Darío Lopérfido - La decadencia del relato K

Sin más, le doy al lector la bienvenida a mi libro, y le aviso que aquí verá sinceridad pura, sin medias tintas, sin pelos en la lengua, porque ese es uno de mis mayores bienes, la sinceridad. No habrá correctismo político, porque no lo necesito. Aquel que piense que con el kirchnerismo se puede debatir y puede haber un diálogo está equivocado. No existe algo así como el kirchnerismo moderado. En todo caso, puede haber algún peronista moderado, pero no kirchneristas. El kirchnerista es fanático por naturaleza, y con los fanáticos y violentos que solo pretenden destruir la república no hay diálogo posible. Como bien pregona Karl Popper, uno de los filósofos liberales más importantes del siglo XX, no debemos confundir libertad con dar rienda suelta a que nos gobiernen los fascistas. Es decir, la tolerancia tiene sus límites, porque, con la premisa de ser tolerantes, pueden nacer grupos fascistas. La tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. Por eso sostengo que con los kirchneristas no hay diálogo posible. Es ingenuo pretender dialogar con aquellos que clausuraron el debate público y destrozaron la convivencia pacífica en Argentina.

El kirchnerismo no se limita a transgredir la Constitución nacional; su proyecto mismo, en gran medida, es bastardearla, denigrarla, pisotearla. Así han creado una horda de fanáticos que desprecian nuestras leyes, porque solo reconocen como ley las órdenes de la líder. Este fanatismo, con el paso del tiempo, está llevando a la Argentina a la decadencia. La decadencia moral, intelectual, pública, económica y social que vive hoy el país, y de la que no será fácil salir, en gran parte fue generada por el kirchnerismo y su banda de fanáticos seguidores.

Una de las mejores definiciones de democracia que he escuchado la refiere como la gestión de las diferencias. En cada sociedad todos somos diferentes y pensamos diferente; eso genera contraposición de opiniones y, entonces, la democracia viene a gestionar esos conflictos generados por las diversas formas de ver la vida. Esta definición, en mi caso, es dolorosa, porque me recuerda que a menudo no nos damos cuenta del valor de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Por desgracia, en la Argentina esto sucede cada vez más. El valor de la democracia radica en que puedan convivir personas de diferente raza, sexo, religión, tradición, ideología política, en un mismo país, en un mismo espacio, y no asesinarse o maltratarse unos a otros por esas diferencias. Y el rol de un gobernante es, justamente, gestionar las diferencias. Entender que todos somos diferentes, que tenemos distintas pasiones, distintos objetivos, distintas formas de ver la vida, distintas formas de concebir el mundo, pero que a la vez todos somos iguales, es decir, iguales ante la ley, y que desde el Estado no se puede hacer diferencias para favorecer a unos por sobre otros, nos permitirá entender que la democracia es convivir, de manera pacífica, con gente que no es igual a uno. Y para quienes nos gobiernan, entender esto es primordial, porque justamente el gobernante de turno debe entender que las diferencias hay que gestionarlas y no eliminarlas. Solo los fascistas intentan eliminar las diferencias.

Para gestionar las diferencias y, entonces, asegurar la perdurabilidad de la democracia en el tiempo, nacen las constituciones y, con ellas, el Estado de derecho. Una constitución nacional asegura el imperio de la ley (que el poder político esté supeditado al derecho, es decir, que ningún político esté por encima de la ley), la división de poderes del Estado (para dividir tareas, legitimidades, y asegurar el control mutuo entre legislativo, ejecutivo y judicial), el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales de las personas ante los poderes públicos (para asegurar libertades frente al ejercicio del poder), un Poder Judicial que vele por los derechos subjetivos y supervise los actos de los otros poderes y un control de la legalidad de los actos públicos (que la Justicia controle, por ejemplo, que los decretos de Alberto Fernández sean legales y no inconstitucionales, como todos los que ha firmado desde el principio de la cuarentena). Por eso el kirchnerismo, desde que tomó el poder, no ha dejado de pisotear la Constitución. Hoy en día no existe la división de poderes, no existe el respeto de los derechos y libertades individuales, no hay control de la legalidad de los actos públicos y hay abusos de poder por todas partes.

Recuerdo que en la apertura de sesiones del Poder Legislativo del año 2015, Cristina Fernández de Kirchner, como presidente, acusaba al Poder Judicial de “partidizarse” y afirmaba que “el partido judicial se ha independizado de la Constitución” (Infobae, 2020b), cuando una importante cantidad de personas que trabajaban en el Poder Judicial, además de jueces y fiscales, marcharon pidiendo por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Para Cristina, todo aquel que contradiga su pensamiento y sus palabras está en contra de la patria. Ella se cree la encarnación de la patria y si alguien la acusa de algo o piensa de manera contraria a ella y lo expresa públicamente, corre riesgo su vida. Contradecir a Cristina es un deporte de alto riesgo. Cristina Fernández de Kirchner no entiende de división de poderes, no entiende de constituciones, no entiende de Estado de derecho, no entiende de libertades. O estás con ella o sos su enemigo. Y esa visión de la política es la que ha impuesto en la sociedad.

Así como en aquel momento acusó al Poder Judicial de partidizarse, desde la asunción de Macri como presidente y el cambio de rumbo de las causas judiciales en las que ella está denunciada o imputada, una vez más pasó a acusar al Poder Judicial de politizarse, pero esta vez sin afirmar que este poder del Estado se habría partidizado , sino que directamente forma parte de una conspiración para encarcelar a los líderes políticos que “luchan por el pueblo”. Ya no habló más de “partido judicial”, y comenzó a hablar de “ lawfare ”. Tuvimos que recurrir a los diccionarios para entender qué quería decir Cristina. La expresidenta, sencillamente, quiere convencernos de que existe una “guerra judicial” en su contra, y así como ella toma este término para victimizarse, también lo hacen Correa en Ecuador y Lula en Brasil. Todas personas intachables, que no se enriquecieron en la función pública, que no pagaban sobreprecios en las obras públicas. Todas personas de bien. ¿Es pura casualidad que todos estos personajes estén acusados de corrupción? La mejor solución, para ellos, es denunciar una persecución judicial en su contra, es plantarse en el plano de víctima. Y así, nuevamente, dicen que la justicia se politiza. Con ese argumento quieren exculparse, pero con ese argumento, también, bastardean la división de poderes y la Constitución.

Existen ciertas diferencias fundamentales entre el kirchnerismo y las fuerzas constitucionales. Quienes aceptamos la Constitución como ley suprema aceptamos la democracia como régimen. En cambio, el kirchnerismo (sin manifestarlo abiertamente) propone un régimen autoritario al plantear que Cristina es la líder del pueblo, dado que ella es quien identifica las necesidades de ese pueblo. Mientras haya democracia, según ellos, va a haber una élite política. Y la élite es la oligarquía, por eso el kirchnerismo siempre propone “más democracia”, más “pueblo”, para finalmente imponer su sistema autoritario de pensamiento único.

Las fuerzas constitucionales, al aceptar la democracia, aceptan también el pluralismo político. El kirchnerismo, por su parte, prefiere eliminar las diferencias. ¿Cuántas veces escuchamos a Cristina decirnos que “el pueblo ha sido oprimido” y que los que no son kirchneristas no son “pueblo”? Hasta el actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que los que se manifestaban contra el kirchnerismo no eran “pueblo”. O el mismísimo presidente dijo que, cuando termine la cuarentena, la “gente de bien” va a manifestarse a favor del Gobierno. Eso es una fuerza antidemocrática. Pensar que si no sos kirchnerista no sos argentino es obviamente antidemocrático. Nadie tiene la capacidad de decir quién es “pueblo” y quién no. Todos somos pueblo, todos somos ciudadanos.