Amanda Alvarado Cortés - Reforma rural integral - ¿Oportunidad que se desvanece?

En las subsecciones siguientes, se dan a conocer detalles sobre los siguientes escenarios: el más probable, que corresponde al escenario no deseable 32; los muy probables, donde se incluyen los escenarios 05, 01, 24 y 07; y, finalmente, los escenarios posibles.

Este escenario podría denominarse “someter a los violentos”. A juicio de los opinadores, este es el escenario más probable. De acuerdo con esto, en el horizonte temporal a 2026, no se habrán logrado las hipótesis de RRI ni de finalización del conflicto. Ello implica que la pobreza rural extrema no habrá sido erradicada y que no se cumplirá con la meta de disminuir la pobreza en el campo en un 50 %. También implica que no se reactivaron las actividades productivas en el campo y mucho menos las actividades campesinas y familiares, que siguen siendo de subsistencia. Por los mismos motivos, tampoco sería posible el fortalecimiento del pluralismo y la representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad, con garantías para su participación e inclusión política.

En estas condiciones, tampoco se lograría la reducción de los cultivos de uso ilegal ni su erradicación; de modo que las hostilidades y el uso de la fuerza se mantendrían. Como consecuencia, grupos armados de distintas orientaciones hacen presencia en diversos territorios, en especial, en las zonas de producción y canales de distribución de cultivos ilícitos. Sumado a esto, resultaría que la reforma rural tampoco pudo implementarse de manera efectiva o que fracasó por falta de voluntad política de los gobernantes y por nuevas presiones de grupos ilegales armados en búsqueda de dominación territorial.

Más aún, se tendría también que la reparación a las víctimas tuvo alcances limitados y muchos procesos ni siquiera lograron esclarecer la verdad. Por ello, tampoco lograron las mínimas satisfacciones para ofrecer a las víctimas. Todo esto conduciría a que el país siga contando con una estructuración muy concentrada en lo social y político, sin progreso real en materia de pobreza ni igualdad en las zonas rurales.

Desde otra perspectiva, podría pensarse que las fuerzas armadas colombianas logran desarmar, desarticular, encarcelar o eliminar a los actores violentos. No obstante, la historia reciente de nuestro país muestra que esto es improbable (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015).

Así pues, en este escenario, existe una fractura importante entre los procesos locales y nacionales, mientras que los gobiernos locales quedan por fuera de muchos procesos, en particular, en la ejecución de la inversión pública con recursos nacionales, mientras los alcaldes operan presupuestos locales. De modo que el país puede, eventualmente, confrontar situaciones incluso más negativas que las anteriores a la firma del Acuerdo Final.

Este escenario se denomina “Narco en adaptación a las nuevas realidades”. Para 2026, se habría logrado la erradicación de la pobreza rural extrema y una disminución cercana al 50 % de la pobreza en el campo, en especial en las zonas andinas y en las proximidades a las ciudades capitales. También se lograría la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Además, el país alcanzaría una ampliación democrática con lo cual se enriquecen los debates alrededor de los grandes problemas nacionales, con mayor pluralismo y garantías para la inclusión política. Se destaca, igualmente, que la mayor parte de las hostilidades entre grupos armados ilegales habrán cesado o estarán en proceso de negociación, con casos exitosos demostrados de reincorporación socioeconómica y política de antiguos miembros de tales agrupaciones. En estas condiciones, la mayor parte de las víctimas habrá sido reparada, con satisfacciones mínimas de verdad y justicia.

Con estos resultados, se generaría mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y mayor credibilidad sobre los procesos de justicia social, tanto en lo nacional como en lo internacional. Sin embargo, al no lograr transformar las condiciones territoriales de las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, buena parte de estas seguirían produciendo esos cultivos. Esto implica la subsistencia de esquemas de chantaje para los productores y la presión de estructuras armadas privadas dedicadas a defender las actividades ilegales de producción y distribución, con injerencia de actores nacionales y extranjeros articulados en las redes del narcotráfico internacional.

Según Toklatian (2011), en este escenario, “ha prevalecido una particular oscilación entre modus vivendi y modus pugnandi entre el Estado y los narcotraficantes” (p. 111) y luego de

cada fase de acomodamiento parcial sigue una etapa de confrontación virulenta en la que anuncia un triunfo resonante en la lucha antidrogas, pero dado que no se resuelve el meollo de la problemática y el narcotráfico reemerge con más fuerza (usando, una vez más, la intimidación, la cooptación y la violencia) y creatividad (mejorando su capacidad adaptativa y empresarial) se retorna a un nuevo acomodamiento. (p. 111)

Una alternativa a este escenario podría estar en una eventual legalización de la producción de cultivos de uso ilícitos dentro del plazo dado. Esto podría transformar las condiciones de violencia alrededor de estas zonas productivas, considerando que el narcotráfico se encuentra articulado a actores influyentes de la actividad económica y social del país, los cuales se encuentran en proceso de adaptación a las nuevas realidades.

El escenario que se describe es el ideal. En este caso, se ha logrado la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución de 50 % de la pobreza en el campo en el plazo de diez años, así como la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Por otra parte, viene construyéndose una ampliación democrática, enriquecedora de las discusiones sobre los grandes problemas a nivel nacional, en el marco de una nación más pluralista, con representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad y con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Asimismo, se lograría la terminación definitiva de las hostilidades de las Farc-EP y se adelantarían otros procesos con grupos armados con relativo éxito, todo ello dentro de la reparación integral a las víctimas tanto en verdad, justicia y compensación moral y material.

En el marco de una sociedad más equitativa, con nuevos liderazgos hacia una Colombia más incluyente, este escenario futuro implica que se ha avanzado de modo contundente contra el narcotráfico, a través de las soluciones proporcionadas por la RRI, que llevó a la erradicación de cultivos de uso ilícito y a la articulación de producciones de cultivos alternativos hacia los mercados, como resultado de las políticas de reactivación productiva y social de las relaciones rurales y urbanas. En medio de estos procesos, algunos sectores económicos están logrando mejor productividad por efecto de una mayor dinámica de los mercados, impulsados por el turismo y nuevas formas de inversión extranjera; mientras se percibe la caída de algunos sectores que tenían nexos con el lavado de activos del narcotráfico. La reducción del narcotráfico, en últimas, hizo posible apreciar distorsiones en actividades productivas y mercados que anteriormente no lograban percibirse.