Hugo Villela Guerrero - Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena

A lo largo de este trabajo, intentaremos realizar dos objetivos respecto a la comprensión de las modificaciones de la tenencia de la tierra introducidas por el régimen cívico militar. El primero es globalizar un volumen de información existente a fin de tener un panorama general de la situación, más allá de la forma fragmentaria con que ha sido manipulada, distorsionando muchas veces su contenido y significado social. El segundo es tratar de explicar la racionalidad del autoritarismo en la formulación y aplicación de una política concreta. No hemos tomado la totalidad de la política agraria, sino un aspecto específico dentro de ella, la política de tenencia del recurso tierra.

Si bien la tenencia de la tierra es un aspecto parcial de la política agraria, envuelve bastante más que una problemática jurídica o un debate doctrinario. Es uno de los puntos obligados por donde han pasado y pasan las coordenadas del poder en esta sociedad. Es en torno a él –no exclusivamente– que los sectores dominantes han debido probar su capacidad de redefinición interna en su proceso de desarrollo político; formular su proyecto de dominación; experimentar la debilidad de su proyecto; sufrir el surgimiento de metas de revolución social; recurrir y desaparecer en el autoritarismo, para reaparecer juntos –esta vez los sectores dominantes como «inspiradores»– en un «nuevo y aún inacabado proyecto de dominación».

Es en torno a la tenencia de la tierra que los sectores campesinos entran a plantear el problema del poder, más allá de un puro intento de modernización capitalista. La redistribución de la tierra y la reforma agraria en su totalidad implicaban el surgimiento de nuevas relaciones sociales y nuevos valores de comportamiento social; era un proceso que requería tiempo y voluntad política y ponía en peligro la estabilidad del sistema. El proceso es cortado violentamente por el «argumento» de la fuerza. Los sectores dominantes recuperan su «seguridad» e inician su reconstrucción material y la implementación de sus metas.

Pero el problema de la tenencia de la tierra no es un problema meramente técnico, como ha querido siempre presentarlo la derecha política y las fuerzas sociales que ella aglutina. La reforma de la tenencia ha envuelto como elemento constitutivo un problema político que expresa la crisis de un tipo de dominación social y que se coloca como desafío a superar en un nuevo nivel, en un nuevo tipo de dominación, a través de un proceso de restauraciones sucesivas.

La historia de la reforma agraria chilena, desde la perspectiva de los sectores dominantes, puede ser interpretada, tanto en el intento alessandrista como luego bajo el régimen democristiano, como expresión del «reajuste restaurador» de estos sectores.

En el caso de Jorge Alessandri (1958 – 1964), el problema de la Reforma Agraria se pone como un modo de ampliar su base de poder demasiado restringida al apoyo de la derecha política (Partido Liberal y Partido Conservador), a través de la incorporación de sectores de clase media (Partido Radical) que condicionaban su apoyo a la realización de ciertas «reformas estructurales» (propuestas por la Alianza para el Progreso). Se dicta así la ley 15.020 de Reforma Agraria. La ley fue presentada como un esfuerzo del sistema por abordar «técnicamente» el problema de la racionalización del sector agrario. Sus objetivos no llegaban más allá de acelerar un programa de colonización y de una reforma de la tenencia muy limitada. Se trataba más bien de una medida que conciliaba los intereses de los sectores terratenientes y las demandas de aquellos grupos medios que estimaban necesaria la implementación de cambios profundos en el campo. La ley intentaba restaurar así la propiedad en un nuevo nivel de «racionalidad».

El centrismo político de la administración democristiana (1964 – 1970) puso menos énfasis en el aspecto restaurador y más en el ímpetu modernizador de la sociedad. En este sentido, la gestión democristiana aparece como el gran ajuste modernizador del proceso de desarrollo capitalista chileno. Más que restaurar una fórmula de dominación estrecha que ensayara hacer viable el desarrollo capitalista a partir de una base social restringida (Alessandri), pone el acento en la restauración de aquellos elementos del sistema, cuya reformulación permite transformar la fórmula de dominación desplazando a la derecha política y permitiendo el acceso de los sectores medios al poder político, sin abandonar su función mediadora respecto a los sectores capitalistas. El centrismo político asume el papel de mediador en el intento más estructurado de incorporar al sistema a amplios sectores populares en función de la estabilización de un pacto de dominación. En este sentido, las líneas centrales del proyecto implicaban:

Negociaciones con el capital internacional para «chilenizar» el cobre.

Considerables subvenciones al capital nacional para impulsar la industrialización.

Formulación de políticas de «promoción» de ciertos sectores de la sociedad especialmente pobladores y campesinos: «Promoción Popular» y «Sindicalización campesina» y,

en esta misma dirección, reestructuración capitalista del campo: «Reforma Agraria».

La Reforma Agraria es colocada en la línea del apoyo a la estrategia de industrialización, y en su racionalidad implicará:

1 Una redefinición de la propiedad privada en función de criterios de eficiencia capitalista. Esto significa el desplazamiento del latifundio como empresa económica de productividad baja y su reemplazo –en el nivel de los propietarios privados y no de los asignatarios de la Reforma Agraria− por una empresa de tamaño más reducido: 80 hectáreas de riego básico, la cual está destinada a mejorar la tasa de productividad.

2 Desarticulación de los intereses potenciales del campesinado frente al sector capitalista privado, a través de:

3 La creación de un estrato campesino, el sector reformado, base de la clientela campesina de la Democracia Cristiana; y la ampliación de la base de asalariados rurales. Esta modificación de la estratificación interna del campesinado tiene como motor una nueva forma de explotación: el asentamiento, unidad empresarial autogestionada que será portadora de valores de comportamiento capitalista y que contribuirá al desarrollo de una ideología propietarista.Delimitación de los márgenes de conflicto en el campo. La incorporación del sector campesino al sistema lleva a la institucionalización del conflicto y a la regulación tanto en la organización como en su funcionamiento de los procesos participatorios (por ejemplo, la ley de sindicalización campesina).

Es esta herencia de reordenación capitalista la que recibe el gobierno de la Unidad Popular.

Las contradicciones que plantea esta reordenación capitalista bajo el régimen democristiano, hicieron posible una progresiva toma de conciencia campesina del problema de la Reforma Agraria como problema político; el creciente proceso de «toma de predios» era el planteamiento de dicha reforma en torno a la cuestión del poder.

La Unidad Popular llegó al poder apoyada en forma importante por estos sectores campesinos. Su problema era: orientar la Reforma Agraria en la dirección de una transformación que llevara a estructuras y relaciones sociales de tipo socialistas; canalizar el apoyo de estas bases en la misma dirección manteniendo un nivel de eficiencia en la producción; pero todo esto dentro de los límites que imponía la legalidad con que se había intentado la modernización en el período anterior, y con la herencia de reordenación capitalista que significaba: la existencia de un sector privado fortalecido en sus estratos modernos –sólo había sido golpeado el latifundio− y, la presencia de un estrato campesino, el sector reformado, en importante medida portador –a nivel micro social– de una cierta racionalidad capitalista 6. La persistencia de motivaciones, valores y comportamientos capitalistas en sectores campesinos fue el gran obstáculo que debió afrontar la Unidad Popular en su intento de reformular nuevas relaciones sociales en el campo, además de la acción de un sector capitalista privado que le era militantemente adverso.