Luis Bustos - Temas de derecho minera- energético

Según lo expuesto, nos aventuraremos a expresar que la categoría de “minería criminal”, entendida como la que confluye con las estructuras de los grupos armados presentes en el país y que se beneficia de un control territorial y social para desarrollar su actividad fuera de la institucionalidad, tomando provecho de los espacios de difícil acceso del país 46, es donde esperamos se presentarán mayores adelantos derivados del proceso de paz, como consecuencia de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han comprometido al abandono de toda su actividad ilícita utilizada para el financiamiento que incluye lo concerniente con este tipo de explotaciones. No obstante, el reto para el Gobierno nacional no termina allí, puesto que además del seguimiento y control territorial que deberá hacer efectivo es probable la aparición de diferentes grupos ilegales quienes quieran aprovechar la coyuntura y apoderarse de las mismas operaciones de carácter ilícito.

Desde esta perspectiva, la falta de control estatal sobre la minería criminal también suscita un problema complejo que impacta su credibilidad e incentiva la desinstitucionalización en los lugares donde ejerce su influencia. En razón de esto, resulta importante que se tenga en cuenta en los procesos de lucha y erradicación de este tipo de actividades el acompañamiento a la población que está ubicada en estos espacios del territorio nacional con seguridad y políticas públicas complementarias que respalden los procesos destinados a cambiar esta realidad 47.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de contar con un sistema de legalización efectiva para quienes quieran continuar con la actividad, pero dentro del marco institucional, en todo caso no se puede incurrir en los errores del pasado al no ser efectivos en cuanto a los tiempos utilizados por parte de la administración para cumplir con el proceso de legalización, adaptar los mecanismos de manera diferenciada a los desiguales tipos de minería ilegal que se presentan y, más importante aún, se deben blindar los marcos regulatorios y legales sobre los cuales se cimienta este tipo de políticas desde el punto de vista constitucional, lo cual les permita superar en el mediano plazo las revisiones que muy seguramente realizarán la Rama Judicial del Poder Público sobre las herramientas utilizadas 48.

Este tema debe abordarse con máxima responsabilidad, ya que por más que las autoridades proclamaran la diferenciación en el trato de los tipos de minería que se ejerce en el país, en la práctica se han venido aplicado políticas públicas que los han ubicado bajo un mismo criterio lo que ha conllevado en ocasiones una judicialización vinculada a delitos de explotación ilícita y contaminación ambiental 49.

Finalmente, sería injusto el no reconocer una serie de acciones establecidas por el Gobierno, que han tenido por objetivo mitigar los impactos negativos sobre el sector minero, explicados en los párrafos superiores y que buscan encarrilar a la minería hacia la obtención de mejores resultados, dentro de estas acciones, de manera resumida, podemos mencionar, entre otras: la introducción del importante principio de la sostenibilidad fiscal 50, la formulación por parte del Ministerio de Minas y Energía de una política que retoma el reconocimiento de una diferenciación entre los tipos de minería para la implementación de políticas públicas diferenciadas, la búsqueda de nuevas acciones para la formalización minera, la modernización e implementación de herramientas para el mejoramiento de la información minera del país, los esfuerzos realizados para hacer parte y cumplir con el estándar del Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 51y la lucha contra la minería ilegal 52.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 como los acuerdos de paz de La Habana son documentos dentro de la política pública sobre los que descansa y se estructuran las acciones gubernamentales que determinarán el devenir de nuestro país para los años venideros. En este mismo sentido, debemos indicar que los dos textos poseen unas características similares en cuanto al desarrollo integral del campo colombiano y la reducción de la pobreza monetaria rural, ambos se encuentran alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2016), implantados por Naciones Unidas, por lo que hay una clara identificación con los objetivos globales y podríamos llegar a manifestar que estas concordancias no se tratan de simples coincidencias.

Siguiendo esta línea, la relación de cada uno de los puntos del proceso de paz negociado contó con una correspondencia directa enlazada con los llamados (ODS) y, en efecto, en el punto del Desarrollo Agrario encontramos múltiples afirmaciones que nos interesan por su estrecho vínculo con el desempeño del sector Minero-Energético, de manera que el punto del Desarrollo Agrario se enlaza con los siguientes objetivos (ODS): fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, industria innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, vida de ecosistemas terrestres y, finalmente, paz justicia e instituciones sólidas 53.

La anterior enumeración nos indica que el desarrollo agrario termina siendo desde esta perspectiva el eje central del acuerdo o por lo menos es la temática que tiene más interés por parte de la comunidad internacional por su vínculo con doce de los objetivos. Así, el progreso de este aspecto específico apalanca una multiplicidad de metas de la agenda 2030-ODS y está muy por encima de otros puntos negociados como el de la participación política y drogas ilícitas que solo encuentran vínculo con tres de estos 54.

Un tema esencial a tener en cuenta cuando nos referimos a la construcción de un ambiente de paz y posconflicto es la de proyección de tiempos y periodos que necesitará el país para consolidar la paz, a pesar de las dificultades creemos que continuaremos en una línea direccionada hacia un periodo de entrega de armas, y almacenamiento de estas, encaminada hacia la finalización de las zonas veredales transitorias de normalización en donde se encontraron miembros de las FARC y tras la cual se consolidará definitivamente la dejación de armas y el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo.

Es a partir del momento descrito en el anterior párrafo que retomaremos algunos de los escenarios planteados por el (DNP) los cuales resultan muy interesantes de examinar, ya que efectúan una serie de proyecciones en el mediano y largo plazo para el país en un escenario de paz. En concreto, el (DNP) identifica tres etapas que denominan: estabilización (18 meses), durabilidad y respeto a lo acordado (10 años), y sostenibilidad (20 años), la etapa de estabilización se constituiría dentro de los dieciocho meses posteriores a la consolidación definitivamente de la dejación de armas y cese al fuego, en esta etapa se buscaría “mejorar las condiciones para la transición, mitigar y prevenir los riesgos y generar confianza”. Posteriormente, se entraría a la implementación real de los acuerdos, etapa que se denomina de durabilidad y respeto a lo acordado en la que esencialmente se busca “[…] mejorar la vida de todos en especial de la población campesina, ampliar la democracia; hacer efectivos los derechos de las víctimas y garantizar la reintegración de las FARC EP” para finalmente consolidar una etapa de sostenibilidad en la que se busca “aprovechar las oportunidades y materializar los dividendos de la paz; un país más integrado, más equitativo, más democrático, más seguro[…]” 55.

Efectos sobre los territorios