Alejandro Pérez-Olivares García - Madrid cautivo

Más allá de su representación espacial, los planos extendían una representación de las raíces de la violencia franquista a partir del ecuador de la guerra, al vincular el conocimiento del espacio con su posterior dominio. Planos que definían, por otro lado, el poder que iba a ser ejercido tras la ocupación. Una cuestión si cabe más importante al pensar el contexto de 1938 como el de un Estado en formación, en el que se estaban dirimiendo los fundamentos del orden que se iba a imponer en la posguerra. 27 Los sectores en que quedaban divididas las ciudades coincidían con los distritos, las divisiones administrativas tradicionales para facilitar las labores de control y coordinación (imagen 1.3).

De este modo, el cambio que se aprecia al comparar estas instrucciones con las de 1936 es fundamental. La comisaría, un espacio del poder puramente civil, dejaba de ser el eje del control urbano en favor del sector, dirigido por un militar. Antes de comenzar el asedio de Madrid la estrategia básica de control era desembarcar en las instituciones existentes. Dos años después habían cambiado muchas cosas, entre otras, el tipo de guerra que se llevaba a cabo y su finalidad. Las grandes ciudades pasarían a ser grandes núcleos militarizados a efectos de diseño e iniciativa, en los cuales los jefes de sector eran militares y a su cargo tenían un batallón de orden público (tabla 1.5). Este paisaje urbano militarizado era la expresión en el espacio del modelo de orden público pensado entre 1937 y 1938 por las autoridades franquistas. Desde el exterior de la ciudad, con los controles de carretera, al interior de esta, con los distritos controlados por batallones de orden público, la capital quedaría completamente en manos del Ejército.

IMAGEN 1.3

Fuente : AGMAV, Caja 2552, Carpeta 48, f. 1.

Un control que se proyectaba hacia los propios barrios, apuntando a los espacios mínimos de sociabilidad. La presencia civil en la orientación de la ciudad quedaba apartada en favor de la primacía castrense, que también se expresaba en los servicios para gestionar la ciudad tras la ocupación (Egoz y Williams, 2010).

TABLA 1.5

Fuente : AGMAV, Caja 2552, Carpetas 43 y 44. Elaboración propia.

El cambio respecto al otoño de 1936 era notable. Desde el punto de vista de la autoridad militar, el jefe de los servicios ya no era un comandante, sino un coronel, lo que mostraba la cantidad de tropas encuadradas. Sin embargo, lo que destacaba era el salto cualitativo respecto a la consideración de la ciudad, con una gestión militarizada de la vida cotidiana, fundamentalmente los transportes, el abastecimiento y la sanidad. El SIPM conocía bastante fielmente las condiciones de la retaguardia madrileña, y a través de él el Cuartel General de Franco. Era lógico mantener también el máximo cuidado en ese aspecto de la ocupación, vital, según las autoridades castrenses, para mantener el control de la ciudad. No solo se abandonaba el desembarco de la Milicia en las instituciones existentes, la opción de 1936, sino que autoridades civiles de primer orden como el Ayuntamiento y la Diputación eran nombradas por los militares. En cuerpos considerados clave, como Justicia, Correos y Telégrafos o Abastecimientos, el protagonismo castrense era incuestionable, y la preocupación del Estado Mayor llegaba hasta la recogida de basuras, bajo control de los jefes de sector (tabla 1.6). Era, sin duda, la concepción de una ciudad militarizada.

TABLA 1.6

Fuente : AGMAV, Caja 2552, Carpeta 44. Elaboración propia.

De la lista destacan dos aspectos: la primacía militar y el carácter técnico de muchos de los elegidos. De los 28 cargos nombrados tras la reorganización de julio, 16 eran militares, el 57 % del total. En el caso de la gestión de aguas, el ayudante de Rodríguez-Borlado, José González Vázquez, provenía de la Confederación Hidrográfica del Duero. Los responsables de Prensa y Propaganda, Jiménez Arnau y Ridruejo, procedían directamente de la Delegación del Ministerio de Interior. José Alberto Palanca, responsable de Sanidad, había colaborado previamente en el Instituto Provincial de Higiene de Valladolid, y Javier Martínez de Bedoya, jefe de Beneficencia, había sido miembro de la Diputación Provincial en la misma ciudad. Franco apostaba por un perfil experimentado, preocupado por la gestión del orden público militarizado y las necesidades cotidianas.

Lo que quedaba claro es que la información procedente de los servicios de inteligencia había modificado los planes de ocupación. Los asaltantes conocían cada vez mejor la ciudad, sus estrecheces y las futuras necesidades tras la ocupación. En paralelo a su creación oficial, el Servicio de Recuperación de Documentos comenzó a elaborar una agenda de informantes de cara a preparar lo que veían como una tarea ingente. Así, en Salamanca, alrededor de Marcelino de Ulibarri, se fue reuniendo un grupo de personas que, por haber residido en Madrid, tener negocios o familiares allí y, por supuesto, comulgar con los principios de la sublevación, pasaron a colaborar con el Servicio. Había desaparecido la OIPA, pero durante todo un mes, entre el 9 de abril y el 24 de mayo, Ulibarri se aprovechó de sus conocimientos para elaborar una lista de domicilios que debían ser registrados y de personas de confianza a los que encargar labores auxiliares. Era el caso, por ejemplo, de José Luis Mañes. Natural de Madrid y vecino de la calle Goya 58, tenía 48 años y era jefe del Cuerpo de Correos. Ulibarri tenía gran interés en reclutar perfiles muy concretos, aquellos que mejor pudieran captar la complejidad de controlar una ciudad. Pero los intereses también procedían de esos rostros anónimos que colaboraron con el Servicio. Matilde Carbonell llegó a entregar su tarjeta personal, donde indicaba que vivió en el paseo de Eduardo Dato 27, 1.º A, con la siguiente declaración: «Desea que de esta casa se incaute D. Marcelino Ulibarri. Está encargada de vigilar este piso D.ª Lola Miranda de Olivares que vive en Mayor 10, 2.º». José Durán aportó datos sobre los ficheros de la Dirección General de Seguridad. Enrique Sánchez, bibliotecario, podía «ser un buen informante». Pedro Ara, catedrático de la Universidad Central, sabía inglés y francés. Enrique Pina, por su parte, era «camisa vieja», miembro de Falange desde su fundación en 1933. 30 Desde entonces, «su» ciudad, cargada de experiencias pasadas y lugares vividos, repleta tanto de posibles colaboradores como de adversarios, pasó a formar parte de la ciudad imaginada por los ocupantes. Diferentes especies de espacios que conformaron su imaginación. Tan solo quedaban unos meses para que se convirtiera en realidad.