Luis Bustos - Temas de derecho minera- energético

Otro factor resaltable es la constante tención y choque de intereses entre las operaciones mineras y el ordenamiento e institucionalidad ambiental del país, ahora bien no queremos señalar que la conciliación de intereses entre estos dos componentes sea un imposible, pero debemos reconocer que hoy por hoy nos ubicamos en el centro de la discusión vinculada a múltiples aspectos como lo son: la definición de zonas de reserva forestal, la identificación de ecosistemas estratégicos y la política de creación e impulso de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), que se constituyen, entre otros múltiples asuntos, como pruebas del reto que afrontamos en materia ambiental para el sector extractivo en general 21.

Además, debemos traer a colación la fuerte movilización social generada en contra de la actividad minera que posiblemente es la consecuencia de malos resultados de desarrollo y la falta de solución sobre las necesidades de la comunidad en algunos de los lugares donde han operado tradicionalmente estos empresarios. Debemos aclarar que la anterior situación no es atribuible totalmente a las empresas extractivas, como se ha querido desinformar, por el contrario, es el resultado de una mezcla de factores complejos en los que se unen el accionar del Estado como director de una política regional desde Bogotá, la falta de presencia estatal en los territorios donde se explotan minas, algunas acciones de los privados que se oponen a los estándares idóneos para el buen desarrollo de la minería y la incorrecta elección de autoridades locales por parte de los pobladores de estos territorios; además de todo lo mencionado, se enmarca al interior de un país que ha padecido las consecuencias de un conflicto armado 22.

Un factor añadido, que se debe tener en cuenta, es el relacionado con el cambio que se presentó con la reforma sobre las regalías en el país 23, esta modificación que tenía por objetivo una mejora en el tema de equidad entre regiones no productoras y productoras acrecentó el descontento de las últimas, puesto que impactó los territorios donde tiene lugar la actividad extractiva, esta inconformidad, expresada en contra de la nueva repartición, ha jugado en contra del sector extractivo, ya que aparentemente los recursos no son suficientes para subsanar los diferentes impactos reclamados en aspectos ambientales, sociales y económicos 24.

En consecuencia, debido a la conflagración de múltiples conflictos sociales producidos en territorios donde se desarrollan actividades extractivas, se reclaman, entre otras cosas: reivindicaciones ambientales, satisfacción de necesidades básicas y una mayor autonomía frente al gobierno de Bogotá 25. De esta manera, se han constituido varios inconvenientes institucionales y políticos que llevaron a la suspensión de proyectos extractivos 26y a un obvio declive en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales por parte de las autoridades encargadas de estos asuntos 27.

Otro factor que también se debe poner a consideración dentro de los aspectos que han labrado la realidad del sector minero colombiano es el relacionado con la falta de un adecuado sistema de información que respalde la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas sobre la utilización y explotación idónea de los recursos mineros, hay que tener en cuenta que es imprescindible para cualquier Estado identificar adecuadamente los recursos que posee y conocer en detalle los territorios donde se encuentran ubicados 28.

Un correcto sistema de mapas es una herramienta que respalda las diferentes decisiones de los Gobiernos nacionales y locales sobre el territorio y de similar manera permite un sustancial ahorro en los esfuerzos económicos y gerenciales sobre la toma de decisiones de política pública y la consolidación de estrategias sociales, económicas y ambientales 29.

En similar sentido, los mapas son una excelente forma de comunicar los avances y ejecución de proyectos a la comunidad y a la opinión pública, el libre acceso a este tipo de información resulta determinante dentro de la gobernabilidad que se ejerce sobre los habitantes de las zonas donde se explotan los recursos mineros. Además, los mapas son puentes para aproximar los intereses de la comunidad y preservar prácticas de transparencia y verificación, en el buen uso de los recursos naturales que, al ser respaldados por el Estado, crean un ambiente de transparencia y soporte óptimo para la institucionalidad en la implementación de sus políticas 30.

En el caso colombiano, poseemos ciertas dificultades sin resolver vinculadas con la coherencia y acceso a la información que describe el mercado minero nacional, hay que reconocer que existe un esfuerzo gubernamental dedicado a modernizar estos sistemas por intermedio de la plataforma del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), el ingreso al Comité Internacional para el Reporte de Recursos y Reservas (CRIRSCO) y las transformaciones que se vienen realizando sobre el catastro minero, pero, en definitiva, aún se encuentran inconsistencias entre la información entregada por intermedio de estas plataformas y lo afirmado por otras instituciones del sector, como el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM). Las diferencias resultan mayores cuando acudimos a más instituciones relacionadas con la actividad, como lo son las autoridades ambientales o de comercio del país 31.

Actualmente, Colombia está en proceso de mejorar su registro del subsuelo nacional, un mejor sistema de mapeo de los recursos y una información certera que respalde la implementación de políticas para la inversión privada y que garantice el adecuado seguimiento sobre la riqueza obtenida para los presupuestos nacionales a partir de la explotación de recursos naturales, lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con lo postulado por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Algunos ejemplos interesantes vinculados a la implementación de mapas abiertos para el desarrollo y planeación de políticas públicas los encontramos a nivel nacional con el mapa de regalías que depende del DNP 32y en el ámbito internacional con el sistema de información geográfica que ofrece la provincia de Manitoba en Canadá 33.

Se debe destacar que para el 2010, instituciones gubernamentales como la Defensoría del Pueblo reportaron que “el 28 % de las unidades de explotación minera de hecho (sin título) se dedicaban a la explotación de oro” y, en el mismo sentido, el Censo Minero Departamental, aplicado para el periodo 2010-2011, indicó que el 86,7 % de las minas de oro censadas en el país operaban sin ningún título. En otras palabras, la producción de este mineral se realizaba en su gran mayoría en el país bajo la informalidad, de igual manera se pronunció la Contraloría General de la República en el 2013, revelando que tan solo el 40 % de este mineral es reportado mientras que el 60 % restante es colocado en el mercado internacional por intermedio de canales ilegítimos 34. En estudios adelantados por la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), el 83 % de la extracción de tipo aurífera en el país es desarrollada por mineros que no cuentan con un título legal para adelantar su labor. Adicionalmente, se exportan más toneladas de oro frente a lo pagado y reportado por concepto de regalías al Estado, lo anterior se debe revisar con miras a evitar la evasión por el pago de regalías y lo que es más preocupante la exportación ficticia que respalda la entrada de capitales que no pueden ser soportados ante las autoridades 35.

De similar manera, se ha identificado que el oro es el único recurso natural no renovable en el que su producción se da en el país bajo todos los tipos de extracciones establecidas dentro de las categorías de formal, ilegal, informal, criminal y artesanal-ancestral. Lo anterior denota la problemática que existe en la conflictividad social bajo la explotación de este mineral, comparativamente podemos indicar que en el caso del petróleo, la única forma de explotación es la formal o en el del cobre, donde es inexistente las formas de explotación informal, criminal o artesanal-ancestral 36.