Matías Tombolini - La otra campana

Es obvio que la medida no es la más deseable, pero atiende un concepto claro a la hora de ordenar prioridades, y opera sobre el segmento de beneficiarios más castigado frente al avance de los precios en la gestión de Macri. Luego se presentó el nuevo proyecto de ley de actualización de los haberes regresando al criterio vigente hasta 2017, donde la evolución quedó atada a variables como salarios y recaudación, desenganchando la actualización del avance de los precios al tiempo que vincula la mejora del poder adquisitivo de jubilados y pensionados al modo en que se muevan el salario y a la performance de la economía en su conjunto.

De esta manera, los recursos fiscales se reorganizaron buscando fortalecer la base de la pirámide al tiempo que se relegó a quienes percibían haberes más elevados. Es decir, teniendo en cuenta los bonos que se otorgaron en 2020, aquellos que cobraron la jubilación mínima quedaron casi a la par de la inflación, mientras que los que perciben haberes más elevados vieron caer su poder adquisitivo.

Si observamos la evolución de las jubilaciones, AUH y Salarios versus los precios, veremos que en la última década los números hablan por sí mismos.

TABLA 5

Se impulsó un impuesto del 30 % a la compra de toda moneda extranjera, de manera que, para casi todos los consumos en dólares, se encareció su valor final. Este impuesto no aplica a la mayoría de las importaciones, pero sí a todas las compras con destino ahorro.

Además, se mantuvo vigente el límite fijado por la gestión de Macri en USD 200 mensuales (20) para compra de particulares con fines de atesoramiento.

Es difícil negar que nuestra economía es bimonetaria de hecho, aunque no de derecho. Y la relación con el dólar no es una cuestión cultural ni mística, sino el resultado del fracaso en la búsqueda de consolidar una moneda nacional que preserve el valor de los ahorros. Sencillamente por eso, hay estimaciones que ubican a la Argentina como uno de los países con mayor circulación de dólares físicos fuera de los Estados Unidos. (21)

No hay dudas de que limitar el acceso al mercado de cambios es sumamente antipático, pero creer que el Estado debe permanecer prescindente de ello por momentos se torna casi naif . Para poder ahorrar en dólares debemos enfrentar un dilema; o fomentamos la capacidad de generarlos o dejamos que el precio se vaya a las nubes, lo cual implica que se dispare la inflación, y se resientan todas las variables que contribuyen al bienestar general.

El modelo que se propone es simple y se encamina en la dirección opuesta al desplegado por la gestión de Cambiemos; la idea es promover la generación de valor, primero financiando el capital de trabajo y luego las inversiones de las empresas. Se trata de apostar a la generación de divisas mediante las exportaciones que puedan alimentar la compra de insumos y bienes de capital importado para mejorar nuestra producción y retroalimentar el círculo. La restricción, en realidad, es el resultado de un orden de prioridades que pone al tope de las mismas la generación de divisas genuinas. Ahí es donde se encuentra uno de los cuellos de botella más relevantes de nuestra economía. De una manera u otra, todos los procesos de crecimiento siempre encontraron su limitación en la generación de dólares que permitan acompañar el desarrollo económico de manera sostenible en el tiempo. En síntesis, el cepo no es agradable ni es simpático, pero es lo que hay.

Se congelaron por 180 días las tarifas de electricidad y gas natural “de jurisdicción nacional”. En materia de transporte, se fijaron tarifas en CABA y GBA durante 120 días. A su vez, este congelamiento vía decreto se mantendría hasta marzo de este año (2021), aunque ya comienza a hablarse de “cuadros tarifarios transitorios”. Recordemos, como detallaba en el capítulo anterior, que los precios de los servicios se habían multiplicado entre 8 y 19 veces y el del transporte por tres, cuando los salarios sólo lo hicieron por dos, deteriorando el ingreso disponible de los sectores que destinan a dichos gastos (junto con alimentos y bebidas) la mayor parte de sus recursos.

También se lanzó la nueva edición del plan precios cuidados que alcanzó a 310 productos en su fase inicial, con el regreso de las primeras marcas de alimentos, limpieza y perfumería, procurando que funcionen como precios de referencia.

En medicamentos se acordó una retracción del ocho por ciento en sus precios y su congelamiento hasta el 31 de enero de 2020. Y en combustibles, aunque no hubo un congelamiento de sus precios, se frenó un incremento que, por aquellos días, quiso llevar adelante YPF.

La gestión de Fernández buscó proteger la industria nacional con herramientas clásicas como Impuestos Internos, incrementando las alícuotas del tributo que pagan automóviles, motos y lanchas. Sobre el patrimonio se buscó mayor progresividad, y en Bienes Personales se aplicaron alícuotas de 0,50 % a 1,25 %, según el excedente de patrimonio computado. Para activos radicados en el exterior, se facultó al Ejecutivo para aumentar la alícuota y se fijó un techo de 2,25 % (que se podía reducir al nivel original si al menos un 5 % de esos activos eran repatriados). Esta última medida, fue sumamente cuestionada con un argumento diferente de los utilizados en los casos anteriores; aquí se planteó el cambio de reglas y el impacto que esto podría tener sobre futuros incentivos para la regularización de activos, es decir blanqueos, herramientas utilizadas por todos los gobiernos del mundo.

Respecto de las contribuciones patronales, los empleadores de servicios o comercio con ventas totales anuales que superen los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2 (22) (es decir, $705.790.000 para el rubro servicios, y $2.602.540.000 para comercio) (23) debían pagar una alícuota de 20,40 % y el resto del 18 %.

En el Impuesto a las Ganancias, se redujo el ajuste por inflación de un tercio a un sexto elevando de esta manera el monto total a tributar.

Con el polémico Impuesto a la Renta Financiera, se eximió a todas las colocaciones en moneda nacional a plazo fijo y en títulos públicos.

También se modificó el Impuesto al Cheque que subió al doble respecto del retiro de dinero en efectivo de las entidades financieras para las grandes empresas que, a partir de entonces, debían tributar 0,6 % adicional.

Se congeló el cronograma de baja de Ingresos Brutos y Sellos que se había establecido en el Pacto Fiscal, evitando de esta manera la merma sobre el fisco de las provincias, pero alentando tributos que son sumamente regresivos y no deberían ser relevantes en la estructura fiscal de las provincias.

Atendiendo el retraso del salario real y el elevado índice de desempleo, se estableció un incremento salarial, mínimo y uniforme, por decreto, para los trabajadores del sector privado. En total fueron $4.000 brutos. (24) Y respecto de las indemnizaciones, se estableció la vuelta de la doble indemnización por un plazo de 180 días que vencía el 10 de junio de 2020. (25)

Respecto de las Pymes se estableció un plan de regularización de deudas tributarias vencidas al 30 de noviembre hasta en 120 cuotas con condonación de los intereses hasta el 100 % con una quita adicional del 15% en el capital si se pagaba al contado.