Stella Calloni - Evo en la mira

En las municipales del 3 de diciembre de 1995, en su primera incursión electoral, la IU conquistó 10 alcaldías y 49 concejalías, todas en el departamento de Cochabamba.

En 1996, decenas de miles de campesinos de la CIDOB realizaron la Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas, para protestar contra un proyecto de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y fue entonces cuando Morales resultó elegido presidente del Comité de Coordinación de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. En las elecciones generales de 1997, Morales, a pedido de sus compañeros, se presentó como candidato a diputado, aliado con Izquierda Unida por la circunscripción de El Chapare, logrando un récord del 70,1 por ciento de los votos emitidos. Fue el más votado de todos los diputados.

Esto ya era visto por Estados Unidos como el “surgimiento de un peligro mayor” y por eso se inició una campaña sin precedentes contra el dirigente. En el Congreso bloqueaban sus iniciativas, en un momento muy difícil para los pequeños productores de hoja de coca, ya que estaba en marcha el llamado Plan Dignidad, pensado no solo para erradicar los cultivos sino también a los miles de pequeños productores. El plan se asemejaba mucho a lo actuado por Estados Unidos en Vietnam en los años 70 con la implantación de las aldeas estratégicas, mediante la cual trasladaban poblados enteros en forma violenta y los ubicaban en zonas bajo su control para “quitar agua al pez”, según decían.

Esto también lo había puesto en práctica el dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt en los años 80. En ese país, la suma de las dictaduras militares dejó más de noventa mil desaparecidos y más de cien mil muertos, según establecieron las Comisiones de la Verdad nombradas en los años 90 para investigar los crímenes de las dictaduras en ese país. La persecución a campesinos y cocaleros tenía una gran similitud con aquellas contrainsurgencias.

En 1998, como diputado y dirigente sindical, Evo encabezó una marcha de 23 días que partió desde El Chapare y llegó a La Paz en protesta y rechazo al Plan Dignidad.

La entonces embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak, habló públicamente acerca de la narcomarcha, lo que influyó para que el ministro de Gobierno Guido Nayar no aceptara el debate propuesto por Morales sobre el tema de la hoja de coca.

Morales acusó entonces a la embajada de Estados Unidos por los ataques personales, y por la muerte de treinta cocaleros, así como por el Plan Coca Cero, que intentaba virtualmente desaparecer a los campesinos productores de hoja de coca.

Eran tiempos del fuego en Bolivia. Ardía El Chapare y el país estaba movilizado cuando se produjo la guerra del agua que, en abril de 2000, mostró una nueva forma de lucha, con movimientos articulados que incluían diversos sectores sociales y una fuerte presencia de campesinos e indígenas.

Banzer intentaba manejar la situación que se le iba de las manos. El hombre de Washington como alguien le llamó, que había impuesto a Bolivia una dictadura larga y brutal, no pudo detener a los guerreros del agua.

“La denominada guerra del agua o abril rojo fue el primer movimiento social de inusitada magnitud que inauguró el nuevo milenio nada menos que en el centro, corazón de Bolivia, en Cochabamba (...) Se reeditó una especie de clara insurrección popular que duró varios días y paralizó la actividad productiva en la región”.27

Esto implicaba la continuidad de otro proceso de fuerte movilización para la expulsión de la empresa extranjera Aguas del Tunari. El 4 de abril la rebeldía popular alcanzó su máxima expresión. Álvaro García Linera sostuvo, en su momento, que ese fue “el comienzo de una época revolucionaria, entendida como un período de vertiginosos cambios políticos, de abruptas modificaciones de la posición y el poder de las fuerzas sociales, de reiteradas crisis estatales. De recomposición de las clases, de las identidades colectivas, de las alianzas y de sus fueras políticas”.28

En la guerra del agua se unieron campesinos, movimientos indígenas, trabajadores, estudiantes, vecinos, maestros y otros sectores en la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida, una extraordinaria creación colectiva. En el transcurso de esa rebelión surgieron otras demandas, incluyendo la de maestros rurales.

La fuerza de la protesta, con cortes de ruta en el altiplano paceño y en zonas altas de Cochabamba sorprendió a Banzer, que ordenó la represión. Las balas no lograban nada. La respuesta era más movilización, más cortes, más intensidad y creatividad de lucha, con siembra de piedras y troncos en las carreteras. Eran inútiles los “despejes” policiales y militares. Los guerreros del agua estaban en todas partes, en asambleas, cabildos, se multiplicaban. Hubo intentos del gobierno de dividir a los sindicatos, pero nada desactivó la protesta social, ni siquiera el primer acuerdo para rescindir el contrato a la trasnacional de agua de Cochabamba.

“No se trató de una rebelión por el consumo de la escasa provisión de agua potable sino por el cambio de una ley y la reversión al patrimonio del pueblo de una empresa trasnacional de agua”.29

Banzer tuvo que ir a fondo y rescindir el contrato de privatización del agua, retiró del Congreso el proyecto de Ley de Aguas, hizo algunas concesiones a los campesinos y debió escuchar y responder al reclamo de los maestros rurales. Una cooperativa finalmente tomó en sus manos la venta y distribución del agua. La guerra del agua fue un hito en la historia de los últimos años en Bolivia.

Pero la lucha continuaba. En septiembre de 2000 los departamentos de Cochabamba y La Paz, volvían a ser el centro de grandes movilizaciones ya con una alianza que algunos analistas llamaron antisistémica y que reunía a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los campesinos cocaleros y la Coordinadora del Agua, en una protesta por el incumplimiento de los acuerdos de abril y la persecución y represión de los productores cocaleros, en el cumplimiento de las órdenes estadounidenses y sus planes antidrogas. Nuevamente Banzer optó por la represión y envió a militares y policías a enfrentar las manifestaciones.

Las fuertes presiones de la embajada de Estados Unidos sobre Banzer y Quiroga los llevó a intentar imponer el Plan Dignidad que proponía la “coca cero”, en una medida contrainsurgente de erradicación no solo de las plantaciones, sino de los campesinos productores, “al precio que fuera”. También se ordenaba instalar cuarteles-base en El Chapare, adonde se pensaba enviar más tropas especiales de Estados Unidos, con instalaciones similares a las de Colombia.

Evo Morales lo denunció en Bolivia y ante el mundo. Una vez más la prepotencia del fundamentalismo de Estados Unidos, llevaba a un gobierno como el de Banzer a tratar de imponer un plan en momentos de tal emergencia social que solo podría presagiar derrotas para el ex dictador. Y así ocurrió. La respuesta de los movimientos fue de una fortaleza tal que, además, evidenció el crecimiento escalonado de las diversas formas de lucha.

Fue inútil la represión que dejó muertos, heridos y centenares de detenidos. Banzer debió dar marcha atrás en los intentos de instalar bases de Estados Unidos en Chapare y hubo otros logros en las reivindicaciones de cada uno de los sectores involucrados en la lucha.

Lo sucedido en Bolivia en esos años es una historia de lucha social con enseñanzas sorprendentes para América Latina y el mundo.

Entre tanto, la figura de Morales seguía creciendo y la campaña de la embajada estadounidense en su contra era constante y abierta. Expulsarlo del Parlamento resultaba clave; el primer argumento fue desacato, luego sedición. Después de que Evo acusara al presidente y su familia de alianzas con el narcotráfico —alianzas que venían desde sus años como dictador—, se pidió públicamente “la muerte civil” para Morales. Además, el Ejecutivo solicitó su licencia definitiva del Parlamento.