Amanda Alvarado Cortés - Reforma rural integral - ¿Oportunidad que se desvanece?

los prósperos negocios ilícitos (pujantes plantaciones de coca, minas de oro ilegales, redes de extorsión y contrabando) son responsables de la supervivencia y expansión de muchos de estos grupos [diferentes facciones armadas]. Pero los intereses económicos por sí solos no explican el apoyo que reciben dentro de algunas comunidades. Mediante la resolución de disputas y la defensa de los medios de vida ilícitos frente a las fuerzas de seguridad, estos grupos han establecido una forma rudimentaria y autoritaria de liderazgo político local. (p. i)

Por ello, el informe sugiere que,

aun si las fuerzas de seguridad pudieran tomar todo el territorio en disputa, la coerción por sí sola no puede establecer vínculos de confianza entre el Estado y los ciudadanos locales. Por el contrario, se debe persuadir a estos de que existe una alternativa mejor que la justicia sumaria y la disciplina social impuestas por los grupos ilegales. (p. i)

En este escenario futuro, se dan las hipótesis de participación política, fin del conflicto y de reparación a las víctimas. Se destaca la desarticulación de la guerrilla, la ampliación del espacio de participación política, y los esfuerzos para reparar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, la RRI no se implementa lo suficiente o queda corta o es entorpecida. De esa forma, no se dan las transformaciones productivas en el campo que alivianen los conflictos por tenencia y uso del suelo, por lo que se conservan algunos predominios territoriales y rigideces que mantienen la producción, transformación y comercialización de cultivos de uso ilícito, manteniendo en plena actividad el negocio del narcotráfico y las consecuencias derivadas de él.

Además, la ausencia de una reforma rural efectiva incide sensiblemente sobre las iniciativas de fin del conflicto y el logro de la paz. Se sostiene en diferentes estudios, incluso en la documentación de los acuerdos (por ejemplo, el documento Instalación de la mesa de conversaciones, inicio de los ciclos de conversaciones y la discusión del Punto 1), que el propósito de RRI es “contribuir a reversar los efectos del conflicto en el territorio, garantizar la no repetición y establecer una paz estable y duradera” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, p. 38).

Es un escenario hipotético en el cual ocurren casi todas las proyecciones a futuro. Sin embargo, no se logra la ampliación democrática necesaria para brindar representación a diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para su participación y la inclusión política. Este escenario puede implicar la construcción de un consenso político fuerte alrededor de una única visión predominante, con un fuerte componente de reactivación de las actividades rurales, el fin del narcotráfico, la lucha contra la corrupción y mayor justicia social. También puede incluir una iniciativa hacia el retorno de nuevas formas de desarrollismo o, incluso, la generación de actividades enmarcadas en los agronegocios.

De acuerdo con Moreno-Parra (2018), en Colombia,

el conflicto social que se manifiesta a través de los grupos armados de las guerrillas se debe a motivaciones precisas de carácter estructural o del llamado déficit democrático, como son: la dificultad en la consecución y posesión de los bienes, recursos y poder, de los cuales no goza la inmensa mayoría de la población y que están concentrados en pocas personas, en una minoría privilegiada. Y, de otro lado, se debe también a la presencia histórica de la variable independiente de un régimen político de exclusión paritario y bipartidista que se ha mostrado incapaz de asegurar las condiciones políticas e institucionales necesarias para el trámite de las demandas políticas de la sociedad. (p. 177)

El autor argumenta que los distintos ciclos del conflicto en el país

han sido superados de manera transitoria por ciclos de posconflicto mediante lo que se denominó pactos consociacionales; espacios en los cuales no se ha contado con la suficiente capacidad y voluntad política para realizar cambios estructurales, ni se han articulado los suficientes consensos, ni permitido la inclusión política y social de vastos sectores implicados en los diferentes momentos de violencia, lo que ha conllevado a que nuevamente se activen los dispositivos sociales y políticos del conflicto violento. (p. 177)

Por ello, Moreno-Parra concluye que una ampliación democrática real que permita romper estos ciclos recurrentes de periodos de violencia y posconflicto, negociados mediante pactos de las élites, debe incorporar una mayor liberalización y profundización democrática, construida desde abajo.

En este escenario, se dan las hipótesis de participación política y de reparación a las víctimas del conflicto. Se destacan, por un lado, la ampliación del espacio de participación política y, por otro, el esfuerzo para reparar a las víctimas. Sin embargo, la RRI no se implementa suficientemente o queda corta o es entorpecida. Así, no tienen lugar las transformaciones productivas en el campo, capaces de aliviar los conflictos por tenencia y uso del suelo, de modo que se mantienen algunos predominios territoriales y rigideces que mantienen la producción, transformación y comercialización de cultivos de uso ilícito. Esto implica que se conservan en plena actividad el negocio del narcotráfico y las consecuencias derivadas de este.

A ello se agrega que los exguerrilleros articulan nuevas estructuras ilegales armadas, que se asocian al funcionamiento del negocio del narcotráfico y a otras actividades ilícitas. Sin terminación de los conflictos y sin RRI, se verá empobrecida la posibilidad de una reparación efectiva de las víctimas.

Ahora bien, de acuerdo con Rodrigo Uprimny (2017), el caso colombia-no de justicia transicional incorpora retos en los dilemas propios de la justicia transicional, “pues se estaría intentando aplicar la idea de justicia transicional a una situación, donde […] la transición a la paz sería parcial y fragmentaria” (p. 1), al no haber una transición definitiva del conflicto a la paz, dada la presencia de grupos no desmovilizados o con los cuales no existen procesos de paz. Uprimny (2017) enfatiza en que

por más que esta verdad pudiera ser reconstruida sin la intervención de los victimarios (cosa que es difícilmente posible), para que [esta] tenga los efectos deseados de contribuir a la reparación y al perdón por parte de las víctimas y, así, a la paz y a la reconciliación nacional, resulta imprescindible que los victimarios hagan parte de este proceso de reconstrucción. En efecto, solo confesando plena y fidedignamente sus crímenes, podrán los actores armados demostrar al resto de la sociedad su arrepentimiento frente a [sus crímenes] y su voluntad de no repetirlos. (p. 23)

En este escenario se consigue avanzar en la RRI, cuyo logro principal es el fomento de la participación política de grupos emergentes y cuyo interés está asociado al desarrollo de actividades productivas en el campo. Sin embargo, termina entorpecido el proceso de justicia transicional y reparación de las víctimas, algunos exguerrilleros vuelven a tomar las armas y no se dan las transformaciones productivas que incidan en la erradicación de los cultivos ilícitos y la terminación del narcotráfico. Además, la sociedad ha perdido confianza en las instituciones del Estado, en particular, en la justicia, y la sensación popular es el predominio del clientelismo y la corrupción. La reforma rural tiene impacto a medias y muchos de los nuevos participantes en los procesos políticos terminan plegándose a los grupos predominantes de influencia política.