Arturo Villavicencio - Neoliberalizando la naturaleza

En la actualidad las BINGO mantienen estrechas relaciones políticas y financieras con los gobiernos, agencias bilaterales y multilaterales y corporaciones multinacionales que operan en los países en desarrollo (Chapin, 2004; MacDonald, 2011; Igoe, Neves y Bro­ckington, 2011; Kelly, 2011). Esta alianza vuelve casi imposible a estas organizaciones cuestionar problemas ambientales que puedan entrar en conflicto con los intereses de las corporaciones mundiales. De esta manera, en la medida en que los límites entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil se volvían más porosos bajo la gobernanza neoliberal, las BINGO se iban posicionado en el vacío dejado por el Estado para conver­tirse en «el caballo de Troya del neoliberalismo» (Harvey, 2005: 177). Como observa Chapin, «en un viraje irónico, las grandes ONG se han aliado con las fuerzas que están destruyendo los ecosistemas remanentes, ignorando o a veces oponiéndose a aquellos grupos y fuerzas que intentan salvarlos de la destrucción» (2004: 26).

En resumen, tres importantes observaciones ameritan la emergencia de estas organizaciones en la nueva configuración de la gobernanza ambiental a nivel global (Corson, 2011). Primero, ellas han capitalizado una visión idealizada de ellas mismas como representantes genuinos de una sociedad civil preocupada en contrarrestar los efectos de la degradación ambiental causados por el desarrollo capitalista. Segundo, la focalización en la biodiversidad de los países del Sur, como un problema ambiental global ha sido fundamental para el desarrollo de alianzas entre las ONG transnacionales, Gobiernos de los países desarrollados y corporaciones. La definición tanto del ambiente como la biodiversidad de los países en desarrollo, a ser protegida en parques nacionales lejos de los intereses económicos y políticos, ha sido un catalizador para el apoyo de los políticos y empresarios a programas de «ayuda ambiental» manejados por las BINGO y sus socios. Por último, el discurso de esas organizaciones ha cimentado la idea de que los países del Norte pueden ser ambientalmente respetuosos sin confrontar la degradación causada por sus estilos de desarrollo. Más aún, este discurso contribuye a un proceso en el cual el ambientalismo es incorporado en la creación de nuevos espacios simbólicos y materiales, para la expansión global del capital (p. 110).

Pero, como se señaló anteriormente, el papel del Estado en la gobernanza ambiental neoliberal no significa únicamente un reescalamiento o descentramiento hacia arriba de sus funciones de gobernanza, es decir, a una escala supranacional. Paralelamente a este fenómeno se producen cambios importantes a un nivel subnacional y tienen que ver con la incorporación de unidades administrativas de nivel inferior y de grupos sociales locales en los procesos formales de gobernanza ambiental (Lemos y Agrawal, 2006). En otras palabras, también tiene lugar al mismo tiempo un proceso de reescalamiento o descentramiento hacia abajo de las funciones de gobernanza. Se trata de una gobernanza ambiental descentralizada bajo la cual actores locales se autoorganizan y establecen nuevas instituciones y líneas de autoridad fuera de la tutela del Estado para la gestión de recursos y servicios ambientales de acuerdo a sus intereses. Estas escalas espaciales de gobernanza nunca son fijas, sino que se encuentran en un proceso continuo de redefinición, cuestionamiento y reestructuración en términos de su alcance, contenido, importancia e interrelaciones. Así, las políticas ambientales se caracterizan por un movimiento paralelo y simultáneo entre las grandes y pequeñas escalas, entre lo global y local, movimiento definido como «glocalización» (Swyngedouw, 1997).

Este proceso de producción del espacio a través de una perpetua reelaboración de las geografías de circulación y acumulación del capital descarta configuraciones y escalas de gobernanza existentes y produce nuevas configuraciones en el proceso… Esta construcción y decons­trucción de escalas espaciales reestructura las relaciones sociales de poder de manera significativa (Swyngedouw, 2000: 68).

Pero el fenómeno de glocalización también puede presentarse problemático y traer consigo algunos riesgos. Algunos críticos de la conservación neoliberal han señalado (Fletcher, 2010; Pleumarom, 1996; Duffy, 2002) que en lugar de restituir el control y gestión de los recursos y el ambiente a los miembros de las comunidades, la neoliberalización crea las condiciones para el aumento del control por parte de las corporaciones, agencias internacionales y grandes ONG a través de estructuras descentralizadas de gobernanza en las que participan los miembros de las comunidades. Muchas comunidades ven sus derechos sobre los recursos disminuidos en la medida en que estos, a través de proyectos y programas financiados con ayuda externa, son incorporados en amplias estructuras de mercado y esta mercantilización altera los valores y significados locales, afectando las dinámicas sociales y culturales dentro de las comunidades. Estos son temas que no pueden ser ignorados cuando se evalúan las bondades de los procesos de descentramiento del Estado en la gobernanza ambiental.

Un elemento importante en las nuevas modalidades de gobernanza es el uso de mecanismos y herramientas que indirectamente incitan a las personas a actuar de una manera determinada en lugar de dirigir el comportamiento mediante instrumentos de comando y control o las llamadas formas coercitivas de regulación. Siguiendo la tipología sugerida por Fontaine (2015), esta modalidad podría ser asimilada a un descentramiento de las funciones del Estado hacia afuera. Se trata de la proliferación de lo que McCarthy y Prudham (2004) describen como los crecientes marcos regulatorios que implican estándares y reglas no obligatorios, cooperación público-pri­vada, autorregulación y una mayor participación de ciudadanos y coaliciones. Este es el caso de los etiquetados de los productos (verde, ecosaludable, orgánico, responsable, etc.), cuya verificación es generalmente llevada a cabo por actores no gubernamentales a través de certificadoras especializadas o asociaciones comerciales, algu­nas de las cuales son manejadas como negocios, otras como ONG (Guthman, 2008; Carrier y Macleod, 2005).

Resulta evidente que el etiquetado verde y consumo ético son dos caras de una misma moneda. Quienes abogan por este tipo de consumo argumentan que los consumidores pueden usar sus preferencias de mercado para presionar a las empresas, en un mercado competitivo, a cambiar la manera hacer las cosas sin necesidad de normas coercitivas y controles. El consumo ético marca una conjunción del capitalismo y la conservación de la naturaleza ya que utiliza las transacciones de mercado, o los mecanismos de mercado en general, como un mecanismo efectivo de protección del ambiente. Algunos autores (Guthman, 2008; Carrier, 2011; Wanner, 2015) consideran el consumo ético como una expresión moderna de la resistencia social a la que hace referencia Polanyi en su tesis del doble movimiento (2001 [1944]: 138). En este caso, consumo ético sería una forma de resistencia para la protección del ambiente de los excesos del capitalismo de libre mercado. Los autores citados, entre otros, ven en estas modalidades y mecanismos de gobernanza una tercera vía entre la regulación del Estado y la privatización de todo; una suerte de desplazamiento desde la antirregulación hacia una «metarregulación» (Guthman, 2008); es decir, una modalidad de gobernanza que implica un cambio en la distribución tradicional de responsabilidades hacia una nueva situación en la que la política pública desempeña el papel de facilitador a través del apoyo de esquemas y pagos, mientras las fuerzas del mercado, a través de redes autoorganizadas, desempeñan el papel de regulación.