La victoria militar de Alhucemas y el fin de la guerra de Marruecos otorgó un gran prestigio a Primo de Rivera, ya que el conflicto venía desarrollándose desde principios del siglo XX, con duros enfrentamientos en esa zona ocasionados por el levantamiento de las tribus del Rif contra el protectorado español y el francés. La unión militar de ambos países y su acción conjunta, planificando el desembarco en Alhucemas, acabó con la resistencia de las cabilas; su líder, Abd el-Krim, se sometió al protectorado. Este éxito propició que Primo de Rivera, a partir de diciembre de 1925, sustituyera el Directorio Militar por un gobierno civil.
El Directorio Civil estaba formado principalmente por tecnócratas. Los más destacados: José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, dirigiendo la reforma financiera y la planificación de la economía española; Eduardo Aunós, encargado de la política social; y el conde de Guadalhorce, de obras públicas. El Gobierno trató de establecer una renovación política en relación con sectores económicos y sociales, se produjo un fuerte crecimiento por la actuación intervencionista del Régimen en obras públicas hidráulicas, carreteras, ferrocarriles… Igualmente, se desarrollaron medidas sociales que reglamentaban la vida laboral en beneficio de las clases más desfavorecidas. Asimismo, se dotó de una estructura institucional al Estado, constituyéndose el Partido la Unión Patriótica, la Organización Corporativa del Trabajo, la Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de Constitución.
Para alcanzar los objetivos previstos, era necesaria una organización política estable. Desde el principio de la Dictadura se fue estructurando una fuerza que impulsara el regeneracionismo en los distintos estratos de las instituciones. Fue en abril de 1924 cuando Primo de Rivera comunicó la creación de la Unión Patriótica, ampliándose en años posteriores con campañas dirigidas a la integración de afiliados. La UP se convirtió en el instrumento de propaganda del sistema autoritario. En julio de 1926, se dotó a la Unión Patriótica de una estructura nacional, reafirmando a Primo de Rivera como máximo dirigente. El partido del Régimen, integrado principalmente por la derecha católica, antiguos mauristas y todos aquellos que no habían podido alcanzar hasta entonces el poder, de marcada tendencia españolista y antirrevolucionaria, tuvo como objetivo constituir un gran grupo de derechas que sirviera como instrumento de movilización de las masas y para apoyar al Dictador en unas futuras elecciones. Este partido se extinguió con la caída de la Administración autoritaria.
Otro organismo constituido por Primo de Rivera —ampliamente analizado en los capítulos siguientes— fue la Organización Corporativa del Trabajo, que se creó en noviembre de 1926 para salvaguardar las relaciones laborales entre la clase patronal y la clase obrera. El Estado se convirtió en mediador entre los dos sectores de la producción española y así se garantizaba la paz social tan necesaria para el buen desarrollo económico. En 1927, Primo de Rivera constituyó la Asamblea Nacional Consultiva, cuya función principal fue crear un proyecto de Constitución y asesorar al Gobierno en diferentes asuntos jurídicos, sociales y económicos y, aunque las resoluciones no eran vinculantes, se estableció un Parlamento Corporativo. De igual modo, el Dictador materializó el proyecto de Constitución en 1929, realizado por la Sección Primera de la Asamblea, que impuso la posición del grupo maurista, pero no gustó a ningún sector político, ni a Primo de Rivera, por conceder amplios poderes al Consejo del Reino y, sobre todo, al Rey, en detrimento del Gobierno. También suscitó críticas y rechazo de los conservadores, liberales, socialistas y republicanos, lo que produjo el estancamiento de la institucionalización del Régimen.
En definitiva, el sistema dictatorial se puede calificar de ambivalente. Por un lado, suspendió los partidos políticos —pues Primo de Rivera consideró que debían apartarse del poder hasta que su gobierno regenerase la administración del Estado—, se estableció censura de prensa, se clausuraron el Congreso y el Senado12 disolviendo las comisiones permanentes de las cámaras y cesando las funciones de ambos presidentes, y se suspendieron las libertades públicas y privadas prohibiéndose cualquier tipo manifestación. Estos hechos fueron la cara negativa de la Dictadura. La positiva: el progreso en los distintos sectores de la vida nacional por la reforma de la Administración del Estado, la solución del problema del orden público y del conflicto bélico en Marruecos, y el incentivo del sistema educativo y la cultura. Asimismo, propició un notable crecimiento económico con la diversificación de la industria, impulsando los servicios públicos —agua, electricidad— y modernizando las infraestructuras —carreteras, ferrocarriles, puertos—. En consecuencia, se alcanzó el ascenso social y económico de la población española.
1. Francisco Cambó, Las dictaduras, Madrid Espasa-Calpe, 1929, p. 56-70.
2. Shlomo Ben Ami, La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): Barcelona. Planeta. 1984, p. 25.
3. Juan Velarde Fuertes, Política económica de la Dictadura. Madrid. Guadiana. 1968, p. 16.
4. 4María Teresa González Calbet, La dictadura Miguel Primo de Rivera. El Directorio Militar. Madrid, El Arquero. 1987, p. 275.
5. Luis Araquistaín, El ocaso de un régimen. Madrid. Galo Sáez, 1930, p. 218-219.
6. Al día siguiente del pronunciamiento, 14-9-1923, manifestaba el diario El Sol en su editorial: «El Gobierno de los políticos y el Directorio inspector militar que representa el movimiento iniciado en Barcelona, esperan, constituidos ambos en reunión permanente, la llegada del Monarca, a quien se le ha reservado, con toda galantería, la ardua misión y la seria responsabilidad de decidir. No es difícil adivinar el sentido de la urgente decisión. De un lado está un gobierno que, con sus últimas rectificaciones, ha agotado los restos del largo crédito que el país le concediera (...), de la otra parte, un ejército estrechamente unido, fervientemente monárquico, que dispone de la fuerza y cuenta con un buen caudal, si no de plena adhesión, de simpatía pública. El dado lanzado al aire ya está en el suelo, y no hay más que leer en su cara».
7. Cortes Cavanillas, Confesiones y muerte de Alfonso XIII, Madrid, Colección ABC, p. 69.
8. Niceto Alcalá Zamora, Memorias. Barcelona, Planeta, 1977, p. 95.
9. Diario de Sesiones del Congreso, Legislatura 1923, nº 11, pp. 269 y 366-367; nº 24, pp. 778-804 y nº 37, p. 1328.
10. Este ofrecimiento a Maura de presidir una dictadura civil aparece reflejado en la sesión de la Asamblea Nacional celebrada el 23-11-1927, en la cual el asambleísta y catedrático Pérez Bueno, en su intervención en la cámara, declara: «Se llamó a Antonio Maura a que se lanzase a pedir poderes de excepción y gobernase con una dictadura, y tuve con él entrevistas varias… Y aquel hombre insigne… me dijo que no sería nunca dictador ni quería serlo, porque miraba los problemas del Gobierno bajo el aspecto de la eternidad y, que, reconociendo que la dictadura pudiera ser justa y conveniente en ciertas circunstancias, él no quería asumir nunca en su persona todos los poderes del Estado». Diario de Sesiones, le. 1927-28, nº 3, p. 46.
11. Actas del XII Congreso del Partido Socialista, 1928, p. 133.
12. El Rey firma el decreto de disolución de las Cortes. «A Propuesta del Directorio Militar y de acuerdo con dicho Directorio. Vengo a decretar lo siguiente: Articulo único. Se declara disuelto el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado. Dado en Palacio quince de septiembre de mil novecientos veintitrés. Alfonso El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera Orbaneja». La Época, 17-9-1923.
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