Amanda Alvarado Cortés - Reforma rural integral - ¿Oportunidad que se desvanece?

Con este panorama de futuro, la sociedad colombiana empieza a acostumbrarse a un capitalismo más democrático, basado en las transformaciones productivas originadas por la promoción del Acuerdo de Paz por parte del Estado y grupos sociales y económicos que fueron conformándose, con miras a lograr una nación menos violenta, más próspera y estable en el mediano y el largo plazo. Cabe destacar, sin embargo, que este capitalismo más democrático puede significar una profundización en el modelo de acumulación neoliberal.

No obstante, en opinión de Tauss y Large (2015), el proceso de paz que llevó a cabo el Gobierno colombiano con las Farc-EP no buscó superar los problemas estructurales que están en los orígenes del conflicto, sino que,

el objetivo del Estado colombiano, que en gran parte representa los intereses de las clases dominantes de Colombia, es decir, la burguesía y los grandes terratenientes, y el capital imperialista transnacional, es facilitar el desarrollo capitalista del país. El proceso de paz apunta en esencia a la expansión y a la profundización del régimen de acumulación neoliberal-extractivista-exportador-dependiente que surgió durante la década de [1980] y que se basa en el extractivismo, las inversiones extranjeras directas, la agroindustria, el desplazamiento forzado y el acaparamiento de tierras. (p. 118)

Por lo que advierten que, mientras no se abandone una perspectiva que alimente las “locomotoras” del desarrollo capitalista, sin preocuparse por detener sus efectos negativos,

es posible que gran parte de los problemas fundamentales del país pueda exacerbarse en el futuro. La continuación del desplazamiento rural y la existencia de un sector industrial en declive (incapaz de absorber las masas que llegan a las ciudades), en combinación con la volatilidad de los precios de las commodities y de la inversión extranjera, son condiciones que muy difícilmente representan la receta de la “prosperidad para todos”, como promete incesantemente el lema oficial. (p. 131)

Este escenario futuro implica que el país avanzó en un proceso de ampliación democrática del escenario político, lo que permitió enriquecer el debate alrededor de los grandes problemas nacionales, mediante mayor pluralismo y representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad. Ello, a su vez, permitió la inclusión de nuevos partidos políticos y grupos de interés que generaron una dinámica novedosa de los poderes públicos del Estado.

Pese a lo anterior, la RRI fracasó, de manera que la pobreza rural extrema no fue erradicada ni se cumplieron las metas de disminuir la pobreza en el campo en 50 %. Tampoco se logró la reactivación de las actividades productivas, mientras que las actividades campesinas y familiares siguieron siendo de subsistencia. La ineficacia frente a la reforma rural mantuvo una mayor concentración de las tierras y perpetuó los conflictos por tenencia y uso de los suelos, de manera que muchos procesos de violencia no lograron ser desactivados, por lo que estructuras ilegales y criminales armadas insistieron en acudir a las “antiguas” ideologías para combatir o defender la vigente estructura de propiedad y dominio territorial. Un catalizador de estos procesos fue la escasa transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, tanto en la producción, como en la transformación, así como en los corredores de circulación para salir al extranjero. A ello se suma la continuidad de operaciones armadas ilegales de protección a estas zonas y corredores.

Por su parte, las víctimas fueron reparadas escasamente y muchas de las “verdades” necesarias en este proceso fueron diluidas, ensombrecidas u ocultadas deliberadamente, en el marco de una elevada concentración de la riqueza y el poder político, económico y social por algunos actores. Así pues, los nuevos actores políticos, terminaron coludidos, en su gran mayoría, con los grupos más influyentes o predominantes dada la estructura de concentración del poder. Las ciudades andinas cobraron cada vez mayor predominio y se debilitaron muchas de las zonas rurales con actividades de subsistencia. En últimas, pueden darse reagrupamientos armados sobre la base de intereses económicos, despolitizados ideológicamente en el ejercicio de la violencia organizada.

En opinión de Lozano-Villegas (2015), frente a la actualidad de los partidos políticos en Colombia,

es indispensable la construcción de un efectivo control institucional y jurídico, para evitar la desviación de prácticas democráticas y el apoderamiento de las instituciones o corporaciones públicas del Estado, lo cual ocurre cuando los intereses de los partidos políticos están por encima de los intereses y fines del Estado. Para, de ese modo, llegar a extinguir practicas tan comunes como la destinación de [dineros públicos] a objetivos distintos de los previstos en la ley o plan de desarrollo. (p. 136)

Por lo cual, este autor destaca la importancia de avanzar hacia un pluralismo político efectivo,

donde importen más las ideas que los “cacicazgos” y las “dinastías políticas” y que finalmente redunde en una libertad política del elector quien, debidamente informado, pueda participar al interior de los partidos y en las juntas electorales, con plena convicción y libertad, de su alternativa política. (p. 136)

En este escenario, se destaca el haber logrado la erradicación de la pobreza rural extrema y una disminución cercana al 50 % de la pobreza en el campo, en especial, en las zonas andinas y las proximidades a las ciudades capitales, para el horizonte de 2026. También se consiguió la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Se logró, además, una ampliación democrática que permitió enriquecer los debates alrededor de los grandes problemas nacionales, con mayor pluralismo y garantías para la inclusión política. Asimismo, pudo apreciarse que la mayor parte de las víctimas fue reparada, con satisfacciones mínimas de verdad y justicia. Sin embargo, muchas hostilidades entre grupos armados ilegales no cesaron, por cuenta de la reintegración de antiguos exguerrilleros en nuevas estructuras criminales, orientadas a dar protección al narcotráfico.

Junto a lo anterior, la RRI no pudo llegar a las zonas de producción de cultivos de uso ilícito, las cuales continuaron bajo diversas lógicas de chantaje, como los pagos de subsistencia para los productores. La operación armada de reorganización de las antiguas guerrillas se orientó a la defensa de las actividades ilegales de producción y distribución, con injerencia de actores nacionales y extranjeros, articulados en las redes del narcotráfico internacional. De modo que el narcotráfico continuó articulado a las guerrillas y otros actores influyentes de la actividad económica y social del país, adaptados a las nuevas realidades.

De acuerdo con el informe del International Crisis Group (2017), intitulado Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, las mejoras en materia de seguridad del país no han sido uniformes y “ahora hay pruebas de que grupos disidentes de las Farc-EP, grupos del crimen organizado de varias magnitudes y el ELN aún controlan territorios” (p. 31). Además, según este informe,