Julio Pinto Vallejos - Caudillos y Plebeyos

Los conceptos reproducidos instalan una suerte de ambivalencia, común a todas las políticas educativas inducidas desde algún poder central, sobre la homología que en ellos puede establecerse entre «domesticación» e «ilustración». Si bien es innegable que los políticos citados efectivamente creían en los beneficios de la difusión del conocimiento entre todos los sectores de la sociedad, cuando se pone atención a los contenidos de la instrucción que se proyectaba para «la clase más pobre» salta a la vista que el propósito disciplinario prevalece sobre el propiamente «ilustrado», en el sentido racionalista y emancipatorio de la palabra. Así lo estimaba El Araucano en un artículo de 1836, donde explícitamente advertía que «el círculo de conocimientos que se adquieren en estas escuelas erigidas para las clases menesterosas no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas: lo demás no sólo sería inútil, sino hasta perjudicial, porque además de no proporcionarse ideas que fuesen de un provecho conocido en el curso de la vida, se alejaría a la juventud demasiado de los trabajos productivos». Así las cosas, bastaba para esos efectos enseñar a dichas «clases menesterosas», además de una alfabetización básica y rudimentos de aritmética, gramática, geografía y astronomía, sobre sus «deberes y derechos políticos» («no con la profundidad necesaria para adquirir un conocimiento pleno del derecho constitucional, sino recomendando sólo a la memoria sus artículos»), y sobre todo, como ya se dijo antes, «en los principios de nuestra religión» 218. De lo que se trataba, en definitiva, y parafraseando nuevamente al ministro Montt, era de preparar a la masa plebeya «para la carrera de la vida», pero de la vida tal como la concebía para ella la oligarquía pelucona. Como lo plantean Loreto Egaña y Mario Monsalve en un artículo muy pertinente para profundizar sobre esta materia, tratándose de las clases populares «civilizar» era sinónimo de «moralizar» 219.

En esa concepción, y completando el conjunto de trazos con que dicho régimen dibujó a su «pueblo deseado», el toque definitivo lo aportaba la contracción al trabajo. No bastaba, en otras palabras, que el pueblo fuera obediente, patriota, devoto e instruido, sino que se requería, como corolario de todo lo anterior, que también fuese laborioso. «Nada es tan eficaz como el trabajo», sentenciaba al respecto El Araucano, «para preservar al pueblo de los vicios; nada tan propio como el ocio para introducirlos y aumentarlos con la mayor rapidez». En los pueblos laboriosos, continuaba, las personas no consagraban su atención a objetos «frívolos y perjudiciales», ni servían «de carga penosa a la sociedad». Por esa razón, concluía, «es demasiado patente la necesidad que todo Estado tiene de fomentar por cuantos medios sea posible el trabajo, y declarar guerra perpetua al ocio, procurando cortar a toda costa sus progresos» 220.

La mendicidad, en esa lógica, era una práctica que debía erradicarse sin contemplaciones. «Una de las cosas que dan idea de orden en las poblaciones», decía una colaboración particular publicada en el periódico oficial, «es el cuidado de evitar la vergonzosa mendicidad, que confundiendo a los verdaderos indigentes con los viciosos holgazanes, que afectan invalidez y privan a los que son realmente acreedores a la conmiseración, fomentan la impudencia y deshonran la policía» 221. De hecho, el reglamento de policía dictado por Portales en 1830 conminaba a los vigilantes, cuerpo creado expresamente por el ministro para garantizar la seguridad urbana, a aprehender a todos los mendigos «que no presentaren en el acto un certificado del administrador del hospicio», autorizándolos, por incapacidad física o mental, a practicar dicha acción. Sin embargo, cinco años más tarde los directores de la institución nombrada se lamentaban del escaso efecto que la medida había tenido, viéndose la capital aquejada de una «plaga de holgazanes, que recorre la población con el mayor escándalo». A modo de prueba, informaban al intendente de Santiago que de treinta mendigos detenidos un día determinado por la policía, «sólo 7 u 8 se encontraron verdaderos pobres dignos de quedar en el establecimiento» 222. Como bien lo ha dicho Macarena Ponce de León en un estudio monográfico sobre la materia, el ejercicio de la caridad bajo la inspiración portaliana respondió claramente a «una sociedad que necesitó de individuos disciplinados y trabajadores» 223.

La reactivación económica que comenzó a experimentar el país a partir de la década de 1830, en parte por el restablecimiento del orden interno, en parte por razones circunstanciales como el hallazgo del mineral de plata de Chañarcillo en 1832, confirieron a esta insistencia en la virtud del trabajo una urgencia adicional. Fruto de ello, el estado comenzó a tomar alguna injerencia en las relaciones laborales, dictando reglamentos encaminados a ordenar las faenas, y sobre todo a «corregir» diversos hábitos y disposiciones plebeyas que tenían efectos perniciosos sobre su rendimiento productivo. Uno de los primeros oficios en concitar la atención oficial, situación bastante lógica en una economía que ya había optado por la vocación exportadora, fue el de la carga y descarga de mercaderías en los puertos, ejecutada por los denominados «jornaleros» y «lancheros». Como ya lo han estudiado Aldo Yávar y Sergio Grez, estas labores fueron organizadas por el gobierno mediante el «Reglamento y tarifa para el gremio de jornaleros del puerto de Valparaíso», decretado en abril de 1837 224. Junto con regularizar cuidadosamente el servicio y restringir su ejecución sólo a trabajadores debidamente matriculados, la normativa creaba una caja de ahorros de carácter obligatorio, cuyos fondos estaban destinados a aliviar contingencias como la enfermedad, la invalidez o la muerte.

Considerando la centralidad que comenzaba a adquirir la minería como rubro productivo y comercial, y la consiguiente aparición en ella de las primeras relaciones laborales de carácter propiamente capitalista, no llama la atención que en su entorno se haya desatado un interés gubernamental particularmente manifiesto. La política de disciplinamiento y proletarización implementada por el empresariado minero, cuidadosamente estudiada por María Angélica Illanes y otros autores 225, contó con el apoyo decidido del estado a través de su acción policial y legal, y también mediante reglamentos laborales de intención análoga a lo ya efectuado con el Gremio de Jornaleros. Tomó así cuerpo un reglamento elaborado por el propio gremio empresarial de minería, a instancias de una autoridad regional abrumada por «el desorden y la desmoralización que habían llegado a su colmo en los minerales de Chañarcillo», y que recibió la sanción del Poder Ejecutivo en abril de 1841.

En el oficio que a tal efecto remitió el intendente de la Provincia de Coquimbo, a la que aún pertenecía la región de Copiapó, se aludía a los constantes robos perpetrados por «trabajadores corrompidos por la multitud que allí se establecía con distintas ocupaciones y ejercicios», así como a «la inmoralidad y escándalos que allí había», todo lo cual redundaba en «incalculables perjuicios que sufrían los dueños de minas por este desorden y la paralización de sus labores de beneficio» 226. En tal virtud, el reglamento propuesto y aprobado establecía diversas disposiciones atingentes al régimen interno de los campamentos y placillas, a la movilidad de los peones, al pago de salarios, al comercio permitido y prohibido, e incluso a la alimentación. En el apartado correspondiente a «disposiciones generales» se insistía en varias prohibiciones que ya han comparecido nutridamente en estas páginas, tales como las que afectaban a los juegos de azar (sólo se consideraban diversiones lícitas «el billar, las canchas de bolos y—paradójicamente—las riñas de gallos»), la internación de licores, el cargar armas de cualquier tipo, y en una innovación ideada exclusivamente para aquellos parajes mineros de alta concentración masculina, la de entrar o permanecer en ellos ninguna mujer. Ni siquiera las casadas podían visitar a sus maridos en las faenas, salvo que contasen con un permiso especial y por escrito del gobernador departamental 227. Como se ve, en la zona productiva más estratégica del país, la contracción al trabajo no debía exponerse a distracciones o alteraciones de ninguna especie.