Luis Bustos - Temas de derecho minera- energético

Mayra Alejandra Alcendra Moscote, en su trabajo “Participación ciudadana y los principios de coordinación y concurrencia: el caso de la exploración de hidrocarburos. Una posible salida legislativa a través del cabildo abierto”, presenta su visión y la propuesta del cabildo abierto como posible solución a la oposición de sectores de la sociedad colombiana frente al desarrollo de actividades propias de la industria de los hidrocarburos, centradas en preocupaciones ambientales, fiscales y sociales.

Por último, Juan Felipe Neira, con el apoyo de Johana Rojano y Sandra Castro, en su capítulo “Experiencias comparadas del sector minero-energético en el posconflicto: posibles lecciones de la República de Angola y la República Democrática del Congo”, analiza las experiencias de la República de Angola y la República del Congo como naciones en las que el sector minero-energético ha sido un elemento presente en el conflicto armado de estos países. En este sentido, y a pesar de las diferencias históricas y culturales entre esos países africanos y Colombia, para el autor, la disponibilidad de recursos naturales, como factor constante de financiación del conflicto, es un elemento común entre este caso de estudio y nuestro país.

Sea esta la oportunidad para agradecer al Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia por su apoyo en el proceso de revisión y edición de esta obra, en particular a su directora, la doctora Carolina Esguerra. Asimismo, nuestro agradecimiento al doctor Luis Ferney Moreno Castillo, director del Departamento de Derecho Minero-Energético, por su apoyo a la continuidad de esta colección, aparejada a la evolución del Departamento de Derecho Minero-Energético. Finalmente, nuestra gratitud con los autores participantes en esta edición, quienes con dedicación y esmero han contribuido a este número conmemorativo que hoy tenemos el privilegio de presentar.

MILTON FERNANDO MONTOYA PARDO 1

Director de Investigaciones

Departamento de Derecho Minero-Energético

Bogotá, septiembre de 2020.

LUIS BUSTOS 2Con el apoyo de Edwin Silva Durán y Marcos Torres Barros 3

La visión que el país posee sobre el sector minero ha sufrido algunos cambios determinantes durante los últimos años, de ser considerado un sector, el cual se exhibía, sin lugar a dudas, como un potencial aliado para el desarrollo e inigualable abanderado de grandes programas en campañas presidenciales, ha pasado a ser percibido por cierto segmento de la opinión pública como una actividad que, por lo menos, debe observarse con un mayor detenimiento a la hora de valorar sus contribuciones. Al mismo tiempo, se debe entrar a evaluar el fuerte vínculo que ostenta esta actividad con una parte significativa del territorio colombiano, en especial con las zonas apartadas y que hacen parte de esa “otra Colombia” que mantiene características propias de la ruralidad y que habitualmente conserva vacíos relacionados con una falta de presencia institucional. Es en este escenario que el texto entra a valorar la apuesta por una posible reducción del conflicto armado en el país, subrayando algunos de los efectos que puede llegar a tener esta postura frente al aporte integral (social, ambiental y económico) ofrecido por parte de un sector determinante como el minero.

Cuando nos enfrentamos al análisis y estudio de la minería en el país es relevante indicar que no haremos referencia a una actividad aislada del contexto global; de manera opuesta, este sector guarda fuertes enlaces con la realidad internacional, por lo que resulta atractivo iniciar con unas referencias cortas a lo acontecido en la región y en el mundo, evitando comprender al país como un actor aislado de las tendencias globales.

Un rasgo distintivo que se puede hallar dentro de las diferentes economías en desarrollo es la aparición de las denominadas bonanzas que están vinculadas con el aumento de las exportaciones de recursos naturales, esta realidad ha llevado a varios académicos a realizar estudios destinados a buscar comprender un poco más los riesgos presentes en las economías de países denominados productores y sus efectos sobre la conservación de un crecimiento y estabilidad en el largo plazo, varios de estos han concluido que el “[…] Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se redujo durante los periodos de auge […]”, en últimas este tipo de fenómenos hacen del manejo de la economía algo mucho más incierto 4, por lo que se debe advertir del cuidado con el que se deben enfrentar estos superávits inesperados.

En los primeros años del siglo XXI, ante un crecimiento rápido de los precios de varias de las materias primas, también se incrementó el aprovechamiento de los recursos naturales con los que contaban los países de nuestra región 5. Como consecuencia fue necesario para el Gobierno colombiano navegar bajo ciertas situaciones anormales que pusieron a prueba tanto a los agentes económicos como al Gobierno, al tener que darle un adecuado manejo a los nuevos recursos obtenidos y a todos los efectos que provenían con este auge.

Lo anterior se debe enlazar con una época en la que aumentó el descontento y la desconfianza de los ciudadanos con respecto a todo lo relacionado con las instituciones gubernamentales y en la que el mismo contrato social ha venido perdiendo su fuerza, lo cual desestimula los incentivos de los mismos ciudadanos para continuar cumpliendo con las obligaciones y compromisos enmarcados en este acuerdo, adicionalmente un contexto global dinámico unido a demandas de la clase media en expansión y la desconexión entre ciudadano e instituciones crean un conglomerado de elementos que dejan como secuela el acrecentamiento de la dificultad para gobernar y una incapacidad institucional para ofrecer respuestas rápidas y adecuadas a las necesidades demandadas 6.

Lo descrito anteriormente no es un defecto del cual solo adolezcamos los países de nuestra región, las múltiples tensiones presentes entre: las personas que pertenecen al mercado laboral y los que viven en la periferia, los que vivimos en ciudades y quienes hacen parte de la ruralidad y las lógicas dispares entre los más acaudalados y el resto de la sociedad vienen aumentado. Asimismo, fisuras económicas en latitudes diversas como Asia Central y Europa han impactado “la sostenibilidad del contrato social”, ya que las instituciones que se percibían como creadoras de bienestar y equidad han tenido serias dificultades al proponer soluciones para los nuevos retos sociales. Lo anterior nos ha llevado a un notable cambio de tendencia política en la que los partidos que representan ideas de corte populista han ganado espacios con la fórmula de prometer repuestas radicales a todos los que se sienten agraviados por la institucionalidad 7.

Se puede afirmar que las demandas de la ciudadanía son cada día más dinámicas y crean dificultades para los mismos Estados en su gobernanza, por tanto, se necesita pensar en modificaciones sobre las instituciones que tengan como objetivo el mejorar tanto la confianza ciudadana como las capacidades administrativas, y que aporten en la construcción de una nueva forma de relación con los ciudadanos 8.

Para el caso colombiano, la percepción que tienen los ciudadanos sobre la confianza depositada en el Gobierno nacional ha disminuido desde el 2006, pasando del 48 % al 26 % y siguiendo esta misma línea tan solo el 25 % de los colombianos manifestaron su confianza en los diferentes tribunales con los que cuentan; asimismo, el 86 % expresó que “[…] la corrupción estaba extendida en el país […]” 9, toda esta percepción negativa se ha presentado por más que el total de la inversión pública aumentara, es así como para el 2007, la inversión pública, observada como porcentaje del (PIB), se encontraba en el 4,87 % y pasó al 6,14 % para el 2013, más diciente aún es el identificar que no se produjo un aumento muy determinante en el gasto corriente o en el de defensa, sino, por el contrario, el gasto terminó llegando a los rubros de inversión social, transporte, salud y protección social 10.