y la deliberación, la multiplicación de Hyde Parks y la homogenización de lo que se expresa en cada uno de ellos podría terminar definitivamente con la deliberación y, en consecuencia, con el autogobierno, degradando aquello que concebimos como democracia. De todas estas metáforas, la que quizá refleja de un modo más radical los nuevos desafíos, riesgos y peligros es la de la asamblea de ciudadanos, pues el nuevo contexto de guetización producido por la combinación de filtros y homofilia torna imposible la deliberación, radicaliza la polarización, aumenta la alienación de los diferentes grupos y hace imposible tanto la autonomía como el autogobierno. De avanzar esta tendencia, ya no habría una única asamblea de ciudadanos. Ya no lograríamos que la diversidad del colectivo se encuentre en el espacio comunitario donde se intercambian puntos de vista. Si cada uno se queda en su casa, con sus familiares y amigos regodeándose en sus visiones del mundo afines entre sí, entonces la sala donde antes tenía lugar la asamblea en la que todos confluían para tomar decisiones juntos más allá de sus diferencias corre el riesgo de quedar vacía.

La libertad de expresión es uno de los primeros derechos cuyo ejercicio se apresuran a impedir los gobiernos autocráticos. El cercenamiento de la crítica es clave para asegurarles su continuidad. América Latina padeció, fundamentalmente en las décadas de 1970 y 1980, dictaduras y guerras civiles sangrientas. En aquellos años no solo se han contado por miles las personas desaparecidas o afectadas en sus derechos más básicos, sino que la censura fue el instrumento utilizado para acallar la disidencia y la exposición de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Los ejemplos más dramáticos de aquellas experiencias dictatoriales fueron los de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Hacia el final del siglo XX se reinstalaron en la mayoría de los países de la región regímenes democrático-constitucionales y se suscribieron numerosos tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se destaca la Convención Americana, cuyo artículo 13 establece la protección de la libertad de expresión, no solo en su dimensión individual, sino también en la social.

Sin embargo, el restablecimiento del Estado de derecho no implicó la vigencia automática de los mandatos expresados en constituciones y tratados. En 1997, por ejemplo, siete años después de que Pinochet abandonara la Presidencia de Chile, una sentencia de la Corte Suprema de ese país anuló la decisión del Consejo de Calificación Cinematográfica del año anterior que había autorizado la exhibición de la película La última tentación de Cristo, prohibida por la dictadura en 1988. El caso llegó a los estrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó en el 2001 a Chile en el caso Olmedo Bustos por incumplir con el compromiso internacional suscripto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los casos de censura directa como éste se volvieron muy infrecuentes en una América Latina gobernada predominantemente por autoridades elegidas por la vía popular.

No obstante este avance fundamental en cuanto a la vigencia y el ejercicio de la libertad de expresión en la región, el derecho a divulgar ideas e información se vio y se ve amenazado por normas y prácticas que conducen al despliegue de una nueva agenda en la materia. El casi total destierro de la censura directa tuvo como consecuencia el surgimiento de nuevos obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión que podrían englobarse bajo el concepto de censura indirecta, recurriendo al lenguaje del artículo 13 de la Convención, cuyo inciso 3 expresa que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. La nueva agenda de la libertad de expresión se constituiría así por la necesidad de dar respuesta a amenazas tales como el ejercicio de la violencia directa sobre periodistas y activistas de derechos humanos; la concentración de la propiedad de los medios de comunicación; la utilización del acceso a recursos económicos como mecanismo de manipulación de la expresión y las prácticas desarrolladas por jugadores poderosos del mundo digital.

El caso de la violencia contra los profesionales de la prensa en el marco de gobiernos democráticos es un asunto grave en algunos países del subcontinente. Según la organización Reporteros sin Fronteras, México es el tercer país más peligroso del mundo para practicar el periodismo luego de Siria y Afganistán 43. Desde el año 2000 al 2017, 109 periodistas han sido asesinados en ese país 44. También los activistas de la sociedad civil se encuentran amenazados en muchos países del globo, en especial de América Latina, por llevar a cabo su trabajo y por las expresiones que ponen de manifiesto al llevar adelante sus agendas. El caso del asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras es un ejemplo en este sentido 45. Esta dramática realidad de América Latina se reproduce en menor escala, pero en niveles preocupantes, en Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. De la nueva agenda de la libertad de expresión en América Latina, el problema de la violencia es seguramente el más dramático y uno de los más difíciles de resolver. Sin duda, estos crímenes exponen situaciones de violaciones de derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad física, pero también implican un severo silenciamiento de voces y el empobrecimiento del debate público, pues no solo tienen efecto sobre las víctimas directas de la violencia, sino que producen un efecto de silenciamiento sobre aquellos que lógicamente temen correr esos mismos riesgos al expresarse. Por ello, los fundamentos de la intervención estatal para proteger a activistas y periodistas no se limitan a los relacionados con aquellos derechos básicos como la vida y la integridad física, sino que por medio de esa intervención se preserva el funcionamiento del mismo sistema político democrático.

Han surgido también, en las últimas dos décadas, profundos debates en muchos países de América Latina sobre la necesidad de regular la propiedad de medios; establecer restricciones al uso de la publicidad oficial; asignar responsabilidades al Estado respecto de la protección de la prensa y de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos; y regular diferentes actividades y prácticas que tienden a la violación de la libertad de expresión en la internet, lo cual implica amenazas no solo desde los estados, sino también desde el accionar de poderosos actores del mundo digital. Estas discusiones acerca del tipo correcto de regulación estatal que debería establecerse no han sido sencillas ni pacíficas y han conducido a la confrontación de propuestas fundadas todas ellas en el mismo valor de la libertad de expresión, aunque comprendido de diferentes maneras. Tomemos por ejemplo el caso de la regulación de la propiedad y el funcionamiento de los medios de comunicación. Algunos ven una amenaza al derecho de expresarse libremente en el surgimiento de monopolios informativos y defienden su regulación a partir de una concepción de la libertad de expresión como precondición de la democracia. Esta perspectiva justifica la intervención del Estado para asegurar esa libertad.