Eduardo Villanueva - Rápido, violento y muy cercano

El contexto político general en los días de la vacancia de Vizcarra era crítico, pero no demandaba su caída. Informalmente, existían motivaciones diversas para reclamar un cambio de curso, ante el desastre humanitario que la pandemia había producido, en parte por la corrupción permitida, en parte por las medidas equivocadas tomadas. Como en muchos lugares del mundo, un grupo de personas planteaba medidas que iban desde la inmunidad de rebaño implícita (en el espíritu de la declaración de Great Barrington) hasta la urgencia por otro tipo de manejo con el uso de ciertos medicamentos. El fracaso de las medidas de apoyo social y la precariedad casi incontenible del sistema de salud público exacerbaban la sensación de desastre. Ese fracaso de las medidas de protección social era otro motivo, pero ahora desde la izquierda, para reclamar la caída de Vizcarra, aunque en ningún momento pareció que cualquiera que fuese el gobierno que viniera luego de la crisis fuese a tener mejores recursos para cubrir las necesidades de la población.

Todo esto ocurría durante un periodo de calma en la pandemia, tras la cuarentena de tres meses y medio y de un pico de contagios y muertes que dejó secuelas en todo el país y permitió ver una distribución dispareja de infecciones. La pandemia había retrocedido pero no había desaparecido, el riesgo seguía ahí; pero la presión por volver a la normalidad era evidente: un sector de economistas y empresarios proponían una reapertura mucho más acelerada de la economía, planteando que no habría segunda ola ante el alcance de los estragos de la primera —aseveraciones que fueron criticadas por especialistas en salud pública y desmentidas por la realidad a partir de fines de diciembre de 2020.

Cuando ocurrió el empujón final, quedó claro que las excusas eran débiles, pero sobre todo tenían poquísima legitimidad social, fundamentalmente porque los promotores eran los grupos congresales, que carecían de mayor representatividad y eran identificados por la población como corruptos o como apoyo a los corruptos. La vacancia fue apoyada por tres grupos distintos en el Congreso: una agrupación reaccionaria, encarnada en personajes limeños de clase alta (o de pretensión de clase alta) que, incapaces de ganar elecciones, se venían acomodando tras candidatos varios para obtener poder y reivindicar su agenda: catolicismo conservador, políticas sociales conservadoras, preservación del modelo económico sin reforma alguna.

El segundo grupo incorporaba a corruptos varios alrededor de negocios específicos: universidades de mala calidad en proceso de cierre y poderes locales de menor cuantía. El interés era particular: bloquear los cierres de esas universidades de mala calidad, así como cualquier intento de racionalización de negocios variados como el transporte público o interprovincial; favorecer el extractivismo ilegal minero y forestal, y un largo etcétera. Este grupo no estaba articulado más allá de la defensa de intereses propios, y no dialogaba mucho con el primer grupo, pero la vacancia les convenía, pues les dejaba el terreno libre en el Congreso al asegurar la complacencia del Ejecutivo en funciones.

El tercer grupo fue el de los tontos útiles: la izquierda parlamentaria —con específicas y encomiables excepciones— y el partido teocrático FREPAP, los que plantearon su voto como una lucha frontal contra la corrupción; no quisieron o no pudieron darse cuenta de que lo único que hacían era entregarles el país a los dos primeros grupos.

Como anota Martucelli (2021), un dato importante es la heterogeneidad de la coalición golpista. Estamos ante una confluencia de intereses que son percibidos como negativos / malignos / delincuenciales sin que necesariamente se tenga una comprensión perfecta de cómo y por qué esta coalición existe. Pero no se duda de que exista. Lo que de alguna manera hizo el golpe palaciego fue llevar a primer plano lo que hasta entonces era una suerte de escenografía ineludible, pero que no era propiamente el argumento central del gobierno: los corruptos están ahí, hay que tolerarlos, pero algo se hace, no siempre pueden hacer lo que les da la gana, los peores no gobiernan. Pero resulta que esta vez sí, querían gobernar.

¿Fue eso lo que colmó el vaso? Tal vez. Lo cierto es que el vaso se colmó, aunque sea difícil saber cómo o por qué. La performance de los que tomaron el control del aparato del Estado fue una confirmación contundente de las terribles limitaciones reales que la coalición golpista tenía para manejar el país.

Merino de Lama, al ser presidente del Congreso, debía asumir la responsabilidad presidencial; si se hubiera negado o hubiera intentado moderar los avances de los vacadores, es posible que la crisis no hubiera ocurrido; fue con su anuencia que la situación llegó a los extremos que alcanzó. El procedimiento de vacancia fue apresurado y casi casual en su manera de plantearse: apenas un par de meses antes se había intentado sin éxito otra vacancia. El motivo, la incapacidad moral, fue más un pretexto y una excusa: no hay una definición clara de tal condición, y debido a que fue resultado de un proceso acelerado y sin una gran crisis política de por medio, creaba el antecedente de sacar presidentes solo por componenda entre grupos políticos. El contraste con el caso más parecido del pasado reciente, la vacancia de Alberto Fujimori en 2000 deja en claro la diferencia de situaciones: Fujimori renunció por fax luego de ir a una conferencia completamente innecesaria en medio del colapso de su régimen; casi exactamente veinte después, Vizcarra controlaba el Estado, seguía en su puesto, y no mostraba indicio alguno de intención de huir2.

Al darle el control del Estado a Merino de Lama, los golpistas dejaron en claro que el manejo estaría en manos del primer grupo, con el segundo al servicio del golpe a cambio de la tolerancia a sus intereses en el Congreso. El tercer grupo, tontos útiles finalmente, quedó fuera del todo. Además, consolidado el panorama político así, se tenía un gobierno parlamentario.

Políticamente, la justificación de la vacancia era tenue; era además la segunda intentona, y estaba claro que más allá de las razones planteadas respecto a las acciones del presidente Vizcarra, la opinión pública no sentía necesidad alguna de cambio de mando y veía con desconfianza los motivos de los promotores de la vacancia. Sumemos a eso que el segundo grupo no tenía nada que ofrecer en términos políticos como justificación del golpe de Estado, mientras el primero se envolvía en argumentos inviables. Pretextar la lucha anticorrupción o la defensa de los intereses del pueblo no tenía sentido alguno frente a la percepción que existía sobre sus acciones pasadas y presentes.

Estábamos entonces ante una situación nada inusual en la historia del país, pero que no ocurría hacía mucho: el golpe palaciego. Sin darle importancia a la legitimidad política o al respaldo social, grupos específicos de representación de intereses privados optaron por producir una crisis política. Por qué razón asumieron que a nadie le importaría y que todo se reduciría a quejas aisladas, nadie lo sabe. Lo cierto es que luego de meses opresivos de restricciones por la pandemia, y de completa desconexión entre el poder legislativo y cualquier forma organizada de representación política masiva, los que promovieron el golpe palaciego no esperaron necesitar legitimidad, y se sorprendieron de que eso fuera importante.

Las protestas fueron inmediatas: la noche del mismo lunes, cuando se tomó la decisión en el Congreso, ya ocurrían en pequeña escala, y su crecimiento fue enorme y sin parar. No solo era una cuestión de legalidad o legitimidad en abstracto, sino que la claridad con que se estaba actuando en favor de intereses en medio de una crisis de escala existencial como la pandemia, dejó sin piso a los grupos que favorecían el golpe. Se trataba del uso formal de la legalidad para lograr objetivos políticos particulares, por parte de grupos políticos que carecían de representatividad y eran percibidos de manera casi unánime como corruptos, más allá de que pudieran recibir votos en elecciones varias. Agrupaciones políticas que han intentado plantear una relación transaccional con el electorado, a través de medidas que son populares pero no son parte de narrativa alguna (para no hablar de ideologías políticas), y que no producen lealtad entre los electores.