Ángeles Finque Jiménez - La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Legitimación del golpe

El pronunciamiento militar desarrollado por el capitán general de Cataluña Primo de Rivera contó con la comprensión de Alfonso XIII, a quien le correspondió la decisión de legitimar el golpe.6 El Rey pudo reconducir la situación hacia la legalidad constitucional, pero no lo hizo, y optó por sancionar el Directorio Militar nombrando a Primo de Rivera como su presidente. El propio monarca, cuando estaba en el exilio, manifestó a Cortes Cavanillas que la sublevación militar no le extrañó debido a las difíciles circunstancias por las que atravesaba España. La declaración siguiente constata la conformidad del Rey con el cambio de régimen:

Yo acepté la Dictadura Militar porque España y el Ejército la quisieron para acabar con la anarquía, con el desenfreno parlamentario y la debilidad de los hombres políticos. La acepté como Italia tuvo que acogerse al fascismo porque el comunismo era su inmediata amenaza. Y porque había que emplear una terapéutica enérgica sobre los tumores malignos que padecíamos en la Península y en África.7

Políticos de aquella etapa manifestaron su rechazo a la actuación de Alfonso XIII. Por ejemplo, Gabriel y Miguel Maura culparon al Rey del pronunciamiento militar, y en sus Memorias, Niceto Alcalá-Zamora igualmente acusó al monarca de la implantación de la Dictadura pues le manifestó, en los primeros meses de 1923, que los generales Leopoldo Saro y Antonio Dabán, promotores —entre otros— del pronunciamiento militar, no hubieran realizado ningún acto de insumisión sin su consentimiento.8 Manuel Azaña también criticó con dureza la postura del Rey, subrayando que debía haber sido el máximo interesado en proteger las instituciones del Estado, haciéndole responsable del cambio de régimen político.

Asimismo, el Partido Socialista acusó a Alfonso XIII de haber propiciado el establecimiento de la Dictadura para esquivar las consecuencias del expediente Picasso dado que el pronunciamiento militar evitó que se trataran las responsabilidades políticas contraídas por el desastre marroquí. Sería la minoría socialista en el Congreso de los Diputados, en julio de 1923, quienes manifestaron su intención de plantear dicho asunto en el debate parlamentario por la trascendencia política que concedían al mismo. Andrés Saborit, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro e Indalecio Prieto exigieron que se esclarecieran todos los hechos relativos a las responsabilidades.9 Prieto señaló que ya anteriormente se había buscado una salida política de carácter dictatorial para evitar las responsabilidades por el conflicto del Rif. Para ello, se llamó a Antonio Maura para ofrecerle la dictadura civil que rechazó. Al preguntar las razones de tal propuesta, le respondieron que se estaba formando la Comisión de Responsabilidades, que era una bomba de dinamita colocada debajo del trono10. Indalecio Prieto aludió también a un texto publicado en el periódico La Nación, órgano de la Dictadura, el cual recogía que la disolución del último Parlamento evitó la Comisión llamada de «Responsabilidades», que iba a comprometer al mando militar en todos sus escalafones, y al monarca.11

Es evidente la implicación real en los hechos, pues es difícil imaginar que el Ejército realizase una sublevación militar que no hubiera sido aprobada por Alfonso XIII; sobre todo teniendo en cuenta que los conspiradores mantenían buenas relaciones con el Rey. Además, en sus declaraciones públicas, como la realizada en el Círculo de la Amistad de Córdoba, en 1921, ya se mostraba claramente partidario de actuar al margen del sistema parlamentario, durante el tiempo necesario que permitiese dar solución a la compleja situación de España. En consecuencia, Alfonso XIII conocía los preparativos de la sublevación militar, fue responsable de su triunfo y de la naturaleza del régimen autoritario implantado, sancionándolo y rompiendo con la Constitución de 1876.

La estructura dictatorial

La dictadura de Miguel Primo de Rivera transformó la situación de España respecto del régimen de la Restauración. Un real decreto sancionó la nueva legalidad: el 16 de septiembre de 1923, el marqués de Estella juró su cargo ante el Rey como jefe de Gobierno, actuando el conde de López Muñoz —ministro dimitido de Gracia y Justicia— como notario mayor del reino. Se constituyó un Directorio Militar integrado por un general de brigada por cada una de las regiones militares, y un contralmirante de Marina. El Dictador manifestó que sería «un breve paréntesis» en la marcha constitucional, que quería «regenerar España» eliminando la vieja política caciquil. El intervencionismo del Estado se desarrolló en todos los sectores de la sociedad. Primo de Rivera daría las instrucciones oportunas a los jefes de los diferentes ministerios con el propósito de alcanzar una renovación en el sector público.

En los primeros años, se estableció un gobierno de militares presidido por Miguel Primo de Rivera que concentró todos los poderes y fue responsable de la gobernación del país bajo los principios de «autoridad, orden y eficacia», cuyo ideario sería militarista con regeneracionismo costista y maurista, y postulados del catolicismo social. Los militares ocuparon y controlaron los cargos decisivos en todos los niveles de la Administración. Serían los encargados de regenerar la sociedad mediante el dominio de todos los sectores: político, económico, social, de instrucción pública o de la producción. Los ideólogos más destacados del régimen fueron José María Pemán, José Pemartín y Ramiro de Maeztu, quienes a través de sus escritos difundieron los principios fundamentales del conservadurismo español: patria, unidad nacional, monarquía y la religión como valores inalterables. La política iniciada se basó fundamentalmente en un ataque al liberalismo parlamentario, en la defensa de una representación corporativa de la sociedad y en el intento de movilización de la ciudadanía por parte de los dirigentes políticos.

Para garantizar la seguridad, se constituyó el somatén nacional, especie de milicia vecinal que sirvió de ayuda a las fuerzas del orden, actuando de modo paramilitar y dirigidas por el Ejército. Su estructura orgánica se adecuó a las regiones militares. En la jefatura, un general de brigada poseía una marcada tendencia política, siguiendo el ejemplo del somatén existente en Cataluña. El Ejército estuvo al frente del Gobierno y en los cargos decisivos de la Administración local.

Martínez Anido, asesor del Dictador y ministro de Gobernación, con capacidad de decisión autónoma, eliminó el anarquismo y toda fuerza revolucionaria mediante la encarcelación de sus militantes. Dirigió a los gobernadores militares y a los delegados gubernamentales —designados estos últimos entre los oficiales del Ejército, y encargados de inspeccionar las diputaciones y los ayuntamientos— con la misión de entablar una lucha anticaciquil, regenerar la vida pública e impulsar una política renovadora, al igual que atraer nuevos adeptos al Régimen. Otros ministros destacados del Gobierno fueron: Calvo Sotelo y Eduardo Aunós, que, aunque dependieron del Dictador, tuvieron cierta independencia decisoria. En el escalón inferior y nombrados por Primo de Rivera y Martínez Anido, se encontraban los gobernadores civiles que dirigieron y fiscalizaron la política provincial y desempeñando un papel fundamental, pues mediante ellos el Gobierno controló la Administración provincial y local. Ambos eran núcleos decisivos del poder.

Lo más relevante en este periodo fue la solución del orden público y la reforma administrativa con la elaboración del Estatuto Municipal, por parte de Calvo Sotelo, en marzo de 1924. Su función primordial fue reformar la Administración local para regenerar y lograr autonomía municipal, de manera que pudieran llevarse a cabo cuestiones sociales como, por ejemplo, otorgar créditos para servicios públicos. Se proponía una democratización de los ayuntamientos. Igualmente se creó, el 21 de marzo de 1925, el Estatuto Provincial, establecido para pugnar contra los nacionalismos, considerando los municipios como la única división territorial natural. Estos, a su vez, podían agruparse para constituir provincias, y estas, comarcas, hasta llegar a la mancomunidad, la cual no poseería, en ningún caso, entidad autónoma propia. Estos dos estatutos no tuvieron vigencia, ya que Primo de Rivera no se atrevió a convocar elecciones por no disponer de una organización política afín lo suficientemente desarrollada para poder ganarlas. A pesar de los cambios realizados, no se alcanzó una verdadera reforma en la Administración local o provincial por existir actuaciones clientelares. Además, el Poder Judicial no controló los actos ilícitos del Gobierno y quedó sometido a las decisiones de Primo de Rivera. La Junta Inspectora del Personal Judicial tuvo la función de fiscalizar la labor realizada por la Judicatura, pero no fue efectiva, pues siguió existiendo abuso de autoridad. Se sometió el Poder Judicial al Ejecutivo, porque al Gobierno le estaba permitido jurídicamente cualquier propósito.