Varios autores - Las independencias iberoamericanas en su laberinto

En los comienzos, la visión tradicional de que la representación de la comunidad política antigua son las ciudades representadas por sus cuerpos municipales sirve de base a la formación de las juntas autónomas americanas, replanteando la antigua reivindicación de gozar de iguales derechos que los españoles de España e incluso de derechos prioritarios en sus Reinos de Indias e invocando para justificar su creación las bases pactistas que habían sido empleadas por las juntas peninsulares. Las doctrinas contractualistas y su médula, el principio del consentimiento, informan todo el proceso desatado por los sucesos de Bayona. Que el príncipe no puede ceder su reino sin consentimiento de sus súbditos es una doctrina de raíces medievales que se encuentra en los iusnaturalistas que tanto influyeron en Europa y en América.

En 1809, el futuro de la península se vislumbra como muy incierto mientras el malestar se acrecienta. En América, se debate la fidelidad al rey al mismo tiempo que la infanta Carlota Joaquina de Borbón, residente en Río de Janeiro, pretende ser reconocida como regente de los dominios españoles en América y las ideas revolucionarias de distinto cuño se propagan por todos los ámbitos. El turbulento ambiente político se inquieta aún más con las noticias que provienen de la península; proliferan las reuniones y los cónclaves en donde participan todos los sectores de la población, no quedando al margen las fuerzas armadas, cuya situación es la heredada de las reformas borbónicas.

Los conflictos aparecen entre aquellos que defienden los intereses peninsulares y los americanos, o mejor dicho, entre los defensores del orden colonial y quienes a partir de la crisis de la metrópoli quieren transformarlo, posiciones que no están claramente definidas ni demarcadas. Tanto españoles como criollos participan en ambos grupos, utilizando los espacios políticos habilitados durante la colonia, especialmente, los cabildos, ámbito indiscutible de debates y tomas de decisiones. Adquieren relevancia los intereses locales respecto a la aplicación de las disposiciones dictadas desde la península, jugando en ello las demoras ocasionadas por las largas distancias. Cobra sentido entonces el papel que los espacios capitulares y militares, cabildo y cuartel, desempeñan como ámbitos privilegiados donde los actores políticos se desenvolvieron durante la crisis imperial y los acontecimientos que le siguieron.

En 1810, algunas regiones de América acatan al nuevo Gobierno peninsular representado por el Consejo de Regencia, y se realizan las elecciones para Cortes generales del reino sólo en México, América Central y Perú, mientras que en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, se organiza una Junta que, en nombre de Fernando VII, no reconoce al Consejo de Regencia. La situación en esta última capital difiere de las otras en la medida en que la revolución rioplatense que se inicia con la Primera Junta de Gobierno cuenta con fuerzas militares organizadas, localmente indiscutibles y con experiencia por haberse enfrentando a los invasores ingleses en 1806 y 1807. Pero no todas las ciudades de provincia acatan lo dispuesto por la ciudad capital, lo que acarrea otros debates y conflictos que se van a prolongar durante largo tiempo.

3. ¿Se puede hablar de revolución de independencia o, por el contrario, primaron las continuidades del Antiguo Régimen?

Una cuestión previa que plantear es si en las sociedades americanas existían reclamos que incitaran a la revolución. Las manifestaciones de descontento en forma de rebeliones, insurrecciones, protestas se sucedieron en el mundo colonial sobre todo a lo largo del siglo XVIII, muchas de ellas inducidas por la aplicación de las reformas borbónicas, que actuaron como caldo de cultivo de ideas portadoras de cambios. Pero estos movimientos no terminaron en proclamas de independencia; su adhesión al gran cuerpo imperial no era cuestionada. En ese mundo de las ideas de finales del siglo XVIII y principios del siguiente, fraguaron distintas corrientes de pensamiento provenientes del liberalismo y de la ilustración que, junto con el absolutismo, impregnaron los campos de la política, la educación y la cultura. Los actores políticos del período, muchos de los cuales harán de las independencias la plataforma para cuestionar el ordenamiento existente, conocen estos antecedentes y están impregnados del pensamiento filosófico y político en boga.

Al plantear la fecha de 1808 como decisiva para el proceso que se inicia, hay que preguntarse respecto a las formas de gobierno que comenzaron a darse. ¿Cuánto tenían de tradicional?, ¿cuánto de revolucionario?, ¿cuánto de moderno? Y, específicamente, si los líderes del juntismo eran revolucionarios, teniendo en cuenta que muchos de ellos estaban de acuerdo con la tradición monárquica española. En este punto, la remisión a la cuestión de la soberanía es esencial porque entre la asunción de la soberanía como depósito o como atributo esencial existe una trascendental diferencia. Como depósito implica tutelar, usar, administrar, pero, de ninguna manera, alterar el orden existente; en cambio, como atributo implica que el pueblo o la nación la asume; por consiguiente, la antigua forma de gobierno es desposeída y se le atribuye a un nuevo actor político que está posibilitado para construir un nuevo orden; para alcanzarlo el camino es la revolución.

Por un lado, se aprecia que el retorno del poder al pueblo proviene de las más tradicionales concepciones de la monarquía y la actuación de las juntas se aproxima más a esa interpretación tradicional que a lo ocurrido en la Revolución francesa. En un comienzo, el juntismo americano emite y difunde, con un lenguaje legal, declaraciones de autonomía y no de independencia, manteniendo su dependencia de la metrópoli. Con ese propósito los americanos se remiten al mismo conjunto de nociones político-constitucionales que los propios españoles utilizan para justificar su actuación, pero que éstos les niegan, reprimiendo sus intentos de constituir gobiernos locales a semejanza de lo hecho en España.

Por otro, la propia dinámica de los acontecimientos conduce a las independencias, una dinámica que incluye los tiempos que cada sociedad tiene de entender y hacer la política. En los comienzos, la incertidumbre respecto al futuro de la monarquía es un factor determinante para sostener la posición autonomista. La rapidez con que se suceden los acontecimientos y las audaces decisiones que los «españoles americanos» toman, muchas veces con apoyo de peninsulares que se reconocen como americanos, conducen a que controlen las situaciones políticas derivadas de la crisis de la monarquía. Se percibe que el mundo se está invirtiendo, y este proceso no es para nada cómodo para la elite que busca readaptarse a los nuevos tiempos. La mayoría de los actores políticos brega por el logro de la mayor autonomía posible, mientras una pequeña parte de ellos está empeñada en independizarse. La cuestión es legitimar lo actuado, para lo cual, si el desenlace debía ser la recuperación del trono por Fernando VII, un argumento válido es el de la «representación» de la soberanía del monarca. Por otra parte, el control de la situación local posibilita la toma de decisiones, entre las que queda incluida la más significativa y relevante: la declaración de independencia.

¿En qué medida el proceso que se desencadena a partir de la crisis de la monarquía conduce a las independencias? Para ello no sólo hay que poner en la balanza de la historia los efectos que cada hecho produce, sino los proyectos, muchos de ellos contrapuestos entre sí, que se elaboran y tratan de concretarse en el marco de legitimar las emancipaciones y de alcanzar el tipo de independencia que se desea. Por supuesto que resulta difícil desentrañar el propósito inicial de los participantes en las independencias iberoamericanas y conjuntamente la forma de legitimar la conformación de los gobiernos locales. Hay que señalar que la historiografía relativa al lapso 1808-1810 ha tenido algunos contrapesos, sobre todo ha estado muy ceñida a detectar el grado de voluntad independentista de los actores políticos. Las actuales interpretaciones entienden que el proceso abierto por la crisis de la monarquía provoca la emergencia de un abanico de iniciativas entre las cuales la independencia total no es la única, ni tampoco, en las primeras etapas, un objetivo determinante de los acontecimientos.