Está organizado en cuatro apartados temáticos: “Los golpes de Estado: ayer, hoy mañana”, “Justicia transicional: retos y experiencias”, “Cine, historia y memoria” y “A modo de cierre”. Dos de ellos están acompañados por anexos: “1973 en la memoria de los protagonistas: testimonios” y “Tiempo y verdad: reflexiones de los documentalistas”.
Bajo el apartado “Los golpes de Estado: ayer, hoy y mañana” y con un ordenamiento histórico-cronológico de los quiebres institucionales, se presentan trabajos centrados en el análisis de los periodos dictatoriales en ambos países. Lo anterior se ofrece desde una doble mirada. Una de ellas está dedicada al estudio de las coyunturas nacionales en las que se inscribieron. La otra mirada se aboca a la consideración de los regímenes surgidos de estas rupturas-continuidades, a partir de variables relacionadas con el sistema político, la estructura de partidos y el espectro ideológico en el que se desarrollaron e imprimieron su impronta al presente.
Aunque pueden advertirse variantes metodológicas, todos los estudios —sociológicos, politológicos, históricos— están orientados a la caracterización de los sistemas políticos, particularmente los subsistemas de partido, lo político ideológico, lo político institucional y el análisis de coyunturas. Se advierte que los analistas del golpe chileno parecen mucho más impactados por el periodo transicional en el que jugaron distintos, diversos e incluso muy encontrados actores. Mientras que quienes analizan el golpe uruguayo ponen mayor énfasis en la construcción explicativa de cómo se produjo la ruptura institucional y qué juego de fuerzas y estrategias permitieron la “noche” dictatorial.
Dos son los estudios especializados que dan cuenta de las características, la evolución y consolidación del régimen rupturista uruguayo. La temprana precipitación de la crisis en este país encuentra en el estudio de Gonzalo Varela múltiples consideraciones. A partir de un rastreo que toma en cuenta la estructura poblacional del país y la particular configuración que alcanzó la sustitución de importaciones, otras explicaciones se sobreponen a la problemática demográfica y aun económica. Ella funge en el intento explicativo como uno de los componentes, y no precisamente el más significativo, de un encadenamiento crítico que condujo al colapso de la vida institucional de un país sólidamente fincado en su respeto y cultivo. La hipótesis central enfatiza el lento y constante deterioro del sistema político a partir de la crisis del subsistema de partidos en una peculiar estructura gubernativa que aunaba coparticipación, competencia y sabotaje en todos los niveles de la estructura estatal, aun en el Ejecutivo colegiado. Subsistema que, si bien solventaba con fluidez los desafíos electorales, se enfrentaba a organizaciones de la sociedad civil, particularmente a un movimiento sindical independiente y clasista, liderado por una izquierda política, predominantemente comunista, que se erigió como un oponente de fuste a partir de un proyecto programático de dimensión nacional.
Varela enmarca la aparición de nuevos actores en la crítica conflictiva de cambios del contexto internacional y latinoamericano de fines de los años sesenta. Analiza así el surgimiento de una izquierda armada y la mayoritaria concreción de un agrupamiento político opositor de más tímida definición programática que la Unidad Popular chilena: el Frente Amplio. La exacerbación del conflicto en nuevas instancias electorales introdujo también un nuevo e insólito actor en la crisis política uruguaya: las Fuerzas Armadas. En un clásico panorama de crisis que conjuntaba fraccionamiento de los partidos tradicionales, deterioro económico y administrativo, conflicto social, ruptura de normas jurídicas, violencia política e intervención militar, el sistema político uruguayo expiró con un gemido apenas, que no fue detonado por la vistosa irrupción de algún liderazgo ambicioso, sino el epílogo final de la “descomposición de un sistema político carente de dirección”. Frente a la opacidad del quiebre institucional destaca la singular forma que adquirió el enfrentamiento a partir de la huelga general de quince días protagonizado por el movimiento sindical. El aporte de Varela se centra en el diseño de una cartografía que da cuenta de la compleja y gradual mecánica golpista. Este autor la analiza en su proyecto político y económico oscilante entre el proteccionismo y la liberalización, para enfatizar el carácter represivo y terrorista del poder estatal, con su clausura de la vida política, intelectual y cultural de Uruguay, acorde con el contexto regional conosureño.
En diálogo con el estudio de Varela, el lector encontrará el de Álvaro Rico, cuyo eje rector es la caracterización de la dictadura uruguaya. Con una acuciosa fundamentación, el autor explica las peculiaridades de la naturaleza cívico-militar de esa formación dictatorial. Aunque todas las dictaduras de la región gozaron de un aporte civil, el caso uruguayo exige una especial consideración en función de su condición de proceso signado por la continuidad-ruptura que imprimió el autogolpe dado por el presidente constitucionalmente electo, Juan María Bordaberry, conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Hecho que no supuso, como en el resto de las dictaduras de Seguridad Nacional, la sustitución del Ejecutivo y la presencia de elencos militares en ese cargo desde el inicio sino hasta el último tercio del proceso dictatorial. En esta transformación de iure a facto, Rico sienta las bases de la continuidad que marcó el autoritarismo nacional, tanto en los aspectos operativos como en la definición de la nueva estructura burocrático-estatal. De manera que se conformó un bloque mixto que asumiría el nuevo poder. Este análisis le permite singularizarla como “dictadura-institución”, de “poder único-compartido”. Un “Estado híbrido” que comporta una doble dimensión institucional: la pública, basada en las leyes aprobadas por la propia dictadura, y la clandestina, cuyo objetivo fue gobernar, reprimir y controlar a la sociedad y a las organizaciones de izquierda. En esta caracterización se ubica uno de sus principales aportes.
En el capítulo se considera la prefiguración del bloque en el poder en el inmediato periodo pregolpista. Es aquí donde se sellan las alianzas políticas y se da forma incipiente a la estructura jurídica legal e ilegal que luego se aplicaría en la fase propiamente dictatorial. En ese espacio se conjuga la relación compleja democracia-autoritarismo en la coyuntura anterior al golpe, no como términos antagónicos sino tensionados en paralelo.
A partir de estas definiciones, el autor aborda el estudio de los dos “gobiernos de crisis”, los de Jorge Pacheco Areco y Bordaberry, que graduaron el largo desmonte de la institucionalidad uruguaya y que sentaron las bases estructurales que serían conservadas y profundizadas durante el periodo propiamente dictatorial. En este pregobierno de facto se ubican también otros elementos de continuidad, básicamente, la paulatina incorporación de las Fuerzas Armadas al proceso político que el autor analiza en sus cuatro momentos: comisarial, técnico militar, refundacional y, finalmente, la fase pretoriana y de transición.
Apoyado en estos asertos, estudia la nueva institucionalidad militarizada y las transformaciones que surgirán en el plano de la Justicia Militar, así como el nuevo marco jurídico represivo. Estos son elementos fundamentales para singularizar un régimen que dio preeminencia a la prisión política prolongada, aunque no en detrimento de otras formas abiertamente ilegales como tortura, desapariciones forzadas, traslado ilegal de prisioneros y sustracción de identidad de menores.
El capítulo aporta también un marco privilegiado de acceso a las fuentes, ya que el autor es coordinador de la investigación histórica sobre desaparición forzada desarrollada conjuntamente entre la Universidad y la Presidencia de la República. Este destacado papel le permite incorporar una amplia y sistematizada información proveniente de los archivos de seguridad en torno a los aspectos cuantitativos y cualitativos de esa represión. Lo mismo hace posible que Rico incursione con probada suficiencia en el análisis de los organismos de seguridad e inteligencia. El énfasis en las estructuras institucionalizadas no hace perder de vista el otro aspecto clandestino, secreto e ilegal del “Estado-dictadura”: el carácter meramente policial del accionar de las Fuerzas Armadas y su evidente parentesco con las “guerras sucias” de la región.
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