Negociación y cooperación

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Las democracias liberales se caracterizan por la multiplicidad de voces, el pluralismo y la diversidad, lo que hace inevitable la aparición de los conflictos y la necesidad de abordarlos de manera satisfactoria. El argumento central de este libro es que una sociedad con individuos que tienen mejores capacidades de tratar sus conflictos es esencial para la defensa de la democracia.
Cada negociación, en su singularidad, deja una serie de aprendizajes que pueden ser de utilidad para abordar otras situaciones presentes y futuras. Experiencias prácticas y desarrollos teóricos tienen un amplio potencial en brindar luces para conducir procesos, que según su nivel de complejidad, pueden encerrar la posibilidad de desactivar conflictos de difícil manejo o, por el contrario, contribuir a su perpetuación y posible escalamiento.
A partir de la discusión sobre desarrollos teóricos y el estudio de casos prácticos de negociación, este libro reúne a 16 expertos con el propósito de ofrecer herramientas a la ciudadanía que contribuyan a mejorar sus capacidades para el tratamiento de conflictos.

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A esto se suma el espacio cada vez más estrecho que enfrenta la democracia en muchos países del mundo –seguramente Estados Unidos es el mejor ejemplo– como resultado del amalgamiento entre el aparato estatal y el poder corporativo. Esto se ha traducido en que incluso propuestas audaces de cambio, como las de Barack Obama, hayan sucumbido a otras prioridades y tuvieran que limitarse en su alcance ( Wolin, 2017). 3

Por otra parte, hasta hace poco se pensaba que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones impulsarían la democracia porque empoderaban ciudadanos que de otro modo debían recurrir a los medios de comunicación tradicionales para establecer conexiones. Un ejemplo son los mecanismos digitales de participación, un medio ideal para escuchar a la ciudadanía y mostrar avances en la implementación de políticas públicas. Además, esas nuevas tecnologías fueron esenciales para la coordinación de los manifestantes en la Revolución Verde en Irán, en 2009, y en la Plaza de Tahrir en El Cairo, en 2011.

La otra cara de la moneda es que estas tecnologías están ligadas estrechamente al fenómeno de la posverdad. En redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, y en plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal se difunde en forma inmediata todo tipo de informaciones –muchas de ellas falsas– que, bajo la cobertura supuestamente democrática del fácil acceso a la tecnología, ha provocado resultados indeseables en varios países. Por ejemplo, el bloqueo del acercamiento de Ucrania a la Unión Europea, el Brexit, la elección de Donald Trump y el triunfo del No en el plebiscito por la paz en Colombia, que han puesto la democracia liberal en tela de juicio (Snyder, 2018).

Aunque Facebook reconoció su papel en la divulgación de fake news y en la elección de Trump, a comienzos de 2020 la compañía anunció que no adoptaría ninguna medida para evitar que eso siguiera ocurriendo. Como era de esperar, tal decisión generó gran controversia en sectores preocupados por la divulgación de información fraudulenta, sobre todo en un año electoral en Estados Unidos, en el que se preveía que las noticias falsas incidirían en la campaña por la presidencia.

La situación se vuelve más dramática porque hoy las principales inversiones en inteligencia artificial, computación cuántica y robótica provienen de China, que cada vez usa estas tecnologías de manera más intensiva para conocer gustos y preferencias de la gente, predecir su comportamiento, y controlarlo. Por ejemplo, el Gobierno de Beijing ha usado la inteligencia artificial para identificar y seguir disidentes de la minoría Uigur. Por muchos años fue Estados Unidos quien hizo un mayor uso de la tecnología con fines como estos.

Lo anterior ha llevado a una especie de autocensura en diversos países. Mucha gente ni siquiera mira ciertos contenidos digitales porque teme ser observada por el aparato estatal; y ese temor es cada vez mayor. Así, en contra de lo que se pensaba hasta poco, las nuevas tecnologías no ofrecen una salida a la crisis de la democracia liberal.

Cabe preguntar, entonces, quién o cómo se defenderán los valores democráticos liberales tan valorados por millones de personas en todo el mundo. Los hechos más recientes indican que en vez de los gobiernos o de tecnologías con un discutible potencial democratizador, esa responsabilidad será en buena medida de los mismos ciudadanos, que con un comportamiento democrático impulsen –de abajo hacia arriba– la recuperación y la profundización de la democracia. Con esto, estarán en capacidad de complementar las siempre necesarias instituciones estatales sinlas cuales sería también inviable el sostenimiento de un Estado democrático liberal ( Fukuyama, 2012, 2014).

DEMOCRACIA Y CIUDADANOS DEMÓCRATAS

Aunque se ha convertido en una frase de cajón, no sobra repetir que la democracia requiere ciudadanos demócratas. Además, la supervivencia de la democracia hoy requiere mejores prácticas en la forma en que los ciudadanos se relacionan entre sí, así como lo hacen con las autoridades. Y ahí, justamente, radica la importancia de poder contar con ciudadanos con la capacidad de abordar sus diferencias, negociar de manera adecuada y tramitar de manera pacífica sus conflictos, como se explica a continuación.

El tratamiento pacífico de los conflictos es una tarea aún pendiente. A manera de ejemplo, es usual en Colombia asistir a mesas de diálogo social a lo largo del territorio donde convergen representantes de la ciudadanía, autoridades locales, fuerza pública y Gobierno Nacional, y encontrar simultáneamente múltiples querellas legales de los unos contra los otros, en muchos casos, por temas que en principio serían de fácil manejo. Esto, más que una prueba de la importancia de la rama judicial como responsable de dirimir pacíficamente los conflictos, es prueba de la forma como las diferencias escalan rápidamente a conflictos mayores, en muchos casos sin que las partes hayan hecho un esfuerzo metódico por alcanzar previamente una solución.

De igual manera, en escenarios cotidianos para muchas personas, el conflicto lo resuelve la autoridad: el jefe de la empresa, el cura del pueblo, el agente de policía o el profesor, evidenciando la incapacidad de las partes de llegar a un acuerdo por ellas mismas. Sin perjuicio del papel de la autoridad, necesario para el funcionamiento de cualquier institución, esto sugiere que la falta de habilidad en el manejo de los conflictos, en muchos casos, irremediablemente está ligada a un paternalismo con el que se producen soluciones que se imponen sobre los actores involucrados. Los sentimientos de vulnerabilidad ante posibles pérdidas, y el miedo asociado con ellos, generan de forma prácticamente instintiva una propensión hacia relaciones verticales –incluso monárquicas– mientras que las relaciones democráticas recíprocas requieren un trabajo dedicado de las partes ( Nussbaum, 2018).

Así, individuos incapaces de coexistir en la diferencia y de abordar sus conflictos de manera pacífica y autónoma serán más propensos a buscar una autoridad que lo haga por ellos o, en muchos casos, alguien que permita negar la posibilidad de las visiones contrarias. Los líderes autoritarios que ofrecen tales utopías, y que son una amenaza a la supervivencia de la democracia liberal, encuentran un terreno fértil en esos escenarios, como se ha visto recientemente a lo largo del planeta.

Más preocupante aún es que en el extremo opuesto a la búsqueda de una autoridad que dirima conflictos que en principio parecen fácilmente tratables, el fracaso del diálogo escala rápidamente a las vías de hecho, no en pocas ocasiones dejando saldos que incluyen lesiones personales e, incluso, la pérdida de vidas humanas.

Por el contrario, ciudadanos que encuentran maneras de abordar sus conflictos de manera pacífica, y que con ello comprenden las dificultades inherentes a embarcarse en este tipo de prácticas, seguramente serán más reacios a aceptar visiones maniqueas del mundo; serán más escépticos frente a promesas absolutistas antidemocráticas; se aferrarán de manera más fuerte a los valores de la democracia liberal y rechazarán posturas que nieguen la naturaleza del otro.

De esta manera, en el contexto global actual, las soluciones violentas no son solo una prueba de la incapacidad de las partes de alcanzar un acuerdo negociado, sino que, de manera acumulativa, también amenazan la legitimidad de la democracia. En algunos casos, sin embargo, violencia política y prácticas de democracia electoral coexisten y se retroalimentan mutuamente para el mantenimiento del orden y garantizar la continuidad del sistema político; Colombia es un buen ejemplo de esto ( Gutiérrez, 2014).

En cualquier caso, el desbordamiento de los conflictos y su desenlace violento muestran las graves consecuencias que puede llegar a tener la imposibilidad de encontrar un modelo adecuado de agregación de preferencias e intereses plurales y la identificación de soluciones que aborden los intereses de las partes bajo ciertos principios razonables. Como bien reconocen los científicos sociales, tales escenarios son propensos a la emergencia de alternativas antidemocráticas ( Arrow, 1950, 1963).

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