Stella Calloni - Evo en la mira

Como conclusión de este plan abortado para asesinar al diputado Morales, el mismo policía estimó que “hubiera sido muy complicado disparar y acertar” ya que viajaba entre otras personas. “Aunque se hubiera producido un fuego cruzado, habría sido difícil”. Además, algunos analistas consultados sobre este caso recordaron la presencia de periodistas y camarógrafos en el lugar, lo que hubiera hecho imposible controlar el escape de la información.

El plan parecía haberse organizado a último momento porque se conocieron otros similares, que no pudieron concretarse anteriormente.

Este y otros relatos policiales, a los que pudimos acceder, en forma directa, muestran una constante diferencia entre los grupos especiales organizados por Estados Unidos en las diversas fuerzas que actuaban en El Chapare y otros lugares de Bolivia, y los policías comunes.

Pero los hechos no se detuvieron allí.

El periodista e investigador estadounidense Jeremy Bigwood logró reunir una serie de documentos desclasificados que fueron presentados el 12 de octubre de 200833 en los cuales se demostraban los planes conspirativos que confirmaban la intervención de Washington para destruir políticamente a Morales.

Uno de estos documentos era una carta de la embajada de Estados Unidos con fecha del 25 de noviembre de 2001 dirigida al entonces presidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, que luego se pondría al frente de la principal fuerza opositora Poder Democrático y Social (PODEMOS). Washington le reclamaba a Quiroga no haberse movido “lo suficiente en contra de Evo Morales”, que en esos momentos dirigía las Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Se refería a que las luchas de los campesinos habían logrado detener la erradicación, en el marco de una enorme movilización popular por esa y otras causas.

Otro documento del año 2002, procedente de la embajada de Estados Unidos, calificaba a Evo Morales como un agitador en el tema de la coca ilegal. “El Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el agitador Evo Morales” decía precisamente la carta.34

Al mismo tiempo, se admitía que “la producción de coca en Bolivia es insignificante en el mercado de la droga de EEUU”. En el informe dirigido a la USAID (Agencia Internacional para el Desarrollo) en Bolivia se decía que “el proyecto de reforma de partidos políticos que se estaba discutiendo en esos momentos debía diseñarse específicamente para servir como contrapeso al radical Movimiento al Socialismo (MAS) o a sus sucesores”.

En otro párrafo se mencionaba la existencia de “una diversidad de movimientos ‘anti-sistémicos’ que continúan demandando cambios al sistema democrático de Bolivia, cambios que elevarían a los representantes provenientes de grupos (particularmente de indígenas, de trabajadores, de campesinos y otras comunidades pobres) por encima de representantes electos en las funciones de toma de decisión”.

De acuerdo con las investigaciones de Bigwood, estas acciones estaban encabezadas por el Departamento de Estado e implementadas por la USAID y la NED, ambas consideradas como “la cara social” de la CIA, que además actuaban a través de diversas ramificaciones en una red de ONG, como se verá más adelante.

Bigwood demostró que el presidente Jorge Quiroga era un instrumento de Washington y que el cumplimiento de esas órdenes significó más violencia y muertes en el Trópico. En uno de esos documentos se evidenció cómo Quiroga —después de su visita a Washington— intentó cumplir la orden para retomar la erradicación de los sembradíos de coca y continuar con el Plan Dignidad, tal como surge de la resolución tomada por el Ejecutivo el 27 de noviembre de 2001.35

Fundamenta Quiroga en ese documento que “el Supremo Gobierno en el contexto del Plan Nacional de Integridad, ha trazado los lineamientos dentro de los cuales se encuentra uno de los pilares fundamentales, denominado Plan Dignidad, por lo cual se hace necesario establecer el marco jurídico y legal que nombre y reglamente las facultades del viceministerio de Defensa Social, dentro de las acciones dirigidas a la penalización de personas que transporten y comercialicen hojas de coca, en su estado natural, dentro del marco de lo previsto en la Ley del Régimen de Coca y Sustancias controladas, Ley Nº 1008. En este decreto se fija una serie de penalidades para aplicarse a las personas naturales y jurídicas.

El presidente Quiroga echó leña al fuego desatando la rebelión de los productores de coca. La rebelión impedía el cumplimiento de esta medida exigida e impuesta por Estados Unidos. Cómo molestaría luego a los hombres de Washington se puede ver en otro documento desclasificado del Departamento de Estado, donde se informa a DEA, USAID y otros organismos sobre las conversaciones de Quiroga con el ex presidente Bush en diciembre de 2001. Por una parte, se mencionan los acuerdos tomados, reconociendo los “esfuerzos” del mandatario boliviano para cumplir con los mandatos de Washington. En el informe se transcribieron algunas de las “recomendaciones” que se le hicieron a Quiroga. “Como Ud. sabe, estábamos preocupados por el acuerdo de noviembre para detener la erradicación (de plantaciones de coca) y retirar tropas de las líneas del frente en El Chapare, donde han sido tan efectivas. Nosotros creemos que una fuerte respuesta continuada podía haber debilitado aun más las bases políticas de Evo Morales. Estamos complacidos de que la erradicación se reanude como se anunció el 21 de noviembre”, se señala en un párrafo.36

“Instamos a Ud. a que erradique la coca agresivamente. Sin embargo, ahora creemos que simplemente erradicar la coca no es suficiente (...) Estamos preocupados por la cantidad de coca que existe en El Chapare y en los Yungas y la aparente renuencia del gobierno para tomar decisiones decisivas más allá de la erradicación. El embajador Rocha se reunió con usted el 12 de septiembre y con un grupo de sus ministros el 18 de octubre para instarle a realizar más acciones para detener el flujo de coca ilegal en El Chapare. (...) instamos a Ud. a cerrar los mercados ilegales en El Chapare; que Ud. arreste y procese a aquellos que violan la ley 1.008 y que confisque y queme la coca en tránsito y la que se esté secando abiertamente en El Chapare. Hasta la fecha no ha habido ninguna acción en esos asuntos. Aunque la erradicación continúa a buen paso, más replantaciones se hacen y el efecto neto es negativo. Una acción más agresiva necesita asumirse en las líneas que acabamos de describir”.37 Era evidente la presión sobre Quiroga para ahondar los caminos de la represión.

Para mostrar las consecuencias de esta inadmisible injerencia podemos citar los graves sucesos ocurridos en Sacaba, población situada a 14 kilómetros de Cochabamba.

Una escena de guerra civil se vivió entonces, cuando el 15 de enero de 2002 se dispuso el cierre del mercado legal de coca de Sacaba, ante la decisión tomada por el gobierno en su Decreto Supremo 26.415, prohibiendo la comercialización de la hoja en el Trópico de Cochabamba. De acuerdo con el decreto surgido de las órdenes de Washington, la coca de El Chapare era ilegal y debía cerrarse el mercado de venta destinado a los consumidores locales de ese producto.

“No vamos a permitir el cierre del mercado porque la hoja de coca es el único sustento de nuestra vida, es el pan de nuestros hijos. No lo permitiremos jamás aunque nos bañen de sangre”, fue la decisión de los cocaleros.38 Enfurecidos, los productores, comerciantes y transportistas intentaron entrar a los predios de la Dirección General de la Coca (Digeco) y fueron repelidos violentamente por los policías que estaban en las oficinas.

Un grupo intentó dialogar para detener la medida que consideraban injusta e ilegal, pero se le dio una respuesta negativa. Entonces, unos dos mil cocaleros hombres mujeres, e incluso niños, levantaron barricadas para resistir la represión que comenzó con gases lacrimógenos y terminó con balas, piedras, bombas incendiarias. Varios medios de transporte que estaban en la Digeco se incendiaron y algunos explotaron.