Julio Pinto Vallejos - Caudillos y Plebeyos

Otro estudio que subraya el carácter excluyente de los estados latinoamericanos emergentes, pero que sí otorga a las relaciones laborales (serviles o no-serviles) un lugar determinante en el éxito o fracaso de tales esfuerzos, es el de Marcus J. Kurtz, publicado el 2013 con el título de Latin American State Building in Comparative Perspective. La preocupación fundamental de este autor es determinar los factores que incidieron en la capacidad de construir un estado eficaz, o más directamente, «qué hace a los estados fuertes o débiles en términos de su capacidad para administrar funciones básicas, imponer políticas públicas centrales, y regular las conductas privadas». A diferencia de las dos obras mencionadas anteriormente, la de Kurtz no pretende explorar las diferencias entre América Latina y los «paradigmas» de origen europeo, sino más bien las que se perciben al interior mismo de nuestro continente. Abarca también un marco temporal más amplio, que incluye lo que él denomina los dos «momentos críticos» en nuestra construcción estatal: el período inmediatamente posterior a la independencia, en el cual se habrían establecido trayectorias diferenciadas entre países, y las décadas iniciales del siglo XX (el período de la «cuestión social»), cuando se enfrentó el dilema de incorporar masivamente a los sectores populares en la institucionalidad política. Su tesis central, para la temporalidad y los objetivos que conciernen a este libro, es que la prevalencia de relaciones laborales serviles impidió la formación de aparatos estatales fuertes, por cuanto las élites locales no se atrevían a delegar en un actor «distante» (el estado) el control de un orden social irremediablemente amagado por esa contradicción fundamental, y por lo mismo expuesto a estallidos de insurgencia popular. De esa forma, en los casos de Chile y Argentina (donde para él, supuesto algo discutible, regían formas más libres de trabajo), la formación inicial del estado habría enfrentado menores obstáculos, en tanto que en el Perú, caracterizado por la supervivencia de prácticas laborales coactivas (la esclavitud y la posterior servidumbre china en la costa, el trabajo «semi-servil» en la sierra indígena), este proceso se habría visto entrampado por una economía política que fomentaba el localismo de las élites, y su hostilidad hacia una mayor injerencia de la autoridad central 11.

Un último intento de teorizar la formación de los estados latinoamericanos que vale la pena mencionar es el de Hillel David Sofer, publicado el 2015 con el título State Building in Latin America. Este autor comparte el impulso de Marcus Kurtz de correlacionar inversamente la capacidad de penetración y control estatal con la autonomía de las élites locales. Para que emergiera un estado más efectivo, plantea, se requería de una burocracia más sensible a los dictámenes del poder central y menos dependiente de las élites locales (como habría ocurrido en Chile, uno de los cuatro casos en los que profundiza). En cambio, allí donde el estado naciente optó por «delegar» sus funciones administrativas en dichas élites (el caso del Perú antes de la Guerra del Pacífico, o el de Colombia), el resultado fue una capacidad de intervención estatal (definida en términos de alcance territorial y aptitud para implementar políticas hasta el nivel local) mucho más menguada. Configurado así un campo de fuerzas en que los papeles fundamentales son desempeñados por el estado central y las élites locales, el protagonismo de los sectores populares no ocupa un lugar muy relevante en el análisis. Este juicio no se hace necesariamente extensivo a las décadas inmediatamente posteriores a la independencia, donde dichos protagonismos sí habrían contribuido a alimentar el desorden reinante. Sin embargo, Sofer sostiene explícitamente que el restablecimiento del orden fue un requisito previo para el despliegue de proyectos de formación estatal, por lo que la «pacificación» del mundo plebeyo pasa a ser una condición de posibilidad más que un componente activo de dichos proyectos. En tal contexto, el marco temporal y temático de su estudio queda un tanto desplazado del que encuadra a este libro 12.

La historiografía, en cambio, y por razones obvias de identidad disciplinaria, ha abordado de manera mucho más pormenorizada estos marcos temporales y temáticos, aunque lo que así se gana en «densidad» empírica y focalización analítica se tiende a diluir en las posibilidades de generalización que brinda un enfoque comparativo. Una importante excepción a esta tendencia es el reciente estudio de Hilda Sabato Republics of the New World, en el que se desarrolla un análisis a escala continental sobre el «experimento republicano» que atravesó transversalmente los procesos de construcción de estado en Hispanoamérica. Se reconoce allí explícitamente el aporte de los actores plebeyos a tales «experimentos», ya sea en clave de figuración autónoma o de adhesión a propuestas emanadas desde las clases dirigentes, alternativas que comparecen profusamente a lo largo de este escrito 13. Lo común, sin embargo, ha sido el abordaje más circunstanciado de procesos o experiencias específicas. En consecuencia, y para completar las coordenadas de producción bibliográfica en que se enmarca este estudio, es necesario pasar revista, aunque sea de forma igualmente somera, a los estudios históricos que le han servido de base, y sin los cuales habría sido imposible emprender una aventura «trans-fronteriza» como la que este libro procura resumir. Siguiendo la misma secuencia en que se desarrolló la investigación que la subtiende, y que es también la que estructura el libro, se consignan a continuación aquellas obras que han servido principalmente para contextualizar la «construcción social del estado» en el Chile portaliano, el Buenos Aires rosista, y el Perú de Ramón Castilla.

En términos generales, la historiografía chilena ha caracterizado al régimen portaliano como socialmente excluyente, disciplinario, o derechamente represor. Ya los autores decimonónicos «clásicos», como Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna o Rafael Sotomayor Valdés, hicieron notar la urgencia con que sus agentes acometieron la tarea de restablecer lo más rápido posible un orden social que juzgaban vulnerado por la «anarquía» del decenio precedente. Por su parte, los fundadores del así llamado «mito portaliano» (que identifica la figura del ministro con la rápida estabilización de la política chilena), como Alberto Edwards 14o Francisco Antonio Encina 15, concibieron a los sectores populares como una «masa inerte» que no tuvo ni podía tener mayor injerencia en los debates y las decisiones colectivas, sin quedarle más alternativa que subordinarse a la conducción de quienes sí estaban capacitados para hacerlo. Esa «masa», afirma en su biografía del afamado ministro el segundo de los autores citados, «que formaba el 70 o el 80 por ciento de la población, era incapaz de pensar o de sentir políticamente, ni de velar por su propia suerte, simple carne de cañón de las turbulencias de los inquietos y los audaces».

Historiadores posteriores, aun aquéllos contrarios a los postulados del «mito portaliano», coinciden en lo esencial con la evaluación consignada. Así, para Sergio Villalobos 16, el ascenso del grupo liderado por Portales formó parte de una «reacción aristocrática» contra las reformas liberales, de presunto sesgo igualitario, intentadas por los sectores «pipiolos» (o proto-liberales) durante la década de 1820. Por su parte, Alfredo Jocelyn-Holt 17identifica al régimen portaliano como una fórmula no traumática de transición a la modernidad, administrada por una élite cuyas raíces seguían hundidas en un orden tradicional que encontraba su base en la hacienda y la subordinación campesina. Para Jorge Núñez Rius 18, en un artículo en que el interludio portaliano se presenta como una crisis de hegemonía al interior de la aristocracia tradicional, las clases subordinadas no habrían sido más que «mudos espectadores de un drama con muy pocos protagonistas». A su vez, Ana María Stuven 19percibe en la mantención del orden social uno de los principales consensos de la clase dirigente chilena durante toda la etapa inicial de la república, particularizándose dentro de tal consenso la propuesta portaliana como una expresión más conservadora, y por tanto más excluyente, del ideario en vías de instalación. Por último, Simon Collier 20reconoce que el concepto de «pueblo» esgrimido en esta época como fuente de legitimidad excluía a los trabajadores, y que el régimen conservador inaugurado en 1830 «intentó sistemáticamente, aunque no siempre con éxito, disciplinar a los pobres y los trabajadores cada vez que pudo».