Ángeles Finque Jiménez - La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

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La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): краткое содержание, описание и аннотация

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La distancia temporal de la actuación de los socialistas españoles en el régimen dictatorial de Primo de Rivera (1923-1930) permite a Finque Jiménez analizar no solo las razones esgrimidas, sino el impacto y consecuencias de esta participación en la España contemporánea.
Entre la oposición ideológica de unos y el pragmatismo de otros, los socialistas españoles aportaron a las políticas sociales, económicas y laborales, y se consolidaron como fuerza política influyente.
Sin juicios, esta obra es una exposición de hechos extraída del análisis de fuentes documentales que llevan al lector a un momento histórico que se caracterizó por dos posiciones básicas de los dirigentes socialistas ante la sustitución de la Restauración por una dictadura militar:
la negativa a participar en un régimen represor de los derechos fundamentales, y la participación en la Dictadura para mejorar las condiciones objetivas de los trabajadores.
¿Por qué un sector del socialismo se integró de lleno a la participación política y otro se circunscribió a la crítica? ¿Cuál de estas actitudes fue la «correcta»?, ¿o acaso estas contradicciones fueron útiles y complementarias?

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Capítulo II.

La sociedad ante el pronunciamiento militar

La actitud general de la población española ante la sedición militar fue prácticamente de indiferencia; ningún sector social quiso defender el antiguo sistema de la Restauración. Si examinamos la prensa de la época, nos muestra que la sociedad actuó de forma expectante; unos artículos llamaban a la prudencia y otros tenían una postura favorable ante el pronunciamiento militar. Por ejemplo, el diario El Sol no escatimó elogios hacia el general Primo de Rivera, pues en uno de sus editoriales del número correspondiente al 14 de septiembre de 1923, valoró como positivo el levantamiento militar. Incluso apuntó que debía haberse producido seis años antes, cuando se desarrolló las crisis social, política, económica y militar de 1917, pues así se hubieran evitado los graves acontecimientos institucionales que vivió el país.13 El Sol, desde sus páginas, en sucesivos artículos animó al nuevo gobierno para que su actuación fuera eficaz y resolviera la incierta etapa por la que atravesaba España.

Esta misma idea la manifestó Rafael Gasset en El Imparcial, señalando que la opinión pública veía de forma positiva la eliminación de la «vieja política del turnismo de poder». De ahí la posición expectante de la ciudadanía ante la implantación del Directorio Militar, que aunque rechazó el procedimiento empleado, no se asombró ni se opuso a la pretensión de acabar con un sistema estéril.14

El periódico ABC también mostró en varios artículos el desencanto de la sociedad española con el régimen destituido, exponiendo que nadie iba a añorar al sistema político de la Restauración y congratulándose por el gobierno militar establecido.15 Igualmente, La Época reflejaba en sus páginas cómo importantes grupos conservadores acogían con agrado al régimen dictatorial, mientras que otros quedaron expectantes ante los acontecimientos acaecidos.16 Del mismo modo, el periódico El Debate pone de relieve la favorable disposición de la sociedad española hacia el cambio de régimen y la buena actitud de la clase trabajadora en general.17

Se aprecia que la prensa no censuró la sublevación militar, excepto El Liberal madrileño del 14 de septiembre de 1923, que insertaba en sus páginas un pequeño artículo calificando los hechos de atropello a las libertades públicas; pronosticando que el triunfo de la Dictadura sería efímero y de consecuencias negativas18. Asimismo, El Heraldo de Madrid en su editorial del día 13, también manifestó su repulsa a la sublevación militar, culpando de los acontecimientos acaecidos a los partidos dinásticos, como resultado de su mala gestión ante las cuestiones de Estado. Subraya el artículo que el verdadero cambio político debía haber sido realizado por el «pueblo», porque el ejecutado por una sola clase social corría el riesgo de servir a los intereses de la fuerza promotora. Recomendó al gobierno militar que realizara una transformación social equitativa en beneficio del conjunto de la ciudadanía.19 Insistió en lo significativo que era para España constituir un sistema defensor de las libertades públicas, apelando a las fuerzas demócratas para que lucharan contra el régimen dictatorial.20 Su director, José Rocamora, en el editorial, criticó duramente al rey Alfonso XIII, culpándole de la degradación política y de la sublevación militar. Expresó:

La suerte de España está puesta en manos del Rey. De un Rey que ha quedado sin opción para elegir gobernantes (…) tiene el Rey muy escasas prerrogativas, una de ellas es la negación de confianza a sus ministros y la elección de los consejeros de la Corona. De esa prerrogativa le despoja una sublevación que ha triunfado. La majestad queda convertida en servidumbre. El cetro y la Corona quedan humillados por el kepis y por la espada. (…) Un rey de voluntad cohibida será el signo de una soberanía pasada, mas ya no se puede recibir el nombre de soberano Si su firma se estampa al pie de resoluciones impuestas por la coacción. Porque cuando uno se deja el cetro para tomar la pluma y escribir al dictado, a impulsos de la violencia que triunfa, se deja, de hecho, de ser rey.21

En general, los periódicos mostraron una postura favorable ante los acontecimientos desarrollados; era el sentir de la ciudadanía española. Las fuerzas políticas y sociales, como se analiza en los apartados siguientes, unas simpatizaron con el cambio de sistema, mientras que otras permanecieron en modo pasivo puesto que no lucharon contra el pronunciamiento militar. Esta inacción de la sociedad española se produjo porque no se percibía un sistema viable que modificara la compleja situación política en España, lo que motivó el régimen dictatorial a pesar de someter los derechos fundamentales.

Posición de la clase política

La postura de la mayor parte de los políticos fue de apoyo tácito y de «dejar actuar» al régimen dictatorial para que pudiera controlar los distintos asuntos latentes en nuestro país. En realidad, se plegaron al nuevo sistema. La frase más difundida fue: «Deben gobernar solos y sin dificultades, pero sin la ayuda de los políticos». Resultó perceptible que el sistema de la alternancia en el poder había fracasado, la propia actitud de sus representantes lo constató, optando por dejar a los militares que resolvieran los problemas de gobierno. Fue notorio el sometimiento de los políticos ante la dictadura, ya que el propio ministro destituido de Gracia y Justicia, López Muñoz, desempeñó la función de notario mayor del reino en la jura de Miguel Primo de Rivera como presidente del Directorio Militar. Los partidos dinásticos, consecuentes, no pudieron optar por otra actuación porque una vez sancionado el pronunciamiento militar por Alfonso XIII, y nombrado Primo de Rivera como presidente del Gobierno, parecía de obligado cumplimiento acatar la decisión real. Además, las distintas fracciones de los partidos monárquicos restaban fuerza y decisión para actuar de otro modo.

Dentro de la ideología conservadora existieron distintas fuerzas políticas. En el Partido Conservador de Antonio Maura fueron claras las diferencias entre sus miembros a la hora de enjuiciar la sublevación militar. Unos dirigentes difundieron un comunicado el 15 de septiembre de 1923, en el que manifestaron su apoyo a la dictadura: «Saludamos con júbilo su aparición».22 Sin embargo, su máximo representante, Antonio Maura, resaltó lo negativo de los sistemas autoritarios porque, entre otras medidas impositivas, procedían a anular la Constitución y la acción política de los partidos.23 A pesar de este criterio, Antonio Maura en octubre de 1923 se reunió con Primo de Rivera, recomendándole la realización de una serie de medidas como la reforma en el censo electoral, la transformación del Senado instituido por corporaciones, e incluso se planteó la viabilidad de establecer una Asamblea Nacional Constitutiva.24 No obstante, debido a sus convicciones jurídicas y de acción política de los ciudadanos, rehusó el régimen dictatorial subrayando que debía ser transitorio.

El Partido Conservador de José Sánchez Guerra se mostró neutral y no puso obstáculos al nuevo gobierno; si bien su dirigente lo rechazó. Sánchez Guerra defendió un sistema representativo, regenerado y con espíritu de cooperación entre los miembros del partido.25 A través del periódico La Época, dejó constancia de sus convicciones monárquicas, constitucionales y parlamentarias, frente al sistema autoritario. Posteriormente, el 8 de mayo de 1925, declaró que a pesar de ser monárquico, rechazaba la monarquía absoluta ejercida por Alfonso XIII.26 El político conservador abandonó el país con destino a París, una vez constituida por Primo de Rivera la Asamblea Nacional Consultiva.

Otros dirigentes conservadores, como Manuel de Burgos Mazo y Joaquín Sánchez Toca, censuraron la implantación del régimen dictatorial por haber eliminado el sistema constitucional. Si bien estimaron conveniente apartar del Gobierno a los políticos de la Restauración, Burgos Mazo opinó que una selección de «hombres rectos» podía resolver las dificultades existentes, y, de no ser posible, un gobierno militar con la colaboración de sectores civiles y dentro de la Constitución.27 Por su parte, Sánchez Toca se mostró escéptico y no confió en que los militares pudieran solucionar las difíciles circunstancias por las que atravesaba España y vislumbró que el gobierno dictatorial sería transitorio.28

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